Entre lo moral, lo legal y lo legítimo se decide mucho de lo que aspira hoy la sociedad cubana. Emergiendo de una crisis que repercute en toda su estructura social e institucional, el país tiene ante sí el desafío de recomponer su tejido material y ético, su soporte simbólico.
Uno podría interrogarse, como lo hizo Raúl en la clausura de la última sesión parlamentaria: ¿Cómo es posible que en un Estado, que por mandato constitucional y vocación revolucionaria y socialista, representa los intereses populares, una parte de la sociedad haya pasado a ver normal el robo a esa misma institución?
La pregunta es dura para un país que fundó una Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, como advirtió el Presidente cubano al describir otros males que hoy nos acechan, pero más rudas podrían ser las consecuencias de ignorarla.
No podemos olvidar que no faltan quienes, desde las filas contrarias a la Revolución, o incluso para intentar defender las rectificaciones y transformaciones actuales, intentan levantar con sus discursos y sus actos un extraño muro entre los intereses de los trabajadores y los ciudadanos, con los del Estado que estos eligieron para representar la soberanía de sus intereses y los de su país.
Al pensar en estos temas viene a la memoria la observación de un lector al comentario En derecho, en revés, publicado en una edición dominical de nuestro diario. Este argumentaba que cualquier ciudadano en Cuba puede verse tentado en algún momento a violar algunas de las leyes vigentes, para solventar necesidades cotidianas.
El matiz, expuesto en el espacio abierto en la edición digital del diario, subrayaba que cuando tenemos múltiples necesidades esenciales que no podemos satisfacer dentro de los marcos de legalidad vigente, cruzamos sus fronteras imaginarias e incurrimos en delitos.
A continuación relataba que son muchos los cubanos que han comprado alguna vez un objeto o producto deficitario, desviado de alguna institución estatal, para resolver algún problema perentorio. Ese delito se cataloga como «receptación» en nuestros códigos...
Estudiosos nos han recordado más de una vez la contradicción presente en nuestra sociedad entre lo legal, en tanto cuerpo normativo institucionalmente determinado, y lo legítimo, visto como determinadas actitudes cotidianas de los ciudadanos ante las carencias.
Por ello es tan importante que la actualización económica y social en marcha permita superar asunto tan delicado, que erosiona el espíritu cívico y hasta de cierta manera la gobernabilidad, como señalan analistas.
Así lo ratificaba un encuentro en el Polo de las Ciencias Sociales, donde se analizaron los resultados de una indagación del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, que valoró los resultados de la estrategia de comunicación para el fortalecimiento de la cultura jurídica de la población, a partir de la percepción social.
En la investigación, como apunté en otro momento, se revelan los déficits que persisten en este campo, y los riesgos que ello implica para Cuba y su proceso político, porque, como se advirtió en el encuentro, el Derecho es transversal, y por tanto atraviesa todo.
Ya en otros temas, en los debates de ese evento del Polo de las Ciencias Sociales se abundó en lo necesario de hacer más énfasis en los derechos que en las prohibiciones, en la urgencia de revisar lo legislado o decretado que entorpece los proyectos de actualización económica y social del país, o hasta en quienes deberían ostentar facultades para adoptar determinadas decisiones de contenido legal.
La república moral, en el sentido martiano, que nos hemos propuesto, no puede continuar —distorsionada por los desajustes— favoreciendo un escenario donde los ciudadanos lleven dos vidas paralelas contrapuestas: una pública y una privada. Mucho menos continuar situándolo en contradicción con los valores que como pueblo hemos promulgado.
En el país armonioso entre aporte social, ingresos y bienestar que buscamos cristalizar con la propuesta nacida de los debates del VI Congreso del Partido, las leyes deben ser tales que se puedan hacer cumplir, como nos recuerda Montesquieu.
Y como en tiempos de refundación hay que volver a los iniciadores, nunca debemos ignorar que lo legal por sí solo no alcanza. Félix Varela sostenía que «no hay duda que las instituciones políticas y las leyes civiles sirven de protección y de estímulo, pero no bastan para consolidar los pueblos; antes son como los vestidos, que protegen el cuerpo y le libra de la intemperie, mas si está corrompido no pueden sanarlo. Una prudencia social, fruto de la moralidad y de la ilustración, es el verdadero apoyo de los sistemas y las leyes...»
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