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En las calles, el pueblo chileno ha exigido una nueva Constitución Autor: Tomada de RadioViva 24 Publicado: 08/02/2020 | 08:00 pm
Los disparos, atropellamientos y detenciones arbitrarias siguen a la orden del día en Chile con una ferocidad que recuerda a la dictadura militar de Augusto Pinochet, pero el sacrificio de quienes perdieron la vida o se la siguen jugando en la calle, puede que no sea en vano.
La posibilidad de transformaciones o, incluso, de que se redacte una nueva Constitución, fue la carta sacada de la manga por el ejecutivo de Sebastián Piñera en noviembre, cuando la protesta social se agudizó y precipitó su denominado Acuerdo por la paz y, como parte de él, el plebiscito constitucional.
Aunque es cierto que la jugada abrió un compás de espera y le dio relativo respiro al mandatario, también es verdad que abre la posibilidad de un paso, al menos, un mínimo paso, en busca de los cambios a que muchos aspiran.
El hecho de que los reclamos sectoriales desembocaran en la demanda de una Asamblea Constituyente, da cuenta de la profundidad de análisis alcanzada por los diversos y heterogéneos sectores movilizados. Ellos han identificado que allí radica la piedra angular.
Acceder a la Constituyente —que seguramente quedará maniatada—, ha sido un pase obligado y, hasta cierto punto, jugada de engaño de Piñera que, sin embargo, los inconformes han asumido con el propósito de patear el balón y asestar un verdadero y rotundo gol.
Por los raíles trazados en la vieja Carta Magna que impuso el golpista Pinochet en 1980, ha transcurrido el devenir de una democracia atada a aquellos preceptos que el dictador impuso después de ahogar en sangre al país. Para eso lo prohijó Estados Unidos y, especialmente, el entonces secretario de Estado, Henry Kissinger.
Y fue la letra de esa Constitución la que dibujó un «pinochetismo sin Pinochet» apenas tocado hasta hoy. Esa ley de leyes garantizó no solo la exclusión política de los sectores opuestos al sistema para impedirles llegar al poder sino también aún más: la injusticia de un modelo contra el cual buena parte de la ciudadanía se está pronunciando.
La reprivatización del cobre, principal y valioso recurso natural de Chile, que Salvador Allende nacionalizó por decreto constitucional en 1971, como muestra de soberanía y recuperación nacional, puede ser lo más simbólico del entreguismo al capital durante los años que han seguido a la dictadura.
Pero lo más escandaloso es que la venta de bienes públicos llegara hasta entregar a los privados un bien tan preciado como el agua.
Dos periodistas chilenas abordan el asunto en un libro publicado por estos días. Según afirman Tania Tamayo y Alejandra Carmona en El negocio del agua, ese líquido vital es un bien nacional de uso público en Chile, solo «en los papeles (…). Pero en lo concreto, el 90 por ciento de los derechos del agua superficial están otorgados a privados y se puede hacer lo que quiera con ella», aducen.
Otros como Pablo Sepúlveda, nieto de Allende, lo grafican de manera más informal pero diáfana: «Hasta los ríos tienen nombre y apellidos en Chile», comentó hace unos a meses a JR.
Algunos cambios realizados en los últimos años a la actual ley de leyes chilena han tratado de minimizar el disgusto con postulados más vinculados al sistema político; pero tampoco han sido suficientes.
Y algunos gobiernos ni siquiera «entraron al asunto», como el de la exmandataria Michelle Bachelet, quien solo al final de su último período introdujo ante el Congreso un proyecto que proponía «un nuevo marco para la interpretación del texto constitucional, sobre la base del establecimiento de un Estado de Derecho democrático y social, en el cual el Estado esté al servicio de las personas y que su finalidad sea el bien común», según reconoció en sus propias palabras.
Pero la aspiración quedó en nada, pues no hubo tiempo de materializarla antes que Bachelet dejara el poder.
Entrevistado por la televisora alemana DW, el historiador Manuel Bastías, investigador del Instituto para la historia del Derecho con sede en Frankfurt, arroja luces sobre la relevancia de una nueva Carta Magna en Chile.
