La difícil coyuntura de Alianza PAÍS

Por más que parezca raro, el anunciado y al parecer inminente retorno a Ecuador del expresidente y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, no ocurre en un momento precisamente de alegría para los revolucionarios de esa nación.

Diferencias que no han sido ventiladas mediante el diálogo alejan a las dos vertientes en que parecen divididos hoy los militantes de Alianza PAÍS, una organización muy joven que nació en 2006 para respaldar la postulación a la presidencia del entonces exministro de Economía Rafael Correa, en medio del rechazo y el descrédito de que gozaba la vieja partidocracia ecuatoriana. Tres presidentes fueron depuestos en los diez años precedentes, dos de ellos por la vía de la rebeldía popular.

Desde entonces Alianza PAIS (Patria Altiva y Soberana) ha vivido de triunfo en triunfo: victoria electoral que llevó a Correa a la primera magistratura en el propio 2006, éxito en la votación de una consulta para convocar a la Asamblea Constituyente y en la elección de sus miembros; victoria en la consulta de 2008 que sometió a aprobación la nueva Carta Magna; ratificación de Correa en la presidencia un año después, una elección celebrada a tenor con la refundación del país, y que también le propició mayoría en el Congreso; reelección del líder de la Revolución en 2013 y, el año que transcurre, nuevo triunfo de AP en las urnas y su candidato, Lenín Moreno.

Así, el actual mandatario llegó al Palacio de Carondelet con el aval de su mandato como vicepresidente de Correa en el primer periodo presidencial de este, y con respaldo de AP que, encabezado por el exmandatario, no solo postuló a Moreno sino que apoyó su campaña electoral, entendiéndolo como heredero y continuador de lo avanzado en materia de cambios en Ecuador hasta ese momento.

Con él en la primera magistratura y mayoría de AP en el Congreso, la Revolución Ciudadana no debería enfrentar escollos. En medio del giro a su favor que pretende la derecha en América Latina, los revolucionarios latinoamericanos respiraron aliviados.

Sin embargo, ha ocurrido lo impensado: las dificultades se presentan desde adentro, sin que sea ostensible hasta ahora un diálogo capaz de resolverlas.

No pocas medidas del desempeño de Moreno han propiciado la inquietud de parte de militantes de AP y de Rafael Correa en relación con la continuidad y la salvaguarda de lo conquistado. Es más, algunos temen una reversión. El propio fundador de Alianza PAÍS ha empleado la palabra traición para referirse a lo que está aconteciendo.

Dos momentos clave marcan las diferencias que se han ido dibujando e incrementando dentro del movimiento en los meses recientes.

Primero, los encuentros que materializaron el diálogo nacional prometido en su discurso de toma de posesión por el presidente Moreno y que, según denunció Correa, habrían puesto en manos de la familia Bucaram (Abdalá, expresidente y Dalo, su hijo, excandidato a la primera magistratura, ambos de derecha) la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

La acusación fue negada por los Bucaram y «se saldó» con la renuncia del gerente de la empresa, una de las más importantes en cualquier país. Pero no ha habido desmentido público de peso —al menos no lo suficiente, dada su escasa repercusión— por parte del Gobierno.

El otro paso que preocupa es la consulta propuesta por Moreno con vista a una reforma constitucional que también inquieta a una parte de AP —otra la apoya junto a Moreno— y a Rafael Correa.

La oficialización de la consulta por parte de la Corte Constitucional está pendiente mientras, de un bando de AP donde se encuentra Correa, se habla de la alegada marcha atrás que, en algunos aspectos, significaría la reforma.

Varias de las siete preguntas propuestas —elaboradas, según se ha informado, con base en temas presentes en más de 2 700 interrogantes recogidas de organizaciones sociales— afectarían de algún modo la consecución de la Revolución.

La número dos propone reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, entre otros enunciados.

Según ha explicado la presidencia de la nación, se trata de nombrar nuevos integrantes por elección universal; mientras tanto, dice, ejercerá un consejo transitorio.

Pero en un documento publicado en las redes sociales, Correa explica que «se quiere descabezar al Consejo» y reemplazarlo por uno «”transitorio” conformado exclusivamente por representantes de ternas enviadas por el Ejecutivo a la Asamblea (…) y, lo más grave, se propone entregarle las funciones de fiscalización de la Asamblea Nacional, lo cual evidentemente implica una reforma a la estructura del Estado, que solo se puede realizar por medio de Asamblea Constituyente», señaló el exmandatario.

Otras dos interrogantes tienen que ver con la eliminación de la llamada Ley de la Plusvalía, y con el aumento de la llamada zona intangible al tiempo que se disminuya el área de explotación minera en el parque Yasuní.

Solo la séptima pregunta obedece a asuntos meramente sociales, y propone que nunca prescriban los crímenes sexuales contra los niños y adolescentes.

Mientras, las dos interrogantes restantes impedirían el eventual retorno de Rafael Correa a la presidencia al proponer que solo sea posible la reelección por una vez, y la otra, inhibiría a Jorge Glas de volver a la vicepresidencia si es condenado por corrupción, y lo convertiría en cadáver público al impedirle la vida política y, además, retirarle sus bienes.

Porque todo el disenso experimentado en tan corto tiempo por el movimiento político en el Gobierno en Ecuador está atravesado por el caso del vicepresidente Jorge Glas, a quien el mandatario Moreno despojó de funciones pero no de sus cargos, y a quien se le acusa de corrupción como parte del entramado en torno a los sobornos de Odebrecht.

Fue llevado a prisión preventiva antes de que se presentaran las acusaciones y este viernes comenzó el juicio, aunque Jorge Glas insiste en proclamar su inocencia.

«Sin pruebas y con indicios forjados. Solo les queda el linchamiento. Acudiré a instancias nacionales e internacionales para defenderme», escribió Glas hace unos días en Twitter.

Un decreto encargó a María Alejandra Vicuña la vicepresidencia, lo que fue rechazado por una parte de los miembros de Alianza PAÍS.

Así, mientras Moreno continúa la implementación de medidas sociales del cariz de las puestas en vigor hasta hoy por la Revolución, la desunión se profundiza en el movimiento.

Habida cuenta de las divergencias, a fines de octubre, la directiva de AP acordó retirar la presidencia de esa agrupación a Moreno ante lo que llamaron el abandono que este había hecho de sus funciones en esa instancia, y nombraron por él al excanciller Ricardo Patiño.

Pero la decisión fue rechazada por el mandatario, quien encargó la secretaría y la vicepresidencia ejecutiva a nuevos compañeros, al tiempo que también descalificaba la convocatoria hecha por los otros a la VII Convención Nacional de AP anunciada para Esmeraldas, el próximo 2 de diciembre, y a la que va Correa.

Es en este contexto que se espera su llegada de un momento a otro. Dirigentes de Alianza PAÍS no vacilan en calificar lo que ocurre como «golpe suave»… ¡Ojalá se equivoquen!