Aunque predicó mucho como pastor protestante que ha sido desde que tenía 17 años —¡qué dualidad tan sorprendente, clérigo y represor!— , una frase del ex dictador guatemalteco ha pasado a los anales de la historia: «Vamos a matar… pero no a asesinar»... Quizá presumiera que ciertos crímenes estuvieron «justificados». Con tal anuncio, el entonces general Efraín Ríos Montt proclamaba a los cuatro vientos que no le temblarían el puño ni la voz para ordenar los más terribles asesinatos en la Guatemala de marzo de 1982 a agosto de 1983 —tiempo que duro su régimen de facto.
No constituyeron actos sobre personas escogidas, sino matanzas colectivas; una limpieza contrainsurgente con el fin de quitarle base social a la guerrilla, y mediante la cual el ejército y los paramilitares practicaron un exterminio tan brutal, que se le bautizó como la política de tierra arrasada.
Desde el año 2000, familiares de decenas de miles de víctimas que dejo la represión desde los años de 1960, y que se hizo mucho más feroz en los tiempos de Ríos Montt, esperaban el momento de que se hiciera justicia. A pesar de que formalmente se le acusa del asesinato de 1 771 indígenas de la etnia ixil; al menos 11 matanzas masivas, más de 1 400 mujeres violadas y 29 000 desplazados, sus crímenes tienen que ser muchos más, pues se imputa ante las cortes solo lo que se puede probar…
Parecía que la verdad vería al fin la luz, después de una larga espera donde los guatemaltecos debieron padecer hasta verlo sentado en el Parlamento, adonde llegó no por el voto del pueblo, sino gracias al triunfo legislativo de su partido, el Frente Republicano Guatemalteco, en 1994, lo que le convirtió en titular del Parlamento hasta 1996, y lo proveyó de inmunidad parlamentaria. Después quiso aspirar a la presidencia pero las leyes se lo prohibieron por ser un ex dictador.
El 10 de mayo, un tribunal lo condenó a 80 años de prisión. Pero la sentencia acaba de ser echada atrás por el Tribunal Constitucional: una decisión que no pocos adjudican a las amenazas vertidas por paramilitares de antaño reunidos ahora en la Asociación de veteranos militares de Guatemala (Avemilgua), quienes dijeron que paralizarían al país.
Son los antiguos miembros de las tétricas Patrullas de Autodefensa Civil, esas que fundó Ríos Montt y que pasaban por los campos «limpiando». También bajo su mando se crearon las llamadas aldeas modelo, una suerte de campos de concentración copiados al nazismo.
Su ejecutoria se inscribió perfectamente en los planes fraguados en la época por la administración estadounidense de Ronald Reagan para «pacificar» a la insurgente Centroamérica.
El temor que al parecer causan aún ahora los ex miembros de las Patrullas, habla mejor que ningún fiscal del terror impuesto por un hombre que con frecuencia es recordado por sus arranques mesiánicos, y por la jactancia con que reforzó la mano dura.
En verdad, cualquier condena es necesaria para resarcir la moral de los deudos de las víctimas y para que la gente no vuelva a temer, como lo hace ahora, ante la impunidad. Pero ni siquiera 80 años de condena pagan el daño que Efraín Ríos Montt hizo a la sociedad guatemalteca.
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