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Los participantes en el encuentro aseguraron que se está en condiciones de trabajar coherentemente con los cambios económicos, sociales y jurídicos que promueve la nación. Autor: Estudios Revolución Publicado: 09/08/2021 | 11:20 pm
Un mañana de retos, diálogo y reflexiones tuvo lugar este lunes en la sede de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Por más de cuatro horas se desarrolló allí un intercambio entre el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y una amplia representación de profesionales y estudiantes del sector jurídico, que devino en debate amplio y diverso, en espacio para escuchar y proponer ideas.
Justamente a seguir perfeccionando nuestra sociedad, también desde el hacer de los juristas, convocó el Jefe de Estado, porque resulta vital dotar de la necesaria fortaleza jurídica todo cuanto hagamos en el país.
Y en ese camino sugirió encauzar los análisis hacia desafíos como el de lograr una participación cada vez mayor en el ejercicio legislativo; acompañar desde su nacimiento el desarrollo de leyes y políticas públicas; la inclusión mucho más activa en la confección de normas jurídicas de los organismos para que, desde el primer momento, tengan la robustez que requieren; la búsqueda constante de más canales de participación ciudadana; la creación de contenidos propios en las redes sociales que permitan desmentir las campañas de descrédito; así como la necesaria capacitación que se debe promover en las direcciones jurídicas de los organismos.
El derecho es transversal a todos los procesos que tenemos, y todo lo que vamos a hacer requiere de una fortaleza jurídica, valoró Díaz-Canel. Dentro del derecho —dijo— hay que ver también la interdisciplinariedad, porque están el derecho penal, el derecho constitucional, el derecho económico, el comercial…. y en tal sentido tiene que existir «un sistema de trabajo en las direcciones jurídicas que convoque a otros para que podamos lograr transversalidad e interdisciplinariedad».
Hagan propuestas —enfatizó— sobre cómo armonizar esas cuestiones y cómo logramos un sistema de capacitación más directo en los temas de derecho, pero también en las maneras de hacer, en las buenas prácticas, para que el derecho apoye integralmente todos los procesos.
«Aquí estamos, prestos para escuchar y también compartir», aseguró el mandatario, durante el encuentro que da continuidad a otros que desde la semana anterior se han propiciado con representantes de diferentes sectores de la sociedad.
Problemas, retos, soluciones...
Con la seguridad transmitida por José Alexis Ginarte Gato, presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, de que «trabajaremos por ser mejores servidores públicos», las intervenciones ratificaron las potencialidades que tiene la Organización para desplegar el trabajo que de sus integrantes demanda en la actualidad el país.
Tenemos 11 sociedades científicas que son centros de investigación jurídica y muchos de sus resultados hoy constituyen aportes para el intenso programa legislativo que se ha sostenido en el país, comentó Ginarte Gato.
Los retos son muy intensos —aseguró— pero estamos en condiciones de trabajar coherentemente con los cambios económicos, sociales y jurídicos que promueve la nación.
Como parte de esos desafíos, el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, subrayó la importancia de la preparación de los juristas para que las normas que se emitan tengan la calidad y fortalezas requeridas; y también para, a su vez, contribuir a preparar a los demás, un espacio donde todavía tenemos dificultades.
Necesitamos de asesores jurídicos implicados, útiles, proactivos... explicando, detallando, diseñando, porque ya sabemos que la norma jurídica no tiene como destinatario al jurista, reflexionó. «Hemos ido dando pasos, pero todavía insuficientes, hay que acelerar eso y hacer más».
En lo referido a la capacitación, el Presidente de la República pidió de manera especial potenciar la preparación jurídica de quienes dirigen, tanto entidades como organismos, pues los cuadros deben tener cultura jurídica que le permitan detectar dónde puede existir alguna falla o fisura.
Justamente en lo referido al asesoramiento legal, la doctora Marta Moreno Cruz, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, aseveró que es un tema fundamental, que requiere —a partir de la restructuración de nuestro modelo y la aparición de nuevos actores económicos, no solo estatales—, de un estudio y un reanálisis más profundo, asociado a varios elementos, el primero de ellos desde la propia preparación de pregrado en la Facultad.
Es un área novedosa —acotó— los propios profesores no dimos esas asignaturas y hemos aprendido sobre esos temas con el decursar del tiempo.
«La formación de pregrado en el área de Derecho de la Economía tiene que fortalecerse, no solo desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista de la profesión», valoró. Hemos ganado muchísimo en el ejercicio de la profesión, pero fundamentalmente en sectores vinculados con nuestra especialidad, y el asesoramiento jurídico tiene una gran dispersión que debe ser vista en toda su dimensión.
