Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

La tarea por delante es grande: definir la sociedad socialista que queremos construir, el modelo económico y asegurar la irreversibilidad de la Revolución, afirmó el General de Ejército Raúl Castro, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, al clausurar el tercer período de sesiones de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La proyección estratégica de esta reunión del Parlamento tuvo un momento fundamental en la aprobación por unanimidad de la Ley de la Contraloría General de la República, que abre una etapa superior en la necesaria lucha contra la corrupción, para la salvaguarda de la Revolución Cubana, según alertó Ricardo Alarcón de Quesada, presidente del máximo órgano legislativo, al valorar la misma.

Alarcón significó que esta Ley estimulará un movimiento consciente de la sociedad cubana contra la indisciplina, la corrupción y las negligencias que minan el patrimonio del Estado y el pueblo.

Hay que verla, según sus palabras, en el contexto de la lucha contra la inveterada obsesión del imperialismo para dañar nuestra Revolución desde sus inicios.

Mediante esta Ley se sistematiza, con métodos altamente jerarquizados, el control económico y administrativo de los bienes y recursos estatales que urge a nuestra sociedad.

A la saneadora fiscalización de la Contraloría General de la República, con autonomía orgánica, funcional y administrativa respecto a las demás instituciones del Estado, no escapa estructura ni organización alguna que administre o custodie fondos públicos.

La Contraloría, que se estructurará verticalmente, subordinada solo a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado, dirigirá, organizará, controlará y ejecutará de manera directa las acciones de auditoría, supervisión y control que se requieran, con la debida discreción, conforme a los principios de imparcialidad, objetividad y unidad de actuación, a fin de salvaguardar los intereses del Estado, y de las demás personas naturales y jurídicas sometidas a sus acciones.

Entre los aspectos más significativos de la Ley, está el derecho que otorga al ciudadano de poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, los actos de presunta corrupción administrativa u otras ilegalidades relacionadas con los recursos materiales y financieros públicos que por cualquier motivo conozca. Con ello se le da la posibilidad de reclamar ante los órganos judiciales o administrativos, que se le repare e indemnice por el daño moral, material y financiero causado.

La presentación del proyecto de Ley la hizo el recién electo —por unanimidad— secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez, quien destacó el proceso democrático que caracterizó su elaboración, con los aportes de los organismos de la administración central del Estado, organizaciones de masas, dirigentes y funcionarios del Poder Popular a todos los niveles, diputados, y otras entidades.

Precisó que la Contraloría, que sustituirá al Ministerio de Auditoría y Control, no exonera la responsabilidad de funcionarios y cuadros estatales en el control estricto sobre la administración de los recursos públicos.

En nombre de las Comisiones parlamentarias de Asuntos Económicos y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, José Luis Toledo, presidente de esta última, presentó el dictamen acerca de la Ley, y alertó que esta debe tener una aplicación permanente y consciente, para la preservación de nuestro Socialismo.

Los análisis de los diputados convergieron en la necesidad de que esta conquista normativa no quede en letra muerta y se haga carne y sangre de la vida cotidiana, con gran protagonismo de los trabajadores y pueblo en general, por la significación política que trasunta.

El diputado Lázaro Barredo sugirió que en posteriores resoluciones y derivaciones para su aplicación, se tenga en cuenta la obligación de la declaración patrimonial de bienes por parte de los funcionarios estatales.

Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado, manifestó que no basta con que aprobemos esta Ley si mañana es letra muerta. Es la expresión de la voluntad política de poner orden, que este país funcione mejor y los recursos se preserven, con la participación del pueblo.

La Asamblea eligió unánimemente como Contralora General de la República a Gladys Bejerano, quien desempeñaba el cargo de Ministra de Auditoría y Control.

También los diputados llamaron a los Parlamentos y pueblos del mundo a solidarizarse con la causa de nuestros Cinco Héroes prisioneros en cárceles de Estados Unidos.

El documento explica detalles del injusto y amañado juicio al que fueron sometidos y los vejámenes sufridos en 11 años de prisión.

