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Araque explicó los trasfondos de la maniobra de Exxon. Foto: Leonid Prado El embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba, Alí Rodríguez Araque, declaró en La Habana que con la decisión de las cortes de Nueva York y Londres de inmovilizar cuentas de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos y en el Reino Unido, se ha querido crear pánico.
«La intención es crear pánico, porque además, la parte venezolana no ha respondido, lo hará la semana próxima, y una vez que se le responda no tengo ninguna duda de que se irá encauzando el problema, de acuerdo con las normativas que se establecen siempre en materia de arbitraje».
Medios de prensa de todo el mundo amanecieron este viernes con la noticia de que la transnacional Exxon Mobil había confiscado 12 000 millones de dólares a PDVSA. Pero el ministro de Energía y Petróleo y presidente de la estatal petrolera venezolana, Rafael Ramírez, desmintió tales informaciones, «pues lo que logró (Exxon) fue una medida cautelar que puede ser revertida con los alegatos que presente la defensa legal del Estado venezolano.
«No tenemos activos congelados o cuentas congeladas de ningún monto», dijo Ramírez, al tiempo que aclaró que el único monto que ha sido bloqueado es de 300 millones de dólares, por una demanda introducida por la Exxon Mobil contra la extinta Pdvsa Cerro Negro, y que fue autorizado por un tribunal de Estados Unidos. Aclaró que los 12 000 millones de dólares que Exxon Mobil dijo haber logrado confiscar a Caracas, forman parte de una medida transitoria.
Ahora, en La Habana, Rodríguez Araque recuerda que Venezuela discutió una indemnización por aquella parte que fue afectada de Exxon cuando se le propusieron acuerdos de asociación mixta. «Porque no fueron tampoco expropiadas todas sus acciones, sino solamente una porción para cumplir con la norma venezolana, la cual establece que el Estado debe tener una participación mínima del 51 por ciento de las acciones».
El ex ministro de Energía y Petróleos de su país y ex presidente de PDVSA, manifestó que Venezuela está actuando completamente ajustada al Derecho, comenzando por una ya vieja resolución de la Organización de Naciones Unidas, la 1803, del 14 de diciembre de 1962, la cual plantea:
1-El derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado.
2-La exploración, el desarrollo y la disposición de tales recursos, así como la importación del capital extranjero para efectuarlos, deberán conformarse a las reglas y condiciones que esos pueblos y naciones libremente consideren necesarios o deseables para autorizar, limitar o prohibir dichas actividades.
3-La nacionalización, la expropiación o la requisición deberán fundarