Muchos se aprovechan hasta la saciedad de esa falta de persistencia para eliminar —o al menos mantener en una baja prevalencia— ciertas conductas enraizadas que, sin constituir un delito, causan malestar y enrarecen la cotidiana existencia.
Esa realidad se resume en una frase, acuñada en la tribuna de la calle, de que «ahorita se cansan y todo vuelve a la normalidad», en referencia a la presión contra determinadas indisciplinas que, muchas veces, ejercen de manera circunstancial determinados actores institucionales.
Sobre el particular podría ilustrar con un amplio muestrario de problemas de añejo cuño, aunque vigentes, como el de esos choferes que dejan varados en las carreteras o calles a personas que necesitan trasladarse, a pesar de contar con capacidad en los vehículos y conocer que su gesto solidario puede resultar decisivo para que aquellos lleguen a su destino.
Entre ellos los hay de una osadía despampanante, que dejan con la mano levantada incluso a los inspectores conocidos como «amarillos» —sabido es el rol que desempeñan para que más gente se traslade a partir, sobre todo, de la comprensión de los conductores— y luego tratan de justificar su decisión de no llevar a nadie.
Lo nuevo en el enfrentamiento a ese fenómeno en una provincia como Villa Clara está en que ante las quejas de la población, el periódico territorial Vanguardia, en coordinación con la Dirección de Transporte, mantiene una campaña pública desde el 2010 para ayudar a revertir la situación.
De entonces a la fecha se publica cada semana el número de las chapas de vehículos cuyos choferes no se detienen en los puntos de recogida y a qué empresa u organismo pertenecen.
Al principio los infractores totalizaban entre 90 y cien, mientras que ahora los automotores que pasan de largo, sin detenerse en el punto, y son reportados por los «amarillos» suman unos diez, por lo general, cada semana.
Luego del señalamiento moral que en sí mismo significa la denuncia pública, las administraciones —según el organismo que corresponda— valoran cada caso y, si lo consideran, aplican sanciones administrativas. Estas consisten en el traslado para un puesto de trabajo de menor categoría por determinado tiempo, o separación definitiva si son reincidentes.
Solo así se han logrado atenuar esas manifestaciones de falta de solidaridad con el prójimo, tan imprescindible en estos momentos por la situación deficitaria de los medios de transporte.
Aunque a algún perspicaz le puede parecer una minucia, el seguimiento a este tema demuestra el incuestionable y vital valor de ejercer el control —más allá del llamado a la conciencia— con el mazo dando.
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