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BOGOTÁ, agosto 30.— La confirmación por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UNPD), este martes, de que el conflicto armado en Colombia dejó unas cien mil personas en esa condición, constituye apenas una arista del saldo de la violencia, y puede considerarse otro argumento y acicate en la búsqueda de la paz real que ha emprendido el Gobierno de Gustavo Petro.
En declaraciones al diario El Tiempo que reseñó PL, la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, dio a conocer la cifra y señaló que «durante mucho tiempo el Estado colombiano postergó una respuesta coherente y adecuada a las víctimas que solicitan apoyo para buscar a sus familiares y que necesitan respuestas sobre qué pasó con sus seres queridos».
En sentido contrario, este martes se radicó ante el Congreso un proyecto de ley que, según observadores, abre el camino y sienta las pautas hacia lo que Petro ha llamado «la paz total» y que, entre sus ejes principales, considera la paz como una política de Estado «prioritaria» en sus asuntos, «transversal a estos, e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y acogimiento a la justicia», según el borrador a que tuvo acceso El Tiempo.
En una estrategia totalmente opuesta a lo que ha sido la práctica de los Gobiernos precedentes frente a la guerra y la violencia, el proyecto establece, además, que los alcaldes están autorizados a realizar diálogos humanitarios con grupos ilegales que actúen en sus territorios, con respeto al Derecho Internacional Humanitario.
La creación de la figura de los comisionados regionales y la posibilidad de establecer zonas donde estén suspendidas las órdenes de captura para asegurar eventuales negociaciones de paz con grupos ilegales, también se contempla en el proyecto de ley.
Uno de los aspectos más novedosos, comenta El Tiempo, es la creación del Servicio Social para la Paz, que duraría 12 meses con remuneración, y establecería el trabajo social para la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos; servicio social para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz, para la promoción de la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización, y para la protección de la naturaleza y la biodiversidad.
Aunque no está recogida en esta ley, una de las decisiones más trascendentes para el impulso de los diálogos de paz ha sido la decisión del nuevo Gobierno de renunciar a la extradición, lo cual ha viabilizado la postura de bandas armadas de narcotraficantes de acudir a la mesa de negociación, así como el respeto a lo acordado durante el Gobierno de Juan Manuel Santos en el proceso de paz con el guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), que fue interrumpido por el ejecutivo de Iván Duque, y se reanuda ahora.
En un mensaje en la red social Twitter, el diputado Iván Cepeda, uno de los legisladores que con más fuerza ha trabajado por la paz en Colombia, expresó su satisfacción por el hecho de que esta sea una política de Estado definida mediante una ley «en la cual trabajamos durante meses», dijo.
