El llanto de las cotorras (I)

Se acomoda en la butaca de su casa y todavía un tanto receloso acepta dialogar. «Compraba a 50 pesos los pichones de cotorra que me traían los cazadores furtivos durante los primeros 20 días de mayo, porque después de esa fecha podían enfermarse, y perdía entonces la inversión».

Juan Soa* dedicó parte de su vida a trasladar estas aves desde la Isla de la Juventud hacia La Habana. Hoy aviva los recuerdos y comenta que, al parecer, esas personas tenían marcados los nidos, pues siempre aparecían por esa fecha.

«Seguro conocían muy bien los senderos, porque nunca escuché que hubieran sorprendido a alguien sacando pichones del sur, que es la zona donde operaban», asegura.

Con cara de culpa, Juan explica que en esa época siempre adquiría de cinco a 20 pichones, los drogaba con un cuarto de diazepam media hora antes de viajar, y los introducía en una caja de cartón común y corriente, con agujeros.

«Llevarlos para la capital era otro asunto», dice y sonríe. «En el barco era fácil porque en aquel entonces no se registraba con profundidad como hoy. Te miraban el pasaje y el equipaje si era grande o sospechoso, pero en el avión —sube las cejas y abre los ojos— era más complicado, aunque con suerte podías lograrlo, cosa que ahora es imposible».

¿Ganancias? Por supuesto, reconoce. «En La Habana recorría los barrios donde vivían extranjeros como El Sierra, en Boyeros, y les vendía los pichones a 800 pesos cada uno. Si la cotorra era adulta, tenía buen plumaje y hasta “hablaba”, el modus operandi era el mismo, pero el precio podía variar desde 50 pesos convertibles hasta 80».

Cuenta Soa que, cuando pasaba el mes de mayo, otra forma de conseguir las cotorras para el negocio era visitar las casas y preguntar si vendían el animal. «Muchos lo hacían pero otros no, y en esos casos, cuando las ponían en los balcones o portales, nos la llevábamos sin más».

La cuestión era ganar dinero fácil, afirma. «Las cotorras son muy codiciadas en los hogares, y nosotros las llevábamos a domicilio. Vendíamos el ave y a veces, en vez de efectivo, nos daban ropa, zapatos y otros artículos que tenían salida rápida».

—En la actualidad…

—No, no, no— interrumpe. «Ya no me dedico a eso, reconozco que hice mal, pero cuando uno es joven no las piensa y hace cualquier cosa por ganarse unos pesitos».

Soa «engordó» sus bolsillos durante buen tiempo con la compraventa de cotorras, una especie de la avifauna nacional que figura en el apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), de la cual Cuba es firmante y fiel veladora por su preservación.

Coterráneos suyos, según reportes de la prensa local en la Isla de la Juventud, se dedican ahora con mayor frecuencia a trasladar hacia La Habana carne de cocodrilo, tarros de venados y un caracolillo al que le dicen cinturitas y que usan algunas personas con determinadas creencias religiosas.

¿Por qué ocurren hechos de esta índole y cuál es su repercusión social? ¿Permite la ley la comercialización de la fauna en algún caso? ¿Qué sucede con quienes ofrecen en las ferias de artesanía objetos cuya confección demanda el empleo de recursos naturales como este? ¿Se conocen las leyes que protegen la fauna y sus sanciones? ¿Cuánto le falta a esta legislación para adecuarse a los tiempos actuales?

Con esas y otras incógnitas en la agenda, JR salió en busca de especialistas que pudieran brindar luces sobre este grave fenómeno, pues no solo en el Municipio Especial se identifican casos de tráfico de especies protegidas, según confirman el Cuerpo de Guardabosques, el Servicio Estatal Forestal y otras entidades.

Muchos como Juan, sobre todo jóvenes, burlan las leyes ambientales e incluso aduanales, con tal de elevar sus ingresos, aun a costa del patrimonio natural de la nación.

Azulejos, mariposas, tomaguines…

El tráfico de madera, de carne de cocodrilo, de masa de cangrejo y de animales vivos como distintas aves, jicoteas o jutías engrosa la lista de fechorías que ha debido enfrentar el guardabosques, matancero Yoel Hernández Troya.

