LA HAYA, septiembre 11.— En un simple pero rotundo gesto de repudio a las amenazas proferidas por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la Corte Penal Internacional (CPI), los integrantes de la institución afirmaron que continuarán sus trabajos «sin inmutarse».
El tribunal dijo en una declaración publicada este martes que esta es una institución independiente e imparcial, que cuenta con el respaldo de 123 países.
El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, reveló el lunes la decisión del gobierno de Trump de imponer sanciones al Tribunal Internacional de Justicia radicado en La Haya, si procedían con una investigación de los crímenes de guerra cometidos por militares de Estados Unidos en Afganistán o si emprendían acciones contra Israel.
La Corte Penal Internacional puntualizó en su declaración que, «como tribunal de justicia, continuará haciendo su trabajo sin inmutarse, de acuerdo con esos principios y la idea general del estado de derecho».
Las amenazas de Bolton indicaron que si se iniciaba una investigación de ese tipo, la administración estadounidense consideraría prohibir el ingreso de jueces y fiscales de la CPI a los Estados Unidos, además de sancionar los fondos que tienen allí y procesarlos en los tribunales de los EE. UU., según publicó The Wall Street Journal.
Bolton dejó trascender los fragmentos esenciales de un discurso en el que resumía el desprecio de Estados Unidos por la gestión del órgano jurídico internacional.
«Estados Unidos usará todos los medios necesarios para proteger a nuestros ciudadanos y los de nuestros aliados de la persecución injusta por parte de este tribunal ilegítimo», escribió Bolton, según el borrador difundido por Reuters.
Además, Estados Unidos puede negociar acuerdos bilaterales vinculantes con otros países para prohibirles entregar estadounidenses a la CPI, indicaba el texto.
«No cooperaremos con la CPI. No proporcionaremos asistencia a la CPI. No nos uniremos a la CPI. Dejaremos que la CPI muera por sí misma. Después de todo, a todos los efectos, la CPI ya está muerta para nosotros», expresaba el amenazante texto de Bolton.
Washington no ratificó el Estatuto de Roma que constituyó en 2002 la Corte Penal Internacional, cuyo objetivo es llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
La postura de la administración Trump coincidió con su decisión de cerrar la sede de la Organización para la Liberación de Palestina (OPL) en Washington, comunicada el propio lunes por la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
Washington hizo saber que la decisión de cerrar la oficina es consistente con las preocupaciones en la Casa Blanca y en el Congreso, con los esfuerzos de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) para alentar a la Corte de La Haya a abrir una investigación sobre las matanzas de Israel en Gaza.
Trump anunció a finales de agosto que EE. UU. suspenderá totalmente el año entrante sus contribuciones a la Agencia para los Refugiados Palestinos de la ONU (UNRWA, por sus siglas en inglés), lo que provocará una verdadera crisis humanitaria.