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El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pidió perdón al país en nombre del Estado por los fatídicos sucesos ocurridos en 1985 dentro del Palacio de Justicia, que dejaron como saldo 94 fallecidos y una docena de desaparecidos.
El mandatario obró en cumplimiento de una sentencia emitida en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual contempla la orden de reparar a los familiares de las víctimas a través del reconocimiento público de los fallos cometidos por el Gobierno de la época, reportó PL.
Durante un acto organizado justamente en la sede del Poder Judicial, Santos mencionó incumplimientos gubernamentales en su misión de proteger a la población.
El Estado violó el deber de respeto y garantía a los derechos a la vida, a la libertad personal y a la integridad, expresó el gobernante en el Palacio de Justicia ante las familias de los fallecidos y desaparecidos.
Adicionalmente reprobó otros actos como la detención arbitraria, torturas y tratos crueles, además de ejecuciones extrajudiciales, todos asociados a las acciones del 6 y 7 de noviembre, 30 años atrás.
En su alocución el ocupante de la Casa de Nariño admitió igualmente dilaciones en el proceso de investigación, localización de los cuerpos de aquellos cuyo paradero resulta aún desconocido, entre otros errores como el ocultamiento de pruebas.
Luego de manifestar su solidaridad con los parientes de los perjudicados por la tragedia, Santos aseguró que impulsaría las indagaciones en torno al sangriento episodio.
Todavía persiste una deuda moral con las víctimas y familiares, que deberá ser saldada con avances significativos en las pesquisas penales, la condena de los responsables, el establecimiento del paradero de los desaparecidos y de toda la verdad, subrayó.
El 6 de noviembre de 1985 integrantes del grupo guerrillero M-19, ya desmovilizado, asaltaron el Palacio de Justicia, edificio recuperado por las fuerzas militares al siguiente día en medio de cruentos combates.
La CIDH responsabilizó al Gobierno por el uso excesivo de la fuerza en esos momentos, pese a los llamados de cese el fuego de magistrados y otros testigos, quienes confiaban en la posibilidad de una negociación entre ambas partes beligerantes.
El proceso pasó a cortes internacionales ante las demoras e indolencia de los tribunales colombianos, afirmaron oradores del acto.
