¿Quién los autoriza? ¿Quién aparenta ceguera ante su existencia? ¿Quién pretende fingir que no están? ¿Quién está facultado para erradicarlos y no lo hace? ¿Cómo se abastecen en una cadena de suministros aparentemente restringida y controlada? ¡Cuántas preguntas!
Pero siguen ahí, en cualquier esquina, en un punto fijo, o ambulantes, en espacios visibles, o semiescondidos, hasta en puestos de venta de libros. Nada ni nadie parece contradecirlos.
¿Cómo pudieran catalogarse? Si le preguntas, recitan de memoria la Gaceta Oficial de la República de Cuba del 7 de septiembre del 2011. Entre otros tantos oficios, escuchas: «Soy productor-vendedor de accesorios de goma»; «productor-vendedor de artículos de alfarería»; «productorvendedor de artículos de fundición no ferrosa»; «productor-vendedor de bisutería de metal»; «productor-vendedor de artículos varios de uso en el hogar»; «productor-vendedor de artículos de aluminio».
Algunos pudieran hasta justificar con fidelidad la licencia por cuenta propia que poseen; otros, son lo que son: revendedores. O bueno, a menos que hayan viajado a Taiwán, China, Japón, Colombia, Venezuela o Ecuador a «producir» las mercancías que comercializan.
Artículos para el cabello, implementos de maquillaje, accesorios femeninos, productos del hogar, útiles escolares y de higiene personal, implementos de incuestionable manufactura industrial, «de todo como en botica» se encuentra en puntos de venta particulares, ya sea en espacios fijos o ambulantes, muestra fidedigna de un evidente trasiego desde la red de tiendas minoristas y de una importación de mercancías, en los viajes personales, con ánimos de lucro.
¿Quién controla a quienes «producen» a un precio triplicado del original? ¿Cómo hacer cumplir la ley para quienes, evidentemente, fungen como segundas y terceras «manos» de artículos, a veces de imprescindible adquisición? ¿Cómo evitar los denominados «acaparadores», ante la rebaja de productos o la venta de algunos con escasa presencia en las instalaciones comercializadoras estatales?
Los factores conforman una gama variada y enrevesada: ineficiente control de las instituciones a las que corresponde velar por la venta de sus mercancías y así evitar la especulación; premura de la ciudadanía por adquirir artículos solo presentes en estos sitios de reventa; altos precios, cuestionable calidad y desabastecimiento de algunos productos expendidos en las tiendas recaudadoras de divisa, que convierten a los puntos con ventas de productos traídos desde otros países en los equipajes personales en un espacio único para satisfacer gustos y necesidades. Y estos son algunos ejemplos, la madeja puede desenredarse aun más.
Lo incuestionable: quien paga los platos rotos, sin haber tirado la loza al suelo, continúa siendo el pueblo. No puede ser entonces que, porque sí, le «regale» el doble de lo que cuesta un producto a quien solo tiene el «mérito» de saber qué oferta hará que un trabajador pague lo que sea por obtener tal o más cual implemento para el hogar o de higiene personal.
Y no estamos desestimando, de esta manera, la pluralidad de opciones originadas desde el cuentapropismo, pero siempre que provengan del modo en que son denominadas: «producidos por cuenta propia». Las mercancías estatales son derecho de todos, no solo de aquellos con los contactos necesarios, un horario flexible y bolsillo abultado para acaparar y luego revender. Y la ley debe fungir como tal, para eso está estipulada y necesita ser cumplida. De lo contrario, se mantiene el mercadeo ilegal y «consentido».
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