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Centrados en la construcción de los primeros acuerdos sobre el tema de las drogas ilícitas y el narcotráfico, culminó este jueves en La Habana otro ciclo de diálogo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno de Colombia.
A través de un comunicado conjunto divulgado por las partes, se señala que ya tienen los primeros borradores, concretamente, en el tema referido a la sustitución de cultivos ilícitos de coca, marihuana y amapola a través de planes integrales de desarrollo en las áreas afectadas.
Teniendo en cuenta lo diverso de las regiones colombianas, cualquier intervención debe tener un enfoque diferencial, reflejado en los planes que se construyan con las comunidades, de tal forma que reconozcan las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental, argumentan en el texto bilateral.
Según afirmó Humberto de la Calle, máximo representante del equipo gubernamental, los esfuerzos de la mesa de negociaciones están centrados en encontrar los mecanismos para aplicar los planes de sustitución de cultivos en las zonas afectadas con el trabajo conjunto del Estado y de las comunidades afectadas.
En torno al escándalo desatado a inicios del mes sobre el espionaje de las comunicaciones de diversas personalidades colombianas por parte de organismos de inteligencia militar de Colombia, incluso el jefe negociador de paz del Gobierno, Humberto de la Calle, y otros miembros de su delegación, Iván Márquez, jefe de la delegación insurgente, afirmó que a la guerrilla le «causa una gran molestia» esa situación.
«Me imagino qué pueden estar pensando los delegados del propio Gobierno, porque realmente no tiene presentación que los servicios de inteligencia de un Estado espíen a sus propios voceros en una mesa tan trascendental como esta de La Habana, donde intentamos encontrar la solución definitiva a un conflicto tan prolongado», afirmó Márquez ante interrogantes de la prensa en ese sentido.
La revista colombiana Semana divulgó el 4 de febrero que miembros de la inteligencia militar instalaron en 2012 una oficina para interceptar ilegalmente las comunicaciones que mantenían los negociadores gubernamentales.
En tanto, De la Calle afirmó que al respecto, la actitud de la delegación que preside es confiar en que los mecanismos institucionales en marcha esclarecerán la verdad de lo ocurrido.
Los negociadores del Gobierno y las FARC-EP volverán a la mesa de diálogo en su sede habitual del Palacio de Convenciones de La Habana, el próximo 24 de febrero.