«Pensé que lo había visto todo, pero no olvido que hace poco, en una revisión de rutina a un vehículo durante una de mis guardias en El Peaje, ubicado entre Jagüey Grande y la Ciénaga de Zapata, iba una mujer que no quería que se le registraran sus pertenencias. Insistí y, al revisar una olla de presión, encontré cuatro pichones de cotorra, que eran trasladados de la Ciénaga a otros lugares para su comercialización».

Hernández, quien pertenece al Cuerpo de Guardabosques de Matanzas, radicado en el kilómetro 128 de la Autopista Nacional, explica que los pichones emplumados de cotorra se venden a 50 pesos convertibles, mientras que los que están sin emplumar cuestan la mitad de ese precio, por lo que es muy común tropezarse con este tipo de «trastadas».

Sin embargo, no es necesario salir a la «caza» de historias como las descritas anteriormente, en otros territorios del país. En los más disímiles lugares, cualquiera de nosotros puede haber sido testigo de estas acciones de compraventa de aves y otros animales.

Numerosos son los casos de este tipo que enfrenta a diario el Cuerpo de Guardabosques de Cuba, sentencia Lilian San Martín, especialista del Departamento de Gestión de la Protección de los Recursos Naturales de este órgano del Ministerio del Interior (Minint).

La especialista evoca que el año pasado, en el municipio espirituano de Cabaiguán, se detectaron 109 ejemplares de aves en cautiverio en el domicilio de un ciudadano, reincidente en actividades ilícitas de recolección, tenencia, transporte y comercio de especies de la fauna.

«Azulejos, mariposas, tomeguines de la tierra, monjitas tricolor, dameros, degollados, negritos, tojosas, mayitos, bijiritas trepadoras, gorriones de padrea… Las aves se hallaban en período de adaptación en jaulas y jaulones con la finalidad de venderlas dentro y fuera del municipio».

En un operativo realizado en el municipio de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, agrega, se ocuparon en el domicilio de dos ciudadanos 14 cotorras, las que pretendían comercializar en la capital a un precio de 50 pesos convertibles cada una, aun reconociendo el carácter ilegal de esta actividad.

San Martín comenta que recientemente se detectó en el Aeropuerto de Schiphol, en Holanda, un cargamento de 196 piezas de conchas de quelonios, escondidos en peces de papel procedentes de Cuba con destino a China, sin que existieran los documentos de autorización, lo que demuestra que su labor trasciende las fronteras del bosque.

—¿Cuáles son las condiciones que propician estas manifestaciones delictivas?

—La caza y la pesca furtivas mantienen un impacto negativo, principalmente en aquellas especies que se comercializan para consumir como alimento. También ha aumentado la captura ilegal y recolecta de aves cantoras y de plumajes exóticos.

«Estamos conscientes de que el recurso natural más desprotegido es la fauna silvestre, pues carecemos de instrumentos jurídicos eficaces. Existen además deficiencias en el control de la actividad cinegética (la caza autorizada). Ello crea una situación compleja asociada a especies que se emplean para esta actividad y son de carácter migratorio, muchas sujetas a convenios internacionales».

La víctima mayor es nuestra biodiversidad, añade San Martín. «En varios casos se convida a adolescentes para que vayan al bosque a cazar los animales, pues los inescrupulosos saben que a los menores no se les puede aplicar la Ley, sino a sus padres o tutores legales».

—¿Cuál es la respuesta ante esos casos?

—Bajo el amparo del Decreto-Ley 268 de la Ley Forestal, se le decomisa la jaula al infractor, liberamos al ejemplar y le imponemos una multa al adulto mandante. Lo que sucede es que la cuantía es baja, teniendo en cuenta que esas personas obtienen significativos beneficios con la venta de esas aves.

«Por eso, en no pocas ocasiones encontramos a la misma persona cometiendo la misma violación, no solo en lo relacionado con las aves, sino también con la caza de jutías, cocodrilos y venados, entre otros, para el consumo y venta de su carne».

