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Como afirmó el Presidente cubano la atención a las nuevas generaciones es una prioridad para nuestro Estado. Autor: Estudios Revolución Publicado: 20/07/2023 | 12:30 am
Aquella idea errada de muchas personas sobre que el Código de las Familias se concentraría solo en los matrimonios está superada, y los indicadores están evidenciando cómo se concentra en las relaciones de familias en la sociedad. Ello se demostró en los debates generados por los diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer.
José Luis Toledo Santander, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, preguntó durante los análisis: ¿Cuántos problemas no tenían solución en la sociedad cubana y el Código de las Familias les abrió una vía de solución? Precisamente, la implementación de esta ley fue presentada por el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular.
En lo informado —en presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez— existe un hilo común: si bien se ha avanzado en este proceso y existen muchos ejemplos de buenas prácticas, la capacitación y formación continua y sistemática de los operadores del Derecho es un elemento fundamental para lograr que la ley sea aplicada correctamente y cumpla la función para la cual fue diseñada.
Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, realizó una amplia exposición sobre las acciones de comunicación y de control del Código y la capacitación, lo cual ha sido prioridad del sector. Además, brindó cifras estadísticas sobre las escrituras de consentimiento para el acceso a técnicas de reproducción asistida, pactos matrimoniales, revocación de donaciones, matrimonios de personas del mismo género y uniones de hecho afectivas.
Por su parte, Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, detalló que se incrementan las acciones de supervisión y señaló que se requiere incrementar la calidad de las investigaciones de procesos civiles, familiares y asuntos notariales y los razonamientos en las escrituras de contestación de las demandas y los dictámenes.
Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, se refirió a la urgencia de aumentar la experticia y el dominio de los asuntos relacionados con el Código. En la etapa, dijo, se radicaron 19 281 procesos relacionados con el derecho de familia y predominan los procesos de divorcio, pensiones alimenticias, guarda, cuidado y regulación del régimen de comunicación con los hijos menores de edad, y guarda y cuidado a favor de abuelos y otros parientes, entre otros.
«La verdadera victoria del Código radica en su correcta implementación. Los operadores jurídicos deben contribuir a ello, porque es una norma que nos costó mucho aprobar y que a la sociedad cubana actual le hacía falta», señaló el Presidente cubano, y añadió que «muchas personas no estaban de acuerdo con esta normativa, por machismo u otras cuestiones, incluso, algunos de los que hoy son operadores jurídicos.
Sin embargo, señaló, es una garantía para las mujeres, los jóvenes, los niños, los padres, para todos. Lo importante es cumplir lo que en él se estipula. Es una ley novedosa, moderna, transversal en la sociedad. Son muchos los retos y empiezan por su comprensión, su estudio, así como la preparación y capacitación de los operadores del Derecho, agregó.
Varias intervenciones se realizaron en el plenario, entre ellas, la diputada Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, quien afirmó que ha quedado claro el espíritu crítico de los juristas en el país. «Las propias cifras del proceso demuestran que se ha avanzado paulatinamente en los desafíos que nos hemos propuesto. Sin embargo, a partir del intercambio con más de 800 abogados de ocho provincias del país, hemos identificado algunas problemáticas que hoy inciden en la implementación de la norma.
Reconoció el trabajo de las instituciones en lo concerniente a la capacitación y en la atención diferenciada de los casos. «No obstante, hemos detectado falta de preparación técnica en los profesionales del derecho respecto al Código, y ello evidencia una falta de responsabilidad a nivel individual injustificable porque para su aplicaciónes necesario conocer la norma a profundidad.
«Todavía hay demasiado apego a las normas y principios del Código de 1975 y para comenzar, debemos nosotros mismos romper con nuestros propios prejuicios, es el cambio cultural que necesitamos», refirió y añadió que existe en muchos profesionales poco manejo de las normas del nuevo Código, por lo que en la atención a determinadas situaciones, la interpretación de la norma ha sido errónea y no se le he dado solución debida a cuestiones relativas a la protección de niñas, niños y adolescentes ante circunstancias de desatención, negligencia y violencia.
«Necesitamos que desde el Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud Pública se establezcan los protocolos de actuación, porque la Fiscalía tiene la misión de investigar, pero esa protección urgente debe darse por las instituciones establecidas sin demoras».