El asesoramiento jurídico no es solo para la preparación de las nuevas normas y va desde la creación misma de las empresas hasta la contratación económica, un tema de vital importancia y en el que también tenemos problemas, estimó.
Sobre el asunto, ampliamente expuesto y debatido por varios de los participantes en el encuentro, se valoró, además, que los problemas no son solo de capacitación, de entendimiento, de mejores herramientas técnicas y científicas, sino de que se acabe de entender que el papel del Derecho no es de agrego o coyuntural, sino que está en el ADN de todo lo que se haga.
Las reflexiones llevaron entonces por el camino de que el gran problema de la asesoría jurídica no es solo la capacitación, no es solo el modelo de asesoría, sino que pasa, además, por una realidad que demuestra que los equipos jurídicos están deprimidos en muchos lugares, no tienen la suficiente cantidad de personas, y cuando las tienen, no siempre son las idóneas. Mientras no se entienda la necesidad de ese fortalecimiento, ninguna acción cumplirá definitivamente su función.
Tras esos derroteros, Yanet Alfaro Guillén, directora de Servicios Legales del Bufete Internacional del Ministerio de Justicia, explicó que siempre «la asesoría jurídica ha requerido de juristas integrales, pero en este momento se hace imprescindible un esquema de consultoría jurídica y de asesoría jurídica de juristas especializados».
En este momento —estimó— todos los sectores y ámbitos en los que tienen incidencia sistemas normativos en el país se están especializando, y para introducir un cambio legislativo viene un paquete normativo en el cual no somos expertos ni dominamos todos los juristas a cargo.
Incuestionable y decisiva se ha demostrado que es la participación de nuestros juristas para encauzar y fortalecer los más diversos temas que distinguen a la sociedad cubana. De ahí que el diálogo tocara asuntos como la necesidad de ampliar los mecanismos de participación ciudadana más allá de la formalidad.
En relación con la creación normativa y vinculado con la participación, el Doctor Yuri Pérez Martínez, profesor de la Facultad de Derecho, consideró, por ejemplo, que no solamente tenemos que someter a discusión un proyecto cuando sea publicado y por la totalidad de la población; tenemos disímiles fórmulas para hacerlo.
«La participación depende del rol del sujeto en la sociedad, no tiene por qué ser una participación homogénea», subrayó. En tal sentido, ejemplificó con las normas de las Mipymes, que tienen como destinatario a un sector específico; lo más coherente hubiera sido ser capaces de socializar las normas, y de generar una participación de los implicados en ellas.
Desde el Derecho y sus muchas aristas para guiar, para encauzar, se habló con transparencia y legitimidad, buscando siempre las mejores maneras para fortalecer nuestro Estado socialista de derecho, democrático e inclusivo.
La idea de emplear el Derecho Internacional Público como una herramienta técnica para la defensa a nivel internacional de nuestra soberanía como Estado, fue defendida por Desiree Llaguno Cerezo, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, quien relacionó el tema con la necesidad de sustituir el discurso trillado del bloqueo por el discurso técnico del Derecho Internacional Público.
Hoy solo hablamos de la Ley Helms-Burton que es un elemento esencial —detalló— pero constantemente tenemos nuevas normas que impactan en la vida de nuestra sociedad, no solo en el comercio que puede llevar a cabo el Estado, sino en la vida de nuestros individuos, en los trabajadores por cuenta propia, por ejemplo, o en el desarrollo de nuestra economía doméstica, y tenemos que socializarlas y divulgarlas.
Con estos argumentos, razonó, también podemos dar una gran batalla en las redes sociales; poner en ellas nuestra realidad y la verdad de la injerencia directa de Estados Unidos y otros gobiernos en las relaciones internas de nuestro país y en nuestras relaciones internacionales.
Es un enfoque novedoso —reconoció el Presidente Díaz-Canel— que puede permitir a los diferentes organismos también encontrar interpretaciones del bloqueo desde el Derecho Internacional.
Útiles y muy certeras resultaron las más de una veintena de intervenciones que se suscitaron. No por casualidad, Marcos Caraballo de la Rosa, vicefiscal general de la República de Cuba, consideró el intercambio como una clase.
Una reunión como esta —argumentó— nos pone a pensar en que tenemos que salir de aquí a hacer inmediatamente y tratar de darle respuesta a los problemas de nuestras instituciones.
Satisfacción, compromiso y retos, muchos retos, dejó en los presentes el intercambio. A ellos agradeció el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista por acudir a la convocatoria «para discutir y, sobre todo, perfilar temas complejos para el país, que llevan un impulso y tienen que tener un análisis de pensamiento».
Estudiantes y profesores del sector jurídico también expresaron sus preocupaciones. Fotos: Estudio Revolución.
