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Ministras de Trabajo y Seguridad Social y de Finanzas y Precios informan a la población. Autor: Juventud Rebelde Publicado: 11/06/2021 | 07:47 am
Para abordar las modificaciones salariales en la empresa estatal, la atención a situaciones de vulnerabilidad, los precios y el peso del déficit fiscal en el contexto de inflación que vive el país, comparecieron este lunes en la Mesa Redonda las ministras de Trabajo y Seguridad Social y de Finanzas y Precios.
Al intervenir en el espacio televisivo, Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, agradeció la oportunidad de que se diera continuidad a la reciente intervención del viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, que puso en contexto la situación tan difícil que enfrenta la economía cubana y, sobre todo, cuáles son los desafíos y proyecciones.
«Una crisis que está agravada por el recrudecimiento del bloqueo y las 243 medidas impuestas para asfixiar económicamente al país, en un momento en que, además, se vive una cruel pandemia de la que Cuba no ha estado exenta, si bien el país ha podido controlar la enfermedad gracias, entre otros elementos, a las vacunas propias desarrolladas, lo cual nos ha permitido salir adelante e incluso posicionarnos en el primer lugar en cobertura de vacunación en América Latina», dijo.
Recordó que esta crisis económica no es privativa de Cuba. «Es una crisis que afecta al mundo y, por tanto, nos afecta directamente en los ingresos. No solamente se trata de cuán costosos son los alimentos, del incremento de los aranceles, sino también que, después de hechas todas las contrataciones, demoran muchísimo los productos en llegar al país».
Empleo y salario en la empresa estatal cubana
En el ámbito propio del empleo, dijo que la Organización Internacional del Trabajo ha anunciado una pérdida del 4.2% del empleo para las mujeres y del 3% para los hombres a nivel global.
«El Gobierno cubano no ha descansado ni un minuto en tratar de buscar soluciones a toda esta problemática, soluciones que no son sencillas. Nuestro país ha apostado por fortalecer la empresa estatal socialista y fortalecer la producción nacional.
«Aunque se han venido tomando medidas que son las de mayor impacto en los últimos meses de 2021, hay que recordar que en 2019 se aprobaron, con destino a la empresa estatal socialista, 28 medidas que descentralizan facultades y flexibilizan procesos.
«Después, en el 2020, fueron aprobadas 15 nuevas medidas. Hay que saber aprovechar todas estas medidas, hay que acoplarse a ese sistema integral de medidas para poder continuar avanzando».
Ello –agregó la ministra–, con la máxima que ha establecido nuestro primer secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de ir arrancándole todos los días un pedacito a los problemas.
En ese escenario –continuó–, el Ministerio de Trabajo hizo un análisis y actualizó el banco de problemas, «para ver qué más podíamos hacer o flexibilizar».
«En el ámbito del empleo tenemos una flexibilización total. Hay una descentralización de la gestión de las fuerzas de trabajo hacia las entidades, de la aprobación de las plantillas, de la contratación, flexibilización en todo lo que tiene que ver con los sistemas de pago», señaló.
Sin embargo, «nos quedaban todavía algunas trabas que ponían en desventaja a la empresa estatal socialista en relación con el resto de las formas de gestión como complemento que, además, es voluntad del Gobierno continuar desarrollando».
«Aun así, en este contexto queremos destacar que el año pasado, si bien no se cumplió el plan, se generaron 140 000 nuevos empleos. Es un esfuerzo extraordinario. No solo estamos contando los de carácter estatal, sino también los que se generaron producto del desarrollo local, una forma que también tenemos que ir potenciando e incrementando las ofertas de empleo para que las personas puedan sustentarse económicamente».
Según la ministra, se incorporaron más de 236 400 personas que estaban desvinculadas del estudio y el empleo, «pues el año pasado aumentó la motivación por el empleo, lo cual hacía muchos años que no pasaba. Es un resultado positivo que hemos evaluado».
También, de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, más de 12 600 jóvenes se incorporaron al estudio como paso previo para acceder al empleo.
Feitó Cabrera sostuvo que la aparición de nuevos actores económicos contribuyó en este proceso, pues también se están contando los empleos que generaron las mipymes, las cooperativas no agropecuarias y los proyectos de desarrollo local, así como los que son producto de inversión y la recuperación de capacidades en el sector estatal.