Ojos que controlan

En Cuba, la utilización sostenible de las especies de especial significación para la diversidad biológica del país es fiscalizada por el Centro de Inspección y Control Ambiental (CICA), perteneciente a la Oficina de Regulación Ambiental y Seguridad Nuclear del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma).

También participan en el control las Delegaciones territoriales del Citma y en los casos de Artemisa y Mayabeque sus órganos locales del Poder Popular. Asimismo, la Oficina Nacional de Inspección Pesquera, el Cuerpo de Guardabosques de Cuba, el Servicio Estatal Forestal y la Dirección Integral de Supervisión y Control.

Estas entidades, refiere el especialista Alejandro López-Gavilán Graniela, son además las responsables del otorgamiento de las licencias ambientales para las especies contenidas en el Apéndice I y II de la Resolución 160/2011 del Citma: Regulaciones para el control y la protección de especies de especial significación para la diversidad biológica en el país.

El joven asevera que las especies que aparecen mencionadas en los dos apéndices de esta Resolución se preservan, ya sea por su endemismo, por hallarse amenazadas o en peligro de extinción, por su representatividad en los ecosistemas, sus elevados valores ecológicos, económicos o de otra índole; o por encontrarse protegidas por los convenios internacionales.

«En ambos casos se incluyen todas las especies, sus partes y derivados presentes en Cuba, según los distintos protocolos internacionales. En el caso específico del apéndice uno, se incluyen las especies que se encuentran en peligro o en peligro crítico, y solo podrán usarse con fines de investigación.

«En el dos, están las consideradas como vulnerables, las que aún no estando evaluadas para determinar su grado de amenaza, poseen altos valores ecológicos o económicos, y exista o pueda existir determinada demanda».

López-Gavilán Graniela expone también que es misión del CICA otorgar las autorizaciones en relación con las especies contenidas en el apéndice II, cuando se pretendan realizar actividades en áreas que involucren territorios de más de una provincia, o se trate de una especie protegida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestres (Cites) u otros convenios internacionales.

«Igualmente aprueba todas las solicitudes para la exportación y la importación de especies, el control de los registros de criaderos, viveros, granjas, exhibiciones itinerantes, circos y otros establecimientos o actividades afines, así como los usos, incluidas las actividades de manejo y conservación, en los que intervengan personas naturales o jurídicas extranjeras», indica.

El experto explica que las delegaciones territoriales del Citma y los órganos locales del Poder Popular de Artemisa y Mayabeque otorgan estas licencias siempre que el uso o las actividades de manejo y conservación tengan lugar dentro de la provincia y sean realizadas por personas naturales o jurídicas nacionales de ese territorio.

«El control de los usos y las actividades de manejo y conservación de las especies reguladas se realizan mediante el otorgamiento de una licencia ambiental para las actividades de caza, captura, colecta, reproducción, cría, tala, transporte, comercio, así como cualquier otra forma de utilización o cualquier actividad de manejo o aprovechamiento de las especies.

«Las autoridades científicas facultadas para realizar la Evaluación Ambiental en el proceso de otorgamiento de las licencias ambientales son el Instituto de Ecología y Sistemática en lo concerniente a las especies de la diversidad biológica terrestre y dulceacuícola, y el Instituto de Oceanología, para las marinas».

López-Gavilán Graniela añade que para el otorgamiento de las licencias se tiene en cuenta el dictamen de la autoridad científica y especifica que en los territorios donde no se disponga de este documento se consultan a expertos en la materia.

Alerta que cuando la persona natural o jurídica no presenta la licencia o la posee sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos, la Aduana General de la República aplica el decomiso de la especie que se pretenda exportar y retiene el documento presentado, para proceder de inmediato a realizar la entrega a la entidad conveniente.

Con relación a esta legislación, el experto asevera que aún existe desconocimiento de su existencia en la población, sobre todo entre los artesanos cuentapropistas, quienes son los que más la violan, según reportes de las inspecciones realizadas por el CICA.

«Hemos llegado a ferias de artesanía como las capitalinas de El Gato Tuerto, la de 23 y M, y la de Pabexpo, o a las de algunas provincias como Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba y Artemisa, y constatamos que en sus obras emplean sin autorización algunas especies como la sigua, polimitas, cinturitas (moluscos), estrellas de mar (equinodermo), muelas de cangrejo moro (crustáceo) y gorgóneas.

