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Una anciana mendiga frente a una oficina de cambio de moneda en Kiev. Autor: Reuters Publicado: 21/09/2017 | 05:47 pm
«Si este país fuera una empresa, ya habría quebrado», dijo ante el Parlamento el jefe del Gobierno de facto ucraniano, Arseni Yatseniuk. Su discurso ahondó en la catástrofe que enfrentaría esa nación si el legislativo no aprobaba con urgencia las medidas que le impone el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de una «ayuda» financiera.
Yatseniuk no exageró. Ciertamente, Ucrania se encuentra en una situación económica deplorable, que empeorará mucho más si no encuentra una bomba de oxígeno que la reanime. Su deuda pública representa el 53 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a unos 75 000 millones de dólares; y este año la economía podría contraerse en un tres por ciento y la inflación escalar al 12 por ciento.
Sin embargo, las recetas fondomonetaristas nunca han sido la solución, ni siquiera un paliativo, para los problemas financieros o de desarrollo de las naciones.
Las experiencias latinoamericanas y africanas, por solo referir algunas, hablan muy bien de cómo, por ejemplo, el virus de la deuda externa, lejos de ser extirpado, se reprodujo como mala hierba debido al tratamiento que el «médico» del FMI les orientó.
En los últimos tiempos, eslabones débiles de la Unión Europea —esa a la que tanto miran, obnubilados, quienes gobiernan hoy en Ucrania—, como Chipre y Grecia, se enfrentan a los dañinos memorandos del FMI: privatización de sectores estratégicos de la economía, reducción de los salarios y pensiones, despidos masivos en la administración, recortes drásticos en los gastos sociales (salud y educación, entre los más sensibles)…
En concreto, el FMI exige a Ucrania la reducción inmediata de un diez por ciento de los empleados públicos, la privatización de la propiedad del Estado, el aumento del precio del gas en un 50 por ciento para la población y en un 40 por ciento para el sector industrial, entre otros ingredientes de una combinación explosiva que agravaría la inestabilidad política.
Recordemos que en tiempos menos convulsos para ese país como noviembre de 2008, el FMI le exigía a Kiev un programa draconiano similar a cambio de un préstamo de 16 400 millones de dólares a 15 años con un interés anual del cuatro por ciento. Pero cuando el Gobierno aprobó un aumento del 12 por ciento del salario mínimo vital a partir del 1ro. de noviembre de 2009, y del 18 por ciento a partir del 1ro. de enero de 2010, el FMI bloqueó su programa, porque —según su entonces director general, Dominique Strauss-Kahn—, decidió que la nueva ley sobre el salario mínimo amenazaba la estabilidad del país. Sin embargo, Strauss-Kahn se aumentó su estipendio en un siete por ciento.
Posteriormente, el FMI se acercó nuevamente a Ucrania durante el Gobierno de Víktor Yanukóvich, pero sus requisitos fueron rechazados por Kiev debido al elevado costo político y social que implicaría la aplicación de los programas de ajustes.
Ahora, finalmente, Ucrania está en el dominio del FMI, a pesar de que el Gobierno de Yatseniuk está consciente de los efectos devastadores de semejante paso. Una primera parte de los 27 000 millones de dólares prometidos por el FMI será entregada en el presente mes, una vez que se compruebe el cumplimiento de las «necesarias condiciones».
Al mismo tiempo, Kiev revalida su orientación europeísta, a pesar de que la propuesta de la UE no es ventajosa para Ucrania, y de que los Veintiocho no pueden ofrecerle los cheques necesarios en condiciones aceptables.
Algunos analistas estiman que los préstamos del FMI conducirán al control sobre importantes sectores de la economía ucraniana por parte de Occidente. Se afirma que el gas pasará a la empresa estadounidense Chevron; que la compañía alemana Ruhr obtendrá el 50 por ciento de las plantas metalúrgicas en Mariupol, Zaporozhie y Dnepropetrovsk; y que la producción de carbón de Donbass iría a parar a la sucursal finlandesa de esa empresa.
Ucrania, como muchas otras naciones, está en venta.