«Una cualidad que tiene esta incorporación al estudio, a los cursos y al empleo es que el 35% de las personas que se incorporaron son mujeres y el 59% son jóvenes. Eso lo hemos valorado como muy positivo», destacó.
Se refirió a una de las 63 medidas aprobadas para dinamizar la producción agrícola y aumentar la capacidad productiva de la empresa estatal socialista, que estaba en una desventaja total en términos de contratación y en términos salariales cuando se comparaba con la contratación y el pago del salario que podían hacer un campesino independiente, un usufructuario de tierra, un cooperativista de las diferentes formas de cooperativa existentes.
«Esta es una cuestión que hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de la Agricultura, e hicimos un modelo de gestión económica que flexibiliza tanto en lo que tiene que ver con la relación laboral como en lo salarial y, sobre todo, privilegia al trabajador que está directamente vinculado a la producción de alimentos.
«Ahí se crean los colectivos agropecuarios. Es importante destacar que ha habido mucha motivación por la creación de estos colectivos laborales agropecuarios. En estos momentos hay más de 874 colectivos creados en más de 60 empresas del sistema empresarial, que incluyen a más de 9 500 trabajadores».
Destacó que el resultado ya es visible. «Se ha incrementado la producción de alimentos, aunque todavía no en las proporciones y dimensiones que queremos».
Insistió en que ha habido una alta motivación de los trabajadores por ese colectivo laboral. «Es el jefe de ese colectivo que, inclusive, está seleccionado por acuerdo de quienes lo integran. Es el que puede, junto al resto de los trabajadores, aprobar el sistema de pago que allí se acuerde, el momento o la periodicidad con que se va a pagar el salario».
«Es un diseño propio de ese colectivo. De ese modo, se va poniendo a este actor estatal en iguales condiciones. No hay que esperar por que el jefe de la empresa apruebe el sistema de pago, sino que ellos lo hacen, el propio jefe del colectivo, quien también tiene la posibilidad de que en determinado momento en que se requiera una fuerza de trabajo adicional (por estar en pico de cosecha o de siembra, por ejemplo), tiene la facultad de contratar esa fuerza de trabajo», apuntó la ministra.
De hecho –prosiguió su intervención–, «se oficializa la figura del gestor de fuerza de trabajo, esa persona que contribuye (porque verdaderamente esa empresa que está en el campo no puede estar dedicándose a gestionar todo el tiempo, sino que puede auxiliarse de otra persona que ya le facilita esta fuerza de trabajo). Se hacen los acuerdos, se establecen las formas de pago, se establece la periodicidad del mismo. Es un diseño muy particular que tiene cada uno de estos colectivos».
Destacó, además, que ha habido un retorno de trabajadores que anteriormente estaban en el sector estatal de la agricultura y lo habían abandonado porque estaba deprimido, los ingresos eran insuficientes y no cumplía sus expectativas. «Estas personas están retornando y ello va a generar no solamente producción en el sector agrícola, sino también en el agropecuario, es decir, de manera integral en todo el sistema», dijo.
«Actualmente se está llevando de una manera exhaustiva el control para evaluar los impactos que va teniendo esta medida. El Ministerio de la Agricultura ha sido muy celoso en el seguimiento y cumplimiento de estas medidas. Es algo que está empezando, pero debe dar mejores resultados mientras avance el año».
Esos colectivos ya están en similares condiciones independientemente de la forma de propiedad y gestión que tiene esa tierra, agregó.
La otra medida, una de las que más expectativas ha creado, es la facultad de descentralizar la organización salarial de los trabajadores del sistema empresarial, «que se traduce como muchas personas lo dicen en la eliminación de la obligatoriedad de aplicar la escala salarial».
«Una escala salarial con la que muchos trabajadores del sistema empresarial están inconformes. Con ella y su cuantía. Cuando hicimos un mapeo de los actores económicos y vimos las comparaciones en cuanto a la seguridad social y otros parámetros, veíamos que desde el punto de vista del salario estaban en desventaja en relación con el sector no estatal.
«Se habían dado pasos, se habían eliminado los límites administrativos al salario que condicionaban los sistemas de pago… Después vino el tema de la distribución de utilidades, al que ya se le quitó el tope, y después, la conformación del salario estructurado en una parte fija asociada fundamentalmente al salario escala más los pagos adicionales y una parte móvil del salario que tiene que ver con la aplicación de los sistemas de pago a destajo o con la aplicación de los sistemas de pago por resultados.
