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Mientras en Colombia y Panamá muchos esperan, ansiosos, la ratificación por el Congreso estadounidense de sus respectivos Tratado de Libre Comercio (TLC), la entrada en vigor del convenio sigue pendiente en Costa Rica a pesar de que esa nación cuenta —hace rato— con el añorado visto bueno.
Luego de la apretada mayoría del Sí en el referendo de octubre pasado, la materialización en Costa Rica del DR-CAFTA —como se conoce, por sus siglas en inglés, al TLC de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos— parecía cosa hecha.
Pero, de alguna manera, se ha interpuesto la misma inconstitucionalidad que las fuerzas opositoras objetaron al convenio, durante una campaña convincente que en el combate al TLC llegó a forjar un movimiento popular unitario inédito, aunque efímero.
Cuatro meses después, las dificultades en el legislativo para aprobar la llamada «agenda de implementación» tienen al ejecutivo de Oscar Arias en vilo, y siguen haciendo de Costa Rica la única nación miembro del pacto, donde todavía no es realidad.
Si bien no se trata, directamente, de que el convenio burle la letra de la Carta Magna, lo cierto es que su puesta en vigor requiere la modificación de un manojo de legislaciones. Ello revela la manera en que el tratado interviene en la vida nacional, y corrobora así los peligros alertados por sus adversarios en relación, por ejemplo, con el control estatal de la electricidad y las telecomunicaciones, entre otros sectores con fuerte incidencia en el nivel de vida de la población, que serán afectados.
A pesar de que la mayoría parlamentaria a favor de Arias y del TLC hacía presumir que no habría dificultades, lo cierto es que la oposición representada en el Partido Acción Ciudadana no ha dejado que el paquete de leyes se apruebe... Al menos, no antes de que concluya el plazo para hacerlo, fijado hasta el 29 de este mes.
Hasta ahora, solo dos de las 12 o 13 leyes necesarias han sido aprobadas en el Congreso, lo que hace presumir que el gobierno de Costa Rica deberá pedir un plazo adicional.
Si bien no se ha hecho una declaración conclusiva, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, declaró esta semana que, si era necesario, viajaría a Washington a pedir la prórroga, para lo cual deberá convencer al Departamento del Comercio de que la extensión que se otorgue, alcanzará.
Pero aún quedaría otro paso: el permiso de prórroga no solo deberá otorgarlo la contraparte (EE.UU.) sino, además, el resto de los socios centroamericanos y República Dominicana, cuyos presidentes firmaron el pacto en el año 2004, de consuno, junto a W. Bush, durante una memorable ceremonia en la Casa Blanca.
Interesado como está Bush en terminar su mandato con la mayor cantidad posible de TLC en vigor —para demostrar «el impacto» de su política en América Latina—, no parece difícil que allá accedan al pedido. Pero hay que ver el peso que la demora legislativa tica tendrá en el Congreso estadounidense, reticente como están los legisladores demócratas en seguir la línea de los tratados, razón que mantiene en remojo y sin ratificación a los firmados por Bush con Colombia, Panamá y Corea del Sur.
En Costa Rica, empero, la empresa privada apremia y se desesperan sectores exportadores con altas expectativas en las anunciadas bondades arancelarias del CAFTA tales como los productores textiles y la industria del atún, preocupados, además, porque en breve vencen las preferencias que la denominada Iniciativa para la Cuenca del Caribe da a San José...
Es muy probable que las mismas disposiciones del trabajo parlamentario costarricense hagan que las leyes de implementación del CAFTA, al final, se aprueben —más por inercia burocrática que por convencimiento—, si la prórroga se concede.
Pero, en cualquier caso, habrá sido luego de una resistencia legislativa que representa los temores de ese 48 por ciento de la población costarricense que en octubre votó NO al TLC. Contra todas las expectativas, la última palabra no se dijo en el referendo.
