En los avatares del pueblo con no pocos organismos y entidades, en esa madeja de inconformidades y reclamaciones, de algunos peloteos y angustias, se encuentra una modalidad que —a fin de cuentas y como se dice por la calle— es una manera sutil de dar un esquinazo. Nos referimos al maltrato «educado».
El lector se preguntará cómo se puede ubicar en la franja de la urbanidad algo que lacera a un individuo. «Esa es una contradicción, una obviedad: al final se es o no se es», diría cualquiera rememorando al príncipe Hamlet en el drama de William Shakespeare.
No obstante, junto al típico ultraje se erige su hermano mellizo, ese en el que se despliega un comportamiento sofisticado, con ademanes correctos, de cierta caballerosidad; a lo mejor hasta aparece una sonrisa afable o, cuando menos, cortés, y en el que el ciudadano sale medio convencido o vencido del todo por el supuesto buen trato que le dieron.
Pero al final, cuando se observan las esencias y se descubre que el problema sigue igual, ante la vista aparecen las mismas intenciones: ocultar irregularidades con apariencias de que todo anda bien y dejar las cosas como están, en el peor de los casos. O abrazar un «justificacionismo» en el que la institución tiene todas las razones y el ciudadano no tiene ninguna o posee poca o «no comprende, caramba, la situación que vive el país y tiene nuestro organismo».
Entre los fenómenos que laceran en grande la institucionalidad de Cuba se encuentra, precisamente, esa relación entre las entidades del Estado y la ciudadanía, en los cuales no siempre los criterios de la población son tomados en cuenta con el compromiso que se debiera. No en balde, la máxima dirección del país ha exigido en los últimos años y con bastante fuerza atender esas inquietudes con toda la responsabilidad que ellas implican.
Ante el carácter de la exigencia se ha visto una dualidad. Por un lado, organismos que han convertido el intercambio con la población en un elemento de peso —aun con todas las dificultades que puedan presentar— y en otros —o en instancias dentro de estos—, donde las justificaciones se despojaron del enfrentamiento directo para adoptar formas educadas.
resulta que este no es un asunto de segunda mano. Entre otros factores, el Estado cubano se apoya en los valores éticos que han sustentado a la Revolución, la cual ha tenido entre sus premisas fundamentales el vínculo directo y honesto con la población. Como se ha insistido en no pocas ocasiones, el proceso iniciado en 1959 surgió por y para el pueblo, en especial para servir a las capas más humildes y vulnerables de la ciudadanía.
Por eso, por violentar los principios básicos de la sociedad cubana actual, diferentes tipos de desatenciones en las entidades estatales devienen hechos que laceran la confianza de la población en el Estado y la Revolución.
No obviamos, con esto, las complejidades que implica atender a la ciudadanía. Sobre todo cuando en muchas respuestas pesa la acumulación de problemas no resueltos debido a las carencias económicas, e incluso por la deshonestidad de ciertas personas, que se acercan a los organismos estatales y políticos con el ánimo de hacer prevalecer sus razones por encima de los demás.
Solo que al lado de esos ejemplos se encuentran los otros. El de las personas honestas, el del ciudadano sencillo y común, que muchas veces se dirige a las instituciones en busca de ayuda porque ya no sabe adónde dirigirse y que, aun cuando su problema no pueda solucionarse de inmediato, agradece el trato correcto basado en la sinceridad y apoyo. Y nos preguntamos: ¿cuesta mucho darlo? Por más que se diga, nuestra respuesta es una. No, al final no cuesta tanto.
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