«En situaciones como estas se procede a la aplicación del Decreto-Ley 200 De las contravenciones en materia del Medio Ambiente. Podemos multarlos o imponerles una obligación de hacer, según la infracción. Casi siempre por vez primera realizamos esta última acción, y entregamos un documento que obliga a la persona a deshacerse de esa mercancía en el plazo de 30 días. Si no cumplen con lo notificado, se puede imponer una multa de 200 a 500 pesos, decomisar la mercancía y hasta expulsar al infractor del centro».

Animales en el equipaje

¿Se imagina andar con 148 aves adheridas a su cuerpo, cada una adormecida y «guardadas en el interior de un tubo de desodorante agujereado que usted mantiene pegado a sí con una cinta adhesiva? Así pretenden extraer del país tomeguines, azulejos, sinsontes, cateyes y otras aves quienes se las ingenian para pasar desapercibidos en las terminales aeroportuarias.

Disfrazar las aves en los equipajes, como suelen hacer con cocodrilos y otros animales disecados y caracoles, es otra manera de actuar, a la que pueden sumarse otras muy disímiles, pues la exportación ilegal de nuestro patrimonio natural es una de las acciones que con mayor frecuencia debe enfrentar el personal aduanero.

Isabel Beltrán Collazo y Suset López Carabeo, especialistas principales de la Aduana General, revelan que fueron 153 los casos de este tipo registrados en el país el año pasado, ante los que este órgano de control está facultado para actuar, a través del decomiso, con la imposición de multas y la denuncia del hecho.

«Nuestro país es signatario del Cites, convenio mediante el cual se determinan las cuotas de exportación de las especies, estén vivas, muertas, completas o por partes. Es el CICA la entidad encargada de regular estas cuotas y las de importación, al igual que sucede en otras naciones», explica López Carabeo.

—En el caso de que un pasajero desee exportar un ejemplar de nuestra fauna, ¿cuál es el proceder que debe seguir?

—El viajero debe portar el certificado de autorización, emitido por el CICA, que es el documento que avala la salida del país de alguna especie. Si esta integra la lista de las que se encuentran en peligro de extinción no se le otorgará el permiso, y de querer hacerlo de todos modos, el ciudadano incurriría en un delito.

En el 2013, refiere Beltrán Collazo, se decomisaron 1 815 especímenes por esta razón, de los cuales 1 637 fueron moluscos, caracoles quinconte, tritón, cobo y polimitas. «Se incautaron además 154 huevos de aves, 363 piezas de artesanía con elementos naturales sujetos a regulación, 32 invertebrados, entre ellos estrellas de mar y carapachos de carey, así como 42 piezas de reptiles disecados».

De enero a mayo de este año, precisa Beltrán Collazo, se han registrado 81 infracciones de este tipo, en las que hemos confiscado 229 moluscos, 249 huevos de aves, 34 animales disecados, cien piezas de artesanía, 66 tomeguines, dos kilogramos de conchas de carey y 82,2 kilogramos partes de cobo.

—¿Cuáles son los métodos de los que dispone la Aduana para detectar este tipo de casos?

—La técnica radiológica nos permite detectar este tipo de acciones asociadas al equipaje, y con el método de revisión física al pasajero tratamos de complementar nuestra labor de enfrentamiento, a la que realmente le aporta mucho la pericia del personal aduanero.

«Los casos que se han detectado en la Aduana Postal y Envíos han sido posibles también por los equipos de Rayos X y por la experiencia acumulada en el uso de este tipo de detector para el enfrentamiento», acota Beltrán Collazo, quien resalta que la importación ilegal de especies es un aspecto importante de las acciones de control en las terminales aeroportuarias.

Detener la comercialización de nuestra fauna es una misión impostergable para la sociedad. La actuación de las autoridades y las instituciones relacionadas con el tema resulta clave en este empeño, pero también lo es el hecho de que la población actúe con todas sus energías contra esos actos que ponen en peligro a especies de nuestra fauna. ¿Será necesario reforzar más la actuación legal contra este fenómeno?

*Nombre ficticio del entrevistado