«Esta última es otra de las medidas que ahora estamos implementando, pero con un orden diferente a como estaba antes, y el pago adelantado de utilidades», explicó.
Señaló que en el sistema empresarial los trabajadores deben ocuparse más de la parte móvil del salario, porque esta no tiene límite, ese lo pone la eficiencia, por lo que entre más productivo sea el trabajador y más eficiente sea la empresa, más puede ganar sin límite.
«Entendimos que si en el sector no estatal podía fijar el salario la persona al frente del negocio o la actividad, ¿por qué no podía ser así en estos colectivos?. Entonces, descentralizamos esta actividad. Es una medida audaz, que en Cuba no tiene precedente».
Pero –aclaró–, esta medida no puede verse al margen de la organización del trabajo.
«Tiene que venir acompañada de un balance de carga y capacidad para saber qué plantilla requiere la entidad realmente, porque si malo es que en el sector presupuestado haya trabajadores que no tienen contenido para ocho horas, igual de perjudicial es en el sector empresarial, porque están gravitando los resultados de la empresa sobre personas que están improductivas innecesariamente. No se puede desconectar la organización del trabajo con el diseño de puestos, las mejoras desde el punto de vista del tiempo y el flujo del proceso. No se puede fijar el salario al margen de eso», apuntó Feitó Cabrera.
«Ello tampoco significa que ahora los trabajadores van a ganar más haciendo lo mismo, o que van a ganar más porque van a incrementar los precios de los productos que venden. Ese no es el sentido de esta medida, que busca que, a partir de una adecuada gestión de los recursos humanos, ello conduzca a desatar las fuerzas productivas, a que las personas produzcan más y las empresas tengan mejores resultados.
«Esos resultados van a tributar directamente a la población, porque de lo que se trata es de lograr un incremento de bienes y servicios de cara a la población».
Explicó que hay un grupo de principios para fijar el salario, relacionados con la organización del trabajo y los salarios. Hay cargos en una entidad que son la razón de ser de la misma y esa fuerza tiene que estar jerarquizada, porque es el centro de la actividad.
«La complejidad del trabajo es muy importante, unida a la no discriminación, lo cual obedece a los principios de derecho del código de trabajo. Otro de los principios es la diferenciación, donde, además, de la complejidad del trabajo, se toman en cuenta elementos como las condiciones del puesto de trabajo», señaló.
Asimismo, mencionó la idoneidad demostrada, pues todos los trabajadores no tienen la misma capacidad de trabajo, el aporte individual, la proporcionalidad en dependencia de la cantidad y el tiempo de trabajo y la dinámica.
Sobre este último aspecto, aclaró que el hecho de que se fije ese salario no significa que es inamovible y que no se pueda, en la medida en que la empresa crezca, hacer que los salarios lo hagan también, no solamente por el pago de utilidades o sistemas de pago, sino del diseño de esa escala salarial.
«Para aplicar este sistema hay condiciones. En primer lugar, no planificar pérdidas ni disminuir los niveles de utilidad.Tampoco puede afectarse el aporte por el rendimiento de la inversión estatal o el pago de los dividendos, en el caso de los socios para la inversión extranjera», precisó Feitó Cabrera.
Según la ministra, en 2021 entraron de inicio un grupo de entidades del sector del turismo, de las FAR y BioCubaFarma, que fueron las punteras. Después se incorporaron un grupo de entidades de prácticamente todos los sectores, incluyendo empresas de subordinación local.
«Hubo un despegue en ese sentido, pero la norma establece que para 2022 ya no se requiere de la autorización que al principio se necesitaba por el Consejo de Ministros. En la medida en que van cumpliendo las condiciones y se va haciendo el rediseño, las empresas pueden aprovechar esta facultad de una medida tan revolucionaria».
Subrayó que debe existir una plena participación de los trabajadores, al margen de los cuales no se puede implementar esta medida, «porque incluso esa organización salarial se aprueba en el consejo de dirección, previo acuerdo con el sindicato, además de que se lleva al convenio colectivo de trabajo. Ello significa que los empresarios adquieren una altísima responsabilidad».
Aun con los avances, en este periodo se han detectado desviaciones de lo previsto en la política.
Según la ministra, el año pasado hubo 197 entidades que ya aplican este sistema, y más de 275 000 trabajadores están sujetos a este beneficio, el 18% del total del sector empresarial, algo todavía insuficiente.
