Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

«Ellos asesinan a gente inocente en las calles»... «¿En qué otro lugar del mundo sucede esto?»... «Estas no son fuerzas de seguridad, sino fuerzas para matar a iraquíes. Son perros desenfrenados», le decían a los periodistas vecinos del barrio bagdadí Al-Yarmukh, del distrito de Mansour, luego que guardias de la firma estadounidense de seguridad Blackwater USA, que custodiaban un convoy de la Embajada de Estados Unidos que regresaba a la Zona Verde, mataran 20 personas e hirieran a 35 —datos suministrados por el vocero gubernamental Ali al-Dabbagh; otros mencionan 11 muertos y 13 heridos—, en un incidente tan brutal que provocó que el gobierno iraquí de Nuri al-Maliki decidiera, temporalmente, revocarles la licencia y considerara una revisión de esas empresas en Iraq y la inmunidad de que gozan.

Habitualmente, el mensaje de esos hombres es bien claro: retroceda, manténgase alejado, o el riesgo es ser baleado. Lo dicen con sus rifles M-16 y lanzagranadas, que ostentosamente portan mientras recorren las calles en vehículos blindados y con ametralladoras pesadas, protegidos por sus propios helicópteros. El tráfico se detiene a su paso, gritan amenazantes a quienes se les aproximan, golpean a otros carros, amedrentan, tal y como hacen las patrullas de soldados o marines de las tropas de Estados Unidos.

En definitiva, ellos también son parte de las fuerzas ocupantes, y una porción bien sustantiva pues en total, en las plantillas de todas las compañías contratistas de seguridad que operan en Iraq, hay 180 000 efectivos, 20 000 más que los militares norteamericanos emplazados ahora en el territorio mesopotámico.

Pero los mercenarios de Blackwater son especiales, el pueblo les llama «Mossad»—nombre de los servicios secretos israelitas— un apelativo que dice mucho de cuánto son odiados por los iraquíes. Hasta otros guardias de seguridad que operan en el país ocupado hablan incluso de su especial «arrogancia, rudeza y peligrosidad».

La agresión de hace una semana en la barriada de Al-Yarmukh, donde murieron mujeres y niños, no es un incidente único, solo el más sangriento hasta ahora. Por esos días otro convoy de seguridad Blackwater en el distrito de Al-Sikek abrió fuego en todas direcciones sin razón alguna; hubo heridos. Y entre los incidentes de este año se cuenta también el asesinato en mayo de un chofer cerca del Ministerio del Interior en Bagdad porque se había acercado demasiado al convoy de Blackwater, suceso que fue objeto de discusión en algunos artículos de prensa.

Sin embargo, la versión de Blackwater de lo acontecido en Al-Yarmukh refiere que tras la explosión de una bomba caminera respondieron fuego enemigo porque «eran insurgentes armados y nuestro personal actuó dentro de la ley y apropiadamente». Pero solo fueron civiles los masacrados, y también los «mossad» tirotearon a policías y soldados iraquíes. Incluso se dice que el reporte primario de las autoridades iraquíes de los ministerios del Interior y de Defensa mencionan que helicópteros de Blackwell dispararon a los transeúntes.

Foto: AP El posterior ofrecimiento de condolencias hecho por la secretaria de Estado Condoleezza Rice —cuyo Departamento tiene a Blackwater como la fuerza garantizadora de la seguridad de sus funcionarios—, fue apenas la respuesta oficial de Washington para el flagrante asalto que probablemente quede, como muchos otros, impune bajo el manto de la inmunidad.

La Orden No. 17 de la Autoridad Provisional de la Coalición firmada por el procónsul Paul Bremer, protege a las compañías militares privadas desde los primeros momentos de la invasión en el año 2003, cuando fueron llegando como parte del tsunami bélico. Esa orden que los hace inmune ante cualquier proceso criminal, puesto que establece que no están sujetos a las leyes iraquíes, ratifica su condición de mercenarios y asesinos bien pagados, porque Blackwater goza de un contrato estimado en 300 millones de dólares.

Según reportó en junio pasado el diario The Washington Post, la division consultora de Blackwater tiene con el Departamento de Estado un contrato en Iraq por 109 millones de dólares en el que se especifica que está autorizada a usar fuerza letal.

El diario británico The Independent afirmaba a raíz del ataque que respecto a esta y otras compañías similares había un desagradable olor a corrupción política detrás de su crecimiento, pues tenían vínculos con la Casa Blanca y con el Congreso; precisamente recordaba que el embajador de EE.UU. en Bagdad, Ryan Crocker, había hecho la apología de los contratistas privados en su informe ante el Congreso apenas una semana antes, cuando en realidad la presencia de estas empresas reflejan el estado de inestabilidad e inseguridad que vive Iraq bajo la ocupación.

