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Las fisuras que horadan la condena mundial a la asonada en Honduras han sido subrayadas por la jactancia de la propia «ministra» de Finanzas del régimen de facto, Gabriela Núñez, quien en un probable afán por tranquilizar a la empresa privada local estregó en los ojos del mundo, sin recato, algunos de los agujeros por donde entra el oxígeno que mantiene respirando a los usurpadores.
En declaraciones a la prensa el miércoles, Núñez aseguró que ellos (Micheletti y compañía) no habían recibido notificación de suspensión de entrega de fondos de parte de algún organismo internacional, con lo que puso en la picota al Banco Interamericano de Desarrollo y al mismísimo Banco Mundial, entidades que anunciaron el congelamiento del dinero en rechazo al golpe.
Pero Núñez aún dejó ver más cuando, con total desprecio al orbe, se ufanó de que «sigue procesándose» la Cuenta del Milenio: un programa que tiene por rector y sufragante a Estados Unidos.
La aseveración fue escandalosa. En menos de 24 horas, un desmentido del asesor principal del directorio ejecutivo para Centroamérica del Banco Mundial, Hugo Noé Pino, rechazó algunas de esas afirmaciones.
En declaraciones procuradas telefónicamente en Washington por el diario hondureño Tiempo, Noé dijo que la decisión del congelamiento de cuentas, dada a conocer por el BM, el BID y el Banco Centroamericano de Integración Económica, «se mantiene firme».
«Los desembolsos siguen suspendidos», aseguró.
Sin embargo, no se trata solo del dinero cuya entrega la señora Núñez dijo que se está «agilizando», lo que deja bajo la sombra de la duda a los tres bancos a pesar del mentís de Noé Pino.
Queda además —y sobre todo— el respaldo financiero de Estados Unidos, que sigue fluyendo silencioso detrás del rechazo de Obama al golpe, y que la titular Núñez —nada cándida por cierto—, tuvo el tino de no mencionar completamente... aunque dio atisbos.
Más que las medidas prometidas por la Casa Blanca, son las sanciones no aplicadas por Washington las que podrían explicar esa «resistencia» inédita de los gorilas aferrados al poder en Tegucigalpa, y la manera en que parecen mofarse de la ONU, la OEA, del pueblo de Honduras y de todo el planeta.
Son esas las razones que avalan la demanda de la canciller hondureña Patricia Rodas, cuando pidió a la Casa Blanca, ayer, «la suspensión radical, sin procesos graduales», de la ayuda militar, los desembolsos, las asistencias económicas...
Destaca la bendita asistencia pactada en virtud de la llamada Cuenta del Milenio, y mediante la cual EE.UU. «ayuda» a los países pobres en el cumplimiento de las Metas. Está establecido incluso, que para acceder a los fondos, las naciones «elegibles» deben cumplir ciertos requisitos.
¿Cómo es posible que las «dudas» fabricadas para cuestionar los comicios municipales nicaragüenses del año pasado hayan «bastado» a Washington para quitarle a Managua ese dinero, y todavía se esté analizando si se suspende o no la asistencia a quienes violan el Estado de derecho en Honduras?
Tres semanas después del golpe, resulta muy cuestionable que las sanciones anunciadas por la Embajada estadounidense en Tegucigalpa estén varadas aún, en la amenaza de que «podría estar en peligro» la liberación a tiempo de nuevos fondos de asistencia valorados en más de 50 millones, así como los 130 millones que restan por entregar de la Cuenta del Milenio.
Frente a esas sumas, parece irrisoria la medida estadounidense de suspender «programas de asistencia al desarrollo» cuyo monto no fue develado, así como la decisión de dejar en vilo los planes de asistencia militar... por un total de 16,6 millones de dólares. El «castigo» en el ámbito bélico podría resultar una bicoca si se toma en cuenta que los fondos pactados en ese rubro para el período 2005-2010 ascendían a más de 43 millones de dólares, según cifras compiladas por el proyecto Just the Facts, del Centro de Política Internacional, la Oficina de Washington sobre América Latina y el Grupo de Trabajo Latinoamericano, citadas por el diario mexicano La Jornada. Si faltaba muy poco por darles, es que todo se les entregó a las Fuerzas Armadas ya, y hasta les sirvió para esta feroz ruptura del orden constitucional.
Fueron «sanciones» que en Washington, tan respetuosos de la justicia, tomaron obligadamente, pues las leyes estadounidenses estipulan que no puede otorgarse alguna ayuda económica o militar a un país cuyo jefe de Estado haya sido víctima de una asonada.
Pero el mundo reclama de Estados Unidos sanciones realmente contundentes. Son las medidas detenidas por los halcones quienes, tras bambalinas, insuflaron el primer aliento y siguen dando oxígeno a los golpistas con una, y otra bocanada...
