Siempre el acaparamiento, la adulteración de precios y el engaño al consumidor —trampas para esquilmarlo— devienen hechos inadmisibles, pero peores todavía, si cabe, cuando afloran tras un desastre como el ocasionado por el huracán Irma.
Más indignante aún resulta comprobar que estos, afianzados en la plantilla de la cogioca, tampoco respetan a los afectados por el fenómeno atmosférico. ¡Qué desconsiderados! Hubo infracciones, paradas de cuajo, hasta en comunidades perjudicadas directamente por el evento meteorológico.
Si no prosperaron más los señores del coge coge, siempre prestos a meter la mano y hasta el cuerpo, fue debido al desempeño de los inspectores de la Dirección Integral de Supervisión.
Primero explicaron en los mercados de oferta y demanda que no se podían subir los precios a los productos agropecuarios, y también lo hicieron en los más importantes del sector estatal, por si acaso, con el ánimo de prevenir.
Después se movieron rápido. Del 13 al 26 de septiembre último realizaron en la provincia de Villa Clara 1 162 acciones de inspección, que permitieron hacer alertas para evitar males mayores, además de corregir de manera tajante. ¿Resultados? Imposición de 648 multas por un valor de 73 125 pesos.
¿Qué detectaron? Las añejísimas mañas de cobrar más de lo establecido o entregar menos, incumplir normas técnicas en la elaboración de productos, o tener sobrantes de mercancías, signo incuestionable de que se las sustrajeron en la balanza al consumidor.
Pero hubo más: impusieron multas por tener mercancías guardadas en los almacenes y sin estar, como corresponde, puestas a la venta, como detergente, jabón, salchichas, aceite, cervezas… y por comercializar productos a determinadas personas por detrás de las tiendas.
Tampoco faltaron las actas de advertencia y sanciones por faltantes de recursos materiales en almacenes, entre otras irregularidades cometidas por transgresores, causantes de molestias y que empañan, vale reconocerlo, el desempeño de un sector que también se volcó a garantizar servicios vitales a la población.
La sistematicidad en el control donde haya oferta, mayor en los mercados más grandes, es imprescindible; también el reclamo inmediato de los clientes cuando olfateen que les están dando gato por liebre, porque son los primeros que deben exigir por su derecho.
Los inspectores tampoco pueden estar a toda hora y en todos los lugares, y las propias infracciones que detectan revelan las rajaduras del sistema de control interno de las unidades comercializadoras. ¿Dónde estaban los responsables cuando se cometían los quebrantos? Si algo resulta seguro, segurísimo, es que Irma no se los llevó.
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