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Con las nuevas normas se busca mantener un esquema de orden, legalidad y cumplimiento de lo que está establecido para los actores económicos no estatales. Autor: Abel Rojas Barallobre Publicado: 20/08/2024 | 10:39 pm
A la responsabilidad social empresarial, entendida como el conjunto de compromisos voluntarios adoptados por las mipymes, dirigidos esencialmente a los trabajadores y su familia, la sociedad y el medio ambiente, se refirió este martes Johana Odriozola Guitart, viceministra de Economía y Planificación, en entrevista con la emisora Radio Rebelde.
«Es algo en lo que se ha venido trabajando y que en muchas ocasiones se había solicitado para homogeneizar el tratamiento y también está previsto que el Estado debe fomentar con incentivos de distintos tipos a aquellas entidades que realicen una actividad especialmente responsable, que genere beneficios para la comunidad y la sociedad en general».
Al abordar aspectos novedosos incluidos en la actualización de las normas jurídicas que rigen el papel de los actores económicos no estatales —publicadas este lunes en la Gaceta oficial de la República No. 78—, señaló que la descentralización de la aprobación de las micro, pequeñas y medianas empresas y cooperativas no agropecuarias a los municipios obedece al principio constitucional de la autonomía municipal.
«En la medida en que en los municipios tengan un tejido empresarial robusto se podrá aumentar la oferta de bienes y servicios en los territorios, se podrán aumentar los ingresos que van al Presupuesto», argumentó.
Odriozola Guitart añadió que es un proceso que se caracteriza por ser gradual, pues se ha seleccionado un municipio por provincia, que es el que tiene las condiciones técnicas para comenzar el proceso de aprobación cuando las normas entren en vigor.
«Poco a poco se irán incorporando otros municipios cuando estén creadas las condiciones. En la gran mayoría no existe una cantidad significativa de actores, por tanto, creemos que no va a ser algo abrumador y que pueda sobrepasar las capacidades institucionales; 126 municipios tienen menos de 50 actores aprobados en tres años», señaló.
La Viceministra destacó que se hará énfasis especial en los municipios de La Habana y en algunas cabeceras provinciales, donde se concentra una cantidad importante de actores económicos no estatales.
Al referirse a la creación del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, subordinado al Consejo de Ministros, resaltó la jerarquía que se ofrece al homogeneizar el tratamiento con los actores económicos. «Que desde una sola institución puedan coordinarse todas las políticas que impactan en estos actores para nosotros es un tema importante.
«Eso no quiere decir que el Instituto sea el rector de todas las actividades que tienen que ver con los actores, cada organismo y ministerio sigue siendo el rector de la actividad, pero sí desde una única mirada se van a poder coordinar institucionalmente las políticas y su funcionamiento».
Recalcó que el Instituto no tendrá una representación en los territorios, pues existen Direcciones de Desarrollo que son las que tienen la función de evaluar la inserción efectiva de los actores. El Instituto, dijo, va más a una visión metodológica de todo el proceso y también para coordinar las políticas que tengan un impacto en los actores económicos no estatales.
La actualización refleja parámetros para la aprobación de los objetos sociales. En ese sentido, la Viceministra apuntó que las normas van dirigidas a que la actividad secundaria tenga afinidad en lo fundamental con la principal.
En la entrevista subrayó que esta actualización de las normas jurídicas no es una cruzada contra los actores económicos no estatales, sino que se trata de conducir su trabajo y lograr que desempeñen el papel que les corresponde en la economía. «Lo primero que hay que señalar es que, cuando se aprobaron las normas en 2021, ya se había previsto que a los dos años se revisaran y así se hizo.
«Como parte del proceso se han incorporado cuestiones que durante estos años se evaluaron y que podían robustecerse. La idea es mantener un esquema de orden, legalidad, cumplimiento de lo establecido, que exista un proceso más natural de desempeño y de inserción efectiva».
