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La busqueda de opciones orientadas al aprendizaje, la recreación y el esparcimiento es esencial para contribuir a la transformación social de determinados barrios y comunidades en situación de vulnerabilidad. Autor: Tomada del periódico Escambray Publicado: 16/07/2024 | 09:49 pm
Nuestro sistema es democrático y de justicia social, atendemos a las personas de manera diferenciada y, tanto la escuela, la familia, como las instituciones sociales, todos, debemos contribuir de manera intersectorial a la transformación social que necesitamos, expresó Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, en la sesión matutina de este martes de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer, donde se abordaron los temas relacionados con las personas, familias y hogares en situación de vulnerabilidad, y la experiencia de la presencia de trabajadores sociales en las circunscripciones en cumplimiento de la política social y los mecanismos de protección diseñados para ello.
Hablar de atención social implica garantizar la educación a la familia en función del beneficio colectivo, y quien no estudia ni trabaja debe sentir la presión de la sociedad a la que no le aporta y no sentarse a esperar ser asistido, porque el estudio y el empleo es el primer camino para evitar un escenario de vulnerabilidad; porque el socialismo transforma y no es solamente asistencial, agregó.
Instó, además, a identificar, con base científica, las causas que generan las desigualdades y, por ende, las situaciones de vulnerabilidad. Ante Jorge Luis Perdomo Di-Lella, vice primer ministro, y los diputados presentes, la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, expuso la propuesta de Política para la atención a la Política social del país, que se centra en elevar la calidad de vida de la población, conducir de manera integrada la prevención social en todos los niveles de dirección, reducir o eliminar paulatinamente las situaciones de vulnerabilidad y contribuir a fortalecer el orden y la disciplina ciudadana con participación popular y control social.
Recordó, además, el Proyecto de Decreto-Ley de Lengua de Señas en Cuba, cuya intención es regular el conocimiento de esta lengua como idioma oficial de la comunidad sorda; garantizar un amplio acceso de las personas sordas a la información en todos los contextos y promover la educación bilingüe y su inclusión plena en la sociedad.
Feitó Cabrera especificó también que en el país son 186 707 las familias y 324 140 los protegidos por la asistencia social. Han sido beneficiadas con la entrega de recursos 22 427 familias en situación de vulnerabilidad, 18 448 personas reciben asistencia social a domicilio y 3 065 madres o padres son protegidos por tener hijos con discapacidad severa.
En otro momento informó que 214 personas reciben subsidio para el pago del consumo eléctrico de equipos de climatización y otros para mantener la vitalidad en la vivienda.
«Un total de 16 347 familias superaron la situación de vulnerabilidad económica, principalmente a través de su incorporación al estudio o empleo, lo que evidencia que la esencia de nuestro sistema social es transformar y no precisamente ser asistencialista», apuntó Feitó Cabrera.
La Ministra subrayó que de 30 232 embarazadas caracterizadas, 3 071 se encuentran en situación de vulnerabilidad y, de ellas, 983 están protegidas con prestaciones monetarias.
«Se mantiene la atención a 9 588 familias en situación de violencia con 28 696 convivientes, así como a 9 797 menores de edad, hijos de reclusos y sus familias, de los cuales 894 están en situación de vulnerabilidad.
«De 62 890 mujeres con tres hijos o más menores de 17 años, el 19 por ciento convive en comunidades en situación de vulnerabilidad. Están incorporadas al empleo 7 501, se les ha entregado recursos a 20 021, se han entregado 4 433 viviendas y poseen prestaciones monetarias temporales 8 581».
El año pasado se identificaron 314 822 personas en condiciones de estudiar y trabajar, y al cierre de junio del presente año continúan desvinculadas 222 138 personas, reveló Feitó Cabrera.
Se ha incrementado de manera gradual la plantilla de trabajadores sociales desde el segundo semestre de 2023: de 7 327 a 17 586 en el año en curso.
«Los trabajadores sociales en la circunscripción desarrollan atención personalizada a las familias y mantienen un trabajo directo con los delegados y las instituciones del territorio. Aún quedan 3 367 circunscripciones pendientes por cubrir e instamos a valorar su completamiento, además de validar la Licenciatura en Trabajo Social para el curso 2024-2025».
La titular de Trabajo y Seguridad Social manifestó que, entre las dificultades detectadas en el funcionamiento de los grupos de Prevención Social en la demarcación del consejo popular, se mantienen insuficiencias en el diagnóstico de las problemáticas sociales comunitarias y prevalece el enfoque centrado en la atención con escasas estrategias de prevención y transformación.
Las intervenciones de los diputados versaron sobre la importancia de analizar las causas de las situaciones de vulnerabilidad y propiciar participación social para lograr transformación social en los territorios. Ponderaron el rol de los delegados y de los coordinadores políticos para disminuir desigualdades y consolidar la prevención social.
Indisciplinas sociales y delitos en menores en la mira
Aunque Cuba no exhibe, como otras naciones, alarmantes estadísticas que reflejen a menores implicados en hechos que tipifican como delitos o realizando actividades indebidas para sus edades, con un caso nos basta para preocuparnos y fortalecer las acciones y estrategias que impidan que crezcan esos números, aseveró la coronel Mirta Quintas Montoro, jefa de la Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior, durante su intervención en esta comisión.
La protección a los menores en nuestro país se refrenda en la Constitución, agregó, y por ello le prestamos especial atención a la niñez y la juventud desde las familias, escuelas, organismos estatales y organizaciones de masas y sociales. Quintas Montoro comentó que, dadas las problemáticas socioeconómicas y las debilidades existentes en sistemas preventivos y de protección en la comunidad, la escuela y la especialidad, se han registrado casos a nivel nacional en los que los menores han participado en hurtos, robos con fuerza, daños y tenencia de armas blancas, y en la mayoría, asociados al consumo de drogas.
Muchos proceden de familias disfuncionales, violentas y con patrones reiterados de delincuencia, y si a ello le sumamos el incremento en el consumo de alcohol y otras sustancias, el uso inadecuado de las redes sociales, los valores distorsionados a nivel familiar y social y el consumo ilimitado de canales no institucionalizados con estereotipos y estéticas foráneas, el panorama se muestra complejo, pero no imposible de afrontar, añadió Quintas Montoro.
Precisó que las indisciplinas sociales reportadas abundan en vías públicas y parques, porque estos adolescentes y jóvenes deambulan, trasnochan, alteran el orden y, para este tipo de hechos, actúan en pareja o en grupo.
«A la población le preocupa mucho este tipo de conductas irrespetuosas de normas sociales que impactan la ética y la cultura de nuestro país. Sin embargo, no siempre se muestra preocupada al ver a menores cometiendo ilegalidades como la venta ilícita de productos, pues piensa que así contribuye con la economía de la familia a la que pertenece. Es algo en lo que debemos trabajar», acotó.
Por otro lado, prevalece el repudio de la población al creciente consumo de sicofármacos, marihuana y cannabinoides sintéticos, y no de igual manera al consumo de alcohol, apuntó.
Quintas Montoro llamó la atención sobre las conductas de asedio, registradas fundamentalmente en la capital, y sobre los casos de prostitución que, en algunas ocasiones, suceden por incitación familiar.
Los diputados presentes coincidieron en la necesidad de consolidar las acciones de detección, prevención y educación a nivel familiar, escolar y comunitario, para evitar estos comportamientos. Abundaron en la urgencia de que el Sistema Preventivo de Atención Integral tenga mayor incidencia en los territorios y que todas las instancias contribuyan a elevar la efectividad de la actuación social y proactiva ante estos hechos.
