24
LA PAZ.— El presidente boliviano, Evo Morales, confirmó que denunciará ante Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) las ilegalidades del Tribunal Constitucional de la nación andina.
En un encuentro con corresponsales extranjeros y que reportó PL, Morales adelantó que enviará informes al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, y también al de la OEA, Miguel Insulza, sobre actos que estimó inconstitucionales.
En ese sentido se refirió a la reciente decisión del Tribunal Constitucional de cesar a cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia designados por el propio mandatario.
El Tribunal vulnera así el ordenamiento jurídico vigente y perjudica tremendamente la lucha contra la corrupción, declaró.
Morales señaló que esa misma instancia judicial es la que ha intentado anular importantes transformaciones como la Ley de Reforma Agraria o la nacionalización de hidrocarburos.
Tenemos todas las pruebas y documentos necesarios con la finalidad de demandar justicia y defender la verdadera constitucionalidad, afirmó.
El Jefe de Estado señaló que de acuerdo con recientes encuestas, un 70 por ciento de los bolivianos aseveró que la mayor corrupción se concentra en el sector jurídico.
Los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que decidieron cesar a otros tantos miembros, fueron designados por gobiernos neoliberales que subastaron nuestros recursos y al país, sentenció.
El verdadero cambio en Bolivia se palpa en los municipios, en el contacto con el pueblo, dijo en referencia a su reciente visita a la localidad de Sacaca, en el norteño departamento de Potosí, donde se ha elevado el presupuesto para programas económicos y sociales.
La decisión del Tribunal Constitucional de Bolivia es rechazada también por varios sectores sociales al obstaculizar el juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, autor de los hechos de octubre de 2003, con saldo de 60 muertos.
Antes, Morales entregó una denuncia similar al presidente del Congreso Nacional, Álvaro García, quien deberá instruir a la Cámara de Diputados para que realice la investigación pertinente, cuyos resultados deben ser analizados por el Senado.