Ahora, la compañía basada en el estado de Carolina del Norte está sometida a una investigación, pero ninguno de sus «perros de la guerra» ha sido notificado, reprendido, acusado o expulsado de Iraq; es más, muy pocos creen en la posibilidad de alguna sanción y ni siquiera consideran que esas huestes sean retiradas, porque el propio vocero gubernamental reconoció: «no tenemos los servicios que ellos están proveyendo a los diplomáticos y a la Embajada americana aquí en Iraq», aunque «necesitamos que ellos respeten al pueblo de Iraq».

Foto: AP Pero Blackwater —la empresa fundada en 1997 en Moyock, Carolina del Norte, por Eric Prince, un ex miembro de los SEAL, las fuerzas especiales de la Marina de Guerra estadounidense, hijo de un multimillonario y hombre de fila de la ultraderecha—, es una de las muchas contratadas por la administración de George W. Bush, el hijo, y todas son prácticamente intocables, al punto de que casi no rinden cuenta bajo la ley estadounidense de abusos y otras transgresiones, ni siquiera están sujetos al Código de Justicia Militar del Pentágono, como tampoco pueden ser procesados por cortes extranjeras que carecen de jurisdicción, a no ser que les conceda el permiso el país que lidera las llamadas Fuerzas Multinacionales en Iraq, es decir Estados Unidos.

Unos mil hombres de Blackwater garantizan la seguridad de los subordinados de la señorita Condoleezza en Iraq, y el embajador Crocker consideró en su reporte que «la capacidad y el coraje de los individuos que proveen seguridad bajo contrato es merecedor del respeto de todos los norteamericanos».

Se refiere a quienes se han ganado bien la reputación de que disparan primero y no pierden su tiempo en hacer preguntas después, y cuya empresa es descrita por el reportero investigador Jeremy Scahill como «el más poderoso ejército mercenario del mundo», el cual tiene «más de 2 300 soldados privados emplazados en nueve países, incluido Estados Unidos».

Cada contratado armado puede ganar un salario de 20 000 dólares mensuales, y de acuerdo con reportes no solo se dedican a las labores habituales de protección, sino que cada vez más se involucran en acciones militares y combates contra los insurgentes.

Por supuesto, los riesgos son grandes y a la lista de bajas militares estadounidenses en Iraq pueden añadirse unos 400 mercenarios, más muertos que en las filas de la segunda fuerza de la llamada coalición, las tropas británicas. Blackwater ha perdido unos 30 de sus guerreros asalariados.

La cifra se menciona en un estudio de Naciones Unidas, organización que tiene un grupo de trabajo sobre el uso de los mercenarios en Iraq. José Luis Gómez del Prado, quien dirige ese equipo estima que hay por lo menos 160 compañías dedicadas al negocio guerrero y que emplean entre 35 000 y 40 000 individuos. Pero en casi todas las informaciones sobre el ejército de contratistas se da la cifra de 180 000 efectivos y se incluyen también empresas británicas entre los gatillo alegres.

La masacre de Al-Yarmoukh saca a la luz el execrable negocio de la muerte, porque ha sido un crimen tan grande que no han podido silenciarlo. Más allá de la sangre iraquí derramada, también pone sobre el tapete una verdad crucial que ninguna declaración de Bush, el hijo, puede ocultar: la llamada soberanía iraquí es una burla, cargada de indignidad y dolor.

Cuando Blackwater USA ha sido llevada nuevamente a las primeras planas de la gran prensa estadounidense y de las mayores cadenas de televisión, se ha omitido un dato sustancial que tiene mucho que ver con los vericuetos que unen a los políticos norteamericanos con más de un conflicto de interés o caso de corrupción.

J. Cofer Black, vicepresidente de Blackwater USA, encabeza el grupo consejero de política antiterrorista de Mitt Romney, aspirante a la candidatura presidencial republicana para las elecciones de 2008.

«Estados Unidos enfrenta una nueva generación de amenazas globales y retos», dijo Black en una declaración de campaña de Romney. «El gobernador Romney reconoce las amenazas que tenemos frente a nosotros y ve las políticas necesarias para dar a nuestros hombres y mujeres las herramientas que necesitan para proteger a nuestro país».

J. Cofer Black, ex oficial de la CIA, también sirvió como un alto funcionario de contra-terrorismo en el Departamento de Estado, antes de unirse a Blackwater USA como director de la división Total Intelligence Solutions (Soluciones Totales de Inteligencia).