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Una firma puede enmendar la injusticia

Nuevas voces conminan a Washington a excluir a la Isla de la listade Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo: un cerrojo adicional al bloqueo, que también debe ser descorrido

Autor:

Marina Menéndez Quintero

Cientos, miles de voces en el mundo se han pronunciado contra la injusticia de mantener a Cuba en la mentirosa lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo.

Lo han exigido asociaciones solidarias, grupos religiosos, foros económicos regionales, altos funcionarios de Naciones Unidas y hasta congresistas estadounidenses, así como decenas de dignatarios que han subido al podio de la Asamblea General a argumentar por qué votan contra el bloqueo —la primera y más fuerte amarra contra la economía de nuestro país y, por tanto, la fundamental responsable de nuestras penurias. Una guerra económica reforzada, precisamente, por la arbitraria denominación adjudicada a la Isla.

La presencia en esa relación además, y únicamente, de la República Popular Democrática de Corea, Irán, Siria y Venezuela, demuestra que se trata de un mecanismo con fines políticos para facilitar a Washington la implementación de su geoestrategia mediante la fustigación, hasta la pretendida asfixia, de los países que por su modelo económico y social, y porque obstaculizan la materialización de la hegemonía estadounidense, le resultan incómodos.

En el caso cubano, estar en el listado justifica la aplicación de medidas punitivas adicionales a las que conforman el bloqueo, como modo de impedir al Estado —con la lógica repercusión sobre sus ciudadanos— el más mínimo movimiento en el contexto financiero internacional, lo que, obviamente, obstaculiza también el más mínimo movimiento comercial.  

No se trata solo de que se nos castigue a nosotros; es que, además, se maniata a los terceros que intenten violar las leoninas disposiciones estadounidenses mediante la coerción, al amenazarlos con restricciones y otras torceduras de brazo que les afectarían.

A los llamados realizados a la Casa Blanca para que se libere a Cuba de esa injusta y feroz amarra que se suma a la madeja de sanciones vigente hace más de 60 años, se adhirieron públicamente, hace tres días, una treintena de expresidentes de reconocido prestigio, por medio de una carta respetuosa, pero lo suficientemente argumentada, para conminar al presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, a que, antes de irse, saque a la Isla del listado. Su renuncia a ser candidato a la reelección le brinda ahora un resquicio para hacerlo, sin pensar en supuestos costos.

Intentar reincorporarnos después, otra vez, sería más difícil luego de reconocerse, como en 2015, la verdad —que Cuba no patrocina el terrorismo—, y derrumbada la mentira en que se apoyó Donald Trump, al vincular seis años después a la Isla con una arbitraria protección al grupo armado colombiano ELN, que negociaba la paz con su Gobierno en territorio cubano. Rotas las conversaciones por aquel ejecutivo, se pretendía que La Habana desconociera los protocolos suscritos para esa eventualidad, según los cuales el país de acogida no debería proceder a la extradición o entrega de los negociadores que estaban en su suelo.  

Ahora, el mensaje de los 35 expresidentes pudiera parecerse al que han hecho quienes les han antecedido con similar reclamo. Los argumentos son los mismos: Cuba no es un país promotor del terrorismo, y la denominación estadounidense que la tilda de tal es falaz, viola todos los preceptos internacionales, y está teniendo un impacto dramático en la vida nacional y en las personas.

Sin embargo, quizá el peso de tantas voces juntas, el prestigio y la credibilidad de esos exmandatarios, la solidez y racionalidad de sus posiciones y la coyuntura propicia para una decisión de esa naturaleza que significa el cercano fin del mandato de Biden, han dado a esta carta una visible repercusión mediática internacional que no debiera ser desconocida en Washington.

Entre las razones para pedirle que considere esa solicitud, las personalidades signatarias, procedentes de varios continentes y con distintas posiciones políticas, remarcan que «sin prueba alguna se sindica a Cuba de tener vínculos con actividades terroristas de las cuales ha sido víctima», y entre otros elementos reconoce que la injusta decisión de mantenerla en la lista viola las leyes internacionales y afecta, además, la Carta Universal de los Derechos Humanos «al impactar los sectores más vulnerables de la población cubana (…)».

