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BOGOTÁ/LA PAZ, septiembre 16.— Colombia y Bolivia repudiaron la política antinarcóticos de Estados Unidos y, como parte de ella, la llamada «descertificación», cuyo carácter sesgado y politizado fue denunciado por ambas naciones.
En un comunicado, el Departamento de Estado dio a conocer este lunes el habitual informe con el que regularmente Washington se arroga el derecho de determinar qué países cooperan y cuáles no en la lucha contra el narcotráfico.
Bolivia y Colombia junto a Afganistán, Myanmar y, obviamente, Venezuela, contra la que la Casa Blanca ha desatado una campaña mediática y militar feroz a tenor de presuntos e inexistentes vínculos con el flagelo, fueron descertificados.
Es decir, Washington les negó la certificación de que cooperan contra el mal, por lo cual dejarían de recibir apoyo financiero para ese propósito, entre otras consecuencias.
Sin embargo, un permiso especial permitirá que Colombia siga recibiendo ese respaldo, aunque con requisitos. Según dijo la Casa Blanca, la colaboración de ese país es vital para los intereses nacionales de EE. UU.
En tal sentido, el presidente colombiano, Gustavo Petro, replicó que el informe desconoce los logros históricos y medibles alcanzados por su patria en los últimos tres años, en tanto su Cancillería subrayó que la decisión, amparada en la Sección 490 de la Ley de Asistencia Exterior, no solo es ambigua, sino que también omite los sacrificios del pueblo colombiano, que ha pagado un precio muy alto en vidas para proteger la seguridad hemisférica.
El Ministerio colombiano de Exterior apuntó que, durante 2024, las autoridades incautaron 884 toneladas métricas de cocaína y destruyeron 5 242 instalaciones de procesamiento, lo que impidió que más de 750 millones de dosis llegaran a las calles de las principales ciudades estadounidenses.
Además, entre otros logros, señalaron que la Armada nacional fue responsable del 65 por ciento de las incautaciones globales de cocaína. El 85 por ciento de la inteligencia utilizada por la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur, clave en la operación Orión, provino de la cooperación entre ambos países.
Por su parte, la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Yolanda Villavicencio, aseguró que «el señalamiento a Colombia “como un país que fracasó” en la lucha antidrogas es una decisión política y sesgada».
Petro se refirió al informe como una oportunidad para que Colombia ponga fin a su dependencia de la política antinarcóticos estadounidense, al argumentar que la «descertificación» marca el final de la presión para la sustitución forzada de cultivos y la dependencia de las Fuerzas Armadas de su país del armamento estadounidense.
También señaló que la política de fumigación forzada, impulsada por Washington, ha fracasado, y que el verdadero problema radica en la demanda de cocaína en Estados Unidos y Europa, no en la producción colombiana.
También el Gobierno boliviano rechazó el informe, que criticó por unilateral y sesgado, y recordó que la entidad acreditada para evaluar la política antidrogas es la ONU, y no Estados Unidos.
El Departamento de Estado consideró que el ejecutivo boliviano había tomado medidas positivas como el incremento de incautaciones de cocaína y la cooperación en casos judiciales, incluyendo la extradición del exjefe antidrogas Maximiliano Dávila.
Pero las autoridades bolivianas replicaron que, pese a ello, Washington debió admitir otros avances concretos.
Mientras, la Casa Blanca sigue intentando justificar su despliegue en el Caribe y reitera las amenazas contra Venezuela, al declarar que habría abatido a una supuesta tercera embarcación con drogas.
Luego de investigaciones que siguieron a denuncias de familiares, Caracas dio a conocer que la primera embarcación hundida por los marines desplegados en el Caribe era de pescadores.