Igualmente, relaciona los pasos que se han dado para que se realice un justo proceso judicial. Y señala que, al negarse la Corte Suprema a revisar el caso, prácticamente se cierran todas las avenidas legales para su solución: solo quedan las próximas resentencias a Ramón, Antonio y Fernando ante la misma jueza de Miami.

«Entramos en una nueva fase en la que es mayor la responsabilidad de la Administración y específicamente la del presidente Obama», señala el documento.

«El Presidente tiene la facultad constitucional y la obligación moral de hacer justicia. Él puede y debe hacerlo. Para ello debe disponer que sean retirados los cargos esgrimidos contra nuestros compatriotas que ya fueron severamente cuestionados por la Corte de Apelaciones, y por su predecesor en la Casa Blanca. Tiene que hacerlo si intenta proyectar una imagen de cambio hacia América Latina y el mundo», precisa.

Igualmente, los diputados expresaron su solidaridad con el pueblo hondureño y reconocen el derecho de este a la resistencia frente a la tiranía, y a gobernarse a sí mismos en ejercicio de su autodeterminación.

En este sentido llama a todos los Parlamentos de América y del mundo a exigir al gobierno de Estados Unidos que cese su intervención en Honduras, deje de prestar apoyo militar a los golpistas y retire de ese país su Fuerza de Tareas.

El Parlamento aprobó la Ley del Sistema Nacional de Museos, que integra de manera coherente, bajo la dirección técnica y metodológica del Consejo Nacional de Patrimonio el trabajo de rescate y protección de todo el patrimonio cultural e histórico de la nación.

Al presentar el documento, el diputado Abel Prieto, ministro de Cultura, precisó que «la dirección de la Revolución concibió siempre que el respeto a nuestro conocimiento, cultura, historia, identidad y raíces tenían que formar parte esencial de la nueva conciencia que a nivel masivo se empezó a construir desde 1959».

Destacó la importancia que tienen los museos para, de manera amena y atractiva, acercar a nuestros niños y jóvenes a la historia y la cultura, y precisó que esta ley es una contribución a la institucionalidad superior a la que el General de Ejército Raúl Castro está convocando.

Al triunfo de la Revolución existían 12 museos, mientras hoy la red está compuesta por 328, por lo cual resulta muy importante articular todas estas instituciones para que su actividad tenga la calidad y el rigor requerido, apuntó.

La nueva ley, que deroga las legislaciones anteriores vinculadas a ese tema, contiene cinco capítulos, en los cuales se abordan las directivas para el cuidado, incremento y composición de los fondos, las misiones fundamentales de esas instituciones culturales —nacionales, específicas, provinciales y municipales—, entre ellas, formar sus recursos humanos, brindar servicios de asesoría y consultoría a organismos, organizaciones e instituciones.

También estipula colocar las colecciones al servicio público, lo cual permite la comunicación con la sociedad.

Asimismo, especifica que esas instituciones tienen entre sus deberes desarrollar una labor educativa, continua y sistemática para lograr el interés de la población y en especial de los niños y jóvenes, en la apreciación, conocimiento y protección de los bienes del patrimonio cultural en su concepto más amplio: no solo en lo referido a la historia de la localidad, sino incluyendo sus tradiciones, etnografía, flora y fauna, geografía del territorio y la cultura en todas sus manifestaciones.

En el debate previo a la aprobación del documento el diputado Miguel Barnet felicitó al Comandante en Jefe Fidel Castro en nombre de los escritores y artistas de Cuba, por haber sido el principal impulsor de la conservación del patrimonio cubano.

El también presidente de la UNEAC significó que en el país no solo se han resguardado piezas de gran valor, sino que se cuida del llamado patrimonio intangible. En este sentido significó la creación del Museo de la Ruta del Esclavo, único de su tipo en América.

Por su parte, el diputado Eusebio Leal, historiador de la Ciudad de La Habana, reconoció a aquellos que antes del triunfo de la Revolución, entre ellos Celia Sánchez, guardaron objetos, papeles y otros bienes que hoy forman parte de museos y reflejan momentos importantes de nuestra historia.