Calificada por sus firmantes como «un mensaje evidente de humanismo y comprensión más allá de las legítimas diferencias ideológicas que no pueden ni debieran justificar obrar en contrario», el texto también evoca que durante el Gobierno de Barack Obama, del que Biden fue parte, se avanzó para el alivio de las sanciones y la normalización de relaciones diplomáticas; y apunta que Cuba y EE. UU. son dos vecinos «que no tienen por qué privarse de su mutua cooperación por el simple hecho de tener sistemas políticos con inspiraciones ideológicas distintas».

Durante la presentación del Informe actualizado que precede al debate, en la Asamblea General de la ONU, de la Resolución cubana que cada año demanda el fin del bloqueo con el apoyo casi unánime de la comunidad internacional, el canciller de la Isla, Bruno Rodríguez Parrilla, apuntó que basta solo con «firmar un papel» para sacar a Cuba del listado.

«Lo podrían hacer esta tarde, tienen todas las facultades ejecutivas; ya se hizo una vez. Podrían apelar a la decencia y honestidad, y volver a hacerlo», sugirió, para más adelante ratificar la disposición cubana al diálogo basado en el respeto mutuo, la igualdad soberana, la no injerencia, en pie de igualdad, y sobre bases de beneficio recíproco con cualquier Gobierno o presidente de Estados Unidos, siempre que sea un diálogo serio y responsable, para el que hemos estado dispuestos siempre, afirmó.

Ello resulta una aseveración a tener en cuenta por quien resulte electo en noviembre como nuevo ocupante de la Casa Blanca.

Ello, sin contar la oportunidad que sería para que Washington levante la moral de su cuestionada política internacional, y le otorgue la credibilidad que no tiene a su denominada lucha contra el terrorismo.  

En contante y sonante

Los perjuicios que la inclusión de Cuba en la lista causa a la economía nacional son palpables. Esa y otras medidas unilaterales, como las acciones interpuestas ante tribunales en virtud del título III de la Ley Helms-Burton; las sanciones o amenazas contra navieras, transportistas y aseguradoras o reaseguradoras relacionadas con el suministro de combustible, y la persecución a las transacciones financieras cubanas, se confirmaron en el año reciente como las de mayor severidad en su impacto negativo sobre la economía y la vida de los ciudadanos, recoge el Informe que Cuba presentará en la ONU.

En menos de dos meses a partir de su aplicación tras ser reincluido nuestro país en esa relación el 11 de enero de 2021 —Obama la había retirado en 2015—, más de 45 bancos de distintos países cerraron operaciones relacionadas con nuestro país, que perdió operadores transnacionales, fundamentalmente, de Estados Unidos y Europa.  

Mil 64 acciones de negativas de bancos extranjeros a prestar servicios a la Isla, incluyendo transferencias para la compra de alimentos, se reportaron entre enero de 2021 y febrero pasado, como consecuencia de las medidas que impone ser considerado un Estado terrorista.

Además, añade el documento, ello condujo a que se elevara el índice conocido como Riesgo-País, lo cual, obviamente, desalentó a potenciales inversionistas.

De otro lado, la emisión por EE. UU. de una supuesta ley para «prevenir viajes terroristas de 2015», excluyó a quienes visiten nuestro país de la posibilidad de disfrutar del moderno programa de exención de visados mediante el sistema conocido por sus siglas ESTA, con su lógica consecuencia perjudicial para el turismo que acude a la Isla, y los daños que ello provoca al afán de reimpulsar la economía.

Lo justo y legal, lo necesario, es que Estados Unidos levante incondicionalmente el bloqueo, no solo porque viola el Derecho y las normas de convivencia internacionales, agrede a terceros, es un castigo unilateral con fines políticos y constituye un acto tipificado como genocidio. Además, esa política no ha logrado sus propósitos, razón por la cual el propio Barack Obama la reconoció como obsoleta.

En tanto ese acto de racionalidad se logra, los esfuerzos cubanos por derrotar el bloqueo desde adentro tendrían un asidero si, en otro acto de justicia, EE. UU. excluyera a Cuba de la espuria lista en la que nunca ha debido estar.

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