Si del tema del Sahara Occidental se trata, la amnesia está de parranda por estos días en ciertas capitales europeas, mientras, al sur, la monarquía marroquí sigue desoyendo la posición de la ONU, de que «Marruecos no figura como la potencia administradora del Territorio (saharauí) en la lista de las Naciones Unidas de territorios no autónomos», y obstaculizando el plan de ese organismo para realizar un referéndum de autodeterminación.
Por eso, de tanta demora, a algunos se les ha olvidado que Marruecos viola el derecho internacional al regir el Sahara Occidental, y que esa zona es, con todas sus letras, una colonia en pleno siglo XXI.
Así, el rey marroquí, Mohammed VI, ratificó en días pasados un acuerdo con la Unión Europea para la explotación de recursos pesqueros en áreas saharauíes. Es, literalmente, ponerle precio al patio de un vecino, sin consultárselo, y sumado, quedarse con toda la ganancia.
Tenemos pues que 119 buques europeos podrán capturar 60 000 toneladas de peces en las costas del Sahara Occidental, a cambio de entregar a Rabat más de 40 millones de euros anuales, durante cuatro años.
¿No hay una grave violación en esto? La ONU dice que Marruecos no tiene potestad alguna sobre territorio saharauí, y la UE acuerda con el monarca alauita precisamente aprovecharse de las riquezas de ese territorio. ¿Dónde está el derecho? ¿Acaso el viento lo sepultó bajo una duna?
Otra muestra de sordera la dio el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank Walter Steinmeier, el 27 de febrero, cuando aludió a un nuevo «plan de autonomía» que presentará Marruecos dentro de unos días al Consejo de Seguridad de la ONU, buscando esquivar la independencia.
Al referirse a ese texto —que ya el presidente francés Jacques Chirac tildó de «muy constructivo»—, el titular de la diplomacia germana alabó «la iniciativa de dar lugar a progresos en un conflicto que ha sido bloqueado durante muchos años». Mas, ¿de qué «progresos» habla? El plan marroquí dispone que el Sahara posea gobierno, parlamento y poder judicial «autónomos», pero sujetos a Rabat, a la manera en que las comunidades españolas se supeditan al gobierno central en Madrid. ¿Es ese el «avance» que ha demandado la comunidad internacional desde 1976?
Para todas estas «euroveleidades», la recién concluida Conferencia Internacional de Solidaridad con el Pueblo Saharauí, efectuada en Tifariti, territorio liberado, tuvo respuestas en su declaración final. A Francia, se le exigió que mejor «utilice su influencia para lograr la cooperación de Marruecos con la ONU»; a España, la ex metrópoli que hoy sigue haciendo generosas entregas de armas a Rabat, que «asuma sus responsabilidades políticas, jurídicas, históricas y éticas», y a la UE en general, que abrogue el ilegal acuerdo de pesca y «actúe sin dilación contra la violación de los derechos humanos» en tierra saharauí.
Si en Bruselas, como dicen, aman la justicia, ¿qué mejor ocasión que esta para ejercerla? ¿Alguien se anima?
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