«El mayor problema es que la estructura no permite la construcción de un Estado social. Las reformas realizadas hasta ahora han apuntado a cuestiones políticas y electorales, en el sentido de hacer más democrática la composición del Parlamento y eliminar los senadores designados y vitalicios», explicó.
Sin embargo, las demandas sectoriales enarboladas por los manifestantes quedan entrampadas por la Carta Magna pinochetista. «El mayor problema es que la estructura no permite la construcción de un Estado social», asevera el académico, pues asuntos relacionados con la propiedad privada, la nacionalización de recursos, el agua, las reformas al sistema de salud y al de educación así como las jubilaciones, podrían tener objeciones de revisión del Tribunal Constitucional.
Que se mueva, pero no tanto
Una aseveración formulada hace unos días, precisamente, por la Presidenta de ese importante cuerpo institucional chileno, muestra cuáles son las pretensiones del oficialismo (o de parte de él) con el plebiscito programado para el 26 de abril, y mediante el cual la ciudadanía dirá si quiere o no una nueva Constitución.
Según ha dicho la titular del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, «los textos constitucionales no son para resolver problemas específicos y concretos de las personas».
Cierto, como explica la titular, después de la Carta Magna hacen falta las leyes que la instrumenten. Pero podría despertar inquietudes en quienes apuestan a transformar, su criterio de que «es imposible que un país se pueda abstraer de lo que ha sido su carta fundamental durante sus 200 años como país independiente (…). La Constitución tiene que convivir con el mundo real, y el mundo real está hecho con las normas que lo han regulado durante muchos años».
¿Es que desde el Gobierno se trata de minimizar el alcance del proceso constituyente si se aprobara, y persuadir a la ciudadanía de que no puede haber cambios de raíz?
Consecuente con lo que ese paso podría significar, la derecha política ha emprendido ya una enconada batalla por el No que muestra cuánto, pese a todo, los privilegiados del modelo están arriesgando. No pocos funcionarios tratan de sembrar la convicción de que es imposible «partir de cero».
Esta misma semana podría decirse que la campaña arrancó luego de que la coalición derechista Chile Vamos oficializó el equipo coordinador de la campaña por el No, equivalente en la boleta a la palabra «Rechazo».
Según dijeron en un comunicado, van con ellos «la sociedad civil, movimientos ciudadanos, gremiales y de jóvenes».
Sin embargo, la más amplia, y también la más beligerante representación de la sociedad parece estar en la llamada Mesa de Unidad Social, aglutinadora de las 200 organizaciones que han estado protagonizando las movilizaciones desde octubre y que llamó a pronunciarse a favor, luego de un primer distanciamiento con la medida pues se adoptó por las cúpulas partidistas y Piñera sin contar con ellos, los de abajo.
Su demanda es una Asamblea Constituyente Popular, pero se han subido al carro y promueven el Sí (Apruebo).
A favor del proceso constituyente se manifiestan también los partidos de centro e izquierda independientes o deslindados del emergente y centroizquierdista Frente Amplio, fracturado cuando la dirigencia de la alianza adoptó la convocatoria sin consultar a las bases.
El comando Apruebo Chile Digno fue constituido también en estos días con la presencia de los partidos Comunista, Progresista, Federación Regionalista Verde Social, Partido Igualdad, Izquierda Libertaria y Wallmapuwen Movimiento Autonomista.
Sin embargo, no bastará con que la opción «Apruebo» obtenga los mayores porcentajes. Será crucial la manera en que la Carta Magna se redactará; quiénes lo harán.
Dos variantes serán sometidas para ello al criterio popular, el mismo día, en una segunda boleta. Podrá votarse por una Convención Constituyente, cuyos miembros serán ciudadanos electos específicamente para ello, o por una Convención mixta, compuesta por legisladores y ciudadanos electos, 50 a 50: en la misma proporción.
Quedan asuntos clave, como la manera en que se establecerán los aspirantes a miembro y su elección, y la amplitud de que gozarán los constituyentistas, luego, para redactar.
Pero, primero, tiene que ganar el «Acepto». Entonces las bases estarán echadas.
