¿Cuántas redes de narcotráfico ha ayudado a desarticular Estados Unidos en Latinoamérica? La fácil respuesta —«¡ninguna!»— grafica, apenas en una de sus aristas, los motivos detrás de la decisión que acaba de adoptar la UNASUR.
Al reciente nacimiento de su Consejo de Defensa —todavía probando capacidades frente al veleidoso pacto con que Colombia abre los cerrojos de sus bases a los militares yanquis— se sumó la reciente puesta en marcha del Banco del Sur, que ya tiene sus primeros fondos y proveerá al concierto regional de créditos que sirvan a su desarrollo.
Dos semanas después, la noticia apunta también a la institucionalización del bloque y no puede ser más relevante: los ministros de Seguridad de la Unión Sudamericana de Naciones han acordado conformar un Consejo de lucha contra el narcotráfico que deberá estar listo para diciembre y, entre otras misiones, hará prevalecer que «los operativos en áreas fronterizas se realicen mediante acuerdos binacionales», según comentó el ministro de Gobierno de Bolivia, Alfredo Rada.
Tal propósito —que a un lector común podría decirle poco—, significaría, a largo plazo, una estocada mortal a la injerencista cruzada yanqui que, desde hace más de 25 años dicta sanciones, impone políticas y envía soldados y asesores bajo el pretexto de enfrentar el sucio y lucrativo negocio.
La erradicación forzosa de cultivos que son el sustento de decenas de miles de familias campesinas, las fumigaciones masivas con sustancias tóxicas y el sobrevuelo de helicópteros facultados para interferir algún vuelo «sospechoso» en virtud de los acuerdos de interdicción, son apenas algunas de las agresiones que han sufrido las soberanías de los países conosureños —principalmente los andinos— en virtud de un falaz combate que Washington usa básicamente como pantalla para la injerencia. Y lo peor es que lo militarizó.
Pero la cruzada estadounidense también ha sido una mampara para «castigar» a los desobedientes. No debe sorprender entonces que, en este hemisferio, Venezuela y Bolivia hayan sido colocados otra vez en la lista de países que «no cumplen» a pesar de sus contribuciones reales en esa lucha. Y es que ni Caracas ni La Paz han aceptado el recetario yanqui. Al «descertificarlos», Washington no solo los sataniza; además, crea espacios para justificar eventuales acciones.
Pero el suceso que mejor ilustra para qué EE.UU. quiere su cruzada, es el cuestionado acuerdo que acaba de fraguar con Bogotá: el narcotráfico constituye también la «razón» argüida por Washington para que Latinoamérica acepte las potestades de que gozarán sus militares y equipos de vigilancia, amenazando a Latinoamérica y a otros lugares lejanos desde Colombia. Por eso resulta tan oportuna y atinada la decisión de UNASUR. Si Sudamérica hace valer sus propias políticas, no solo será más adulta. También cerrará otra puerta a la intervención.
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