En algunos casos, se piensa en trabajar con los padres en primera instancia, sin pensar en la inmediata protección del niño, la cual debe ser urgente, acotó. «Tenemos que avanzar en la cultura jurídica de la población y en especial, de los que trabajamos en el sector jurídico. Necesitamos una transformación profunda de las mentalidades para dar el salto que necesitamos en la implementación del Código de las Familias».
Lilian María Hernández Doejo, presidenta de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, reveló que 1600 abogados asumen la tarea de atender a las personas en la red de instituciones de la organización, y lamentablemente todavía persiste el desconocimiento entre nuestros profesionales, para lo que se desarrollan acciones de capacitación sistemáticamente.
Comentó que son mujeres la mayoría de las personas que se acercan a los bufetes para solicitar orientación o servicios en cuestiones relacionadas con la adopción y la atención a los hijos después del divorcio, por ejemplo, en cuanto a la reclamación de las pensiones para alimentos, «y es nuestro deber insistir en que la atención del padre también se relaciona con el bienestar emocional y espiritual de los hijos».
Los actuales desafíos son complejos, pero nuestros abogados se prepararán, como debe ser, para cumplir con esta misión. «Si el abogado no sabe en detalle y a profundidad lo que es responsabilidad parental, autonomía progresiva, interés superior del niño, el derecho de niñas y niñas a ser escuchados por ejemplo, su desempeño no podrá ser óptimo».
Leydis María Labrador Herrera, diputada por Las Tunas, insistió en que no solo a los profesionales del derecho hay que capacitarlos sino también a los coordinadores de los CDR, a los trabajadores de la FMC, a los delegados, a los que están en la comunidad lidiando con la población desde su espacio vital, desde el entorno familiar. «Cuba necesitaba un Código como este y progresivamente avanzaremos en su mejor aplicación», agregó.
Política de continuidad y novedad
Como una política «de continuidad y novedad, porque la niñez, la adolescencia y la juventud nunca han estado desprotegidas en Cuba», y que «apoya las aspiraciones y sueños de nuestro pueblo, sobre todo, de los jóvenes», catalogó el Presidente de la República la Política de atención integral a esos sectores poblacionales, que el próximo viernes será sometida a debate en el Parlamento.
Al participar en la presentación, debate y aprobación del proyecto de dictamen de la comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer a esa norma jurídica, el Jefe de Estado afirmó que esta propuesta es resultado de los encuentros con jóvenes de diferentes sectores de la sociedad, incluyendo expertos y los aportes de la academia.
Igualmente, una aludió a que esta es una política de Estado orientada a una parte esencial de la sociedad. Añadió que será muy importante preparar, implementar y comunicar todo lo asociado a este documento y agregó que «no es solo una Política de derechos, sino que combina derechos y deberes».
La Política tiene entre sus fines el de facilitar mejores condiciones para que los más jóvenes puedan crear su proyecto de vida en el contexto actual del país. Se proponen acciones a corto, mediano y largo plazos y abarca la educación, salud, recreación, la prevención, atención a las situaciones de violencia, entre otras áreas.
A su integralidad se refirió la Doctora en Ciencias Sociológicas María Isabel Domínguez García, quien añadió que no está pensada para una niñez o juventud homogénea, sino diversa. La también especialista del Centro de Investigaciones Sicológicas y Sociológicas reconoció su carácter interseccional y la inclusión de ejes transversales como son la raza, la pertenencia territorial, la ocupación, las condiciones de discapacidad, la orientación sexual e identidad de género, entre otros.
Por su parte, el vice primer ministro Jorge Luis Perdomo Di-Lella, quien desde el Gobierno ha seguido la elaboración del proyecto, significó que se trata de una Política de participación y protección, en cuya elaboración se tuvieron en cuenta las opiniones y criterios de más de 20 000 adolescentes y jóvenes, además de criterios de expertos vinculados a centros de estudios e instituciones.
Varios diputados reconocieron que las observaciones planteadas con anterioridad hoy se encuentran contempladas en el nuevo documento. Mientras, el Presidente cubano llamó a tener en cuenta que, por las complejidades de esta política, tendrá que aplicarse de forma gradual.
A los debates de la comisión asistieron también los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido; Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC; los ministros de Educación y de Educación Superior, Naima Ariatne Trujillo Barreto y Walter Baluja García, respectivamente, así como por Aylín Álvarez García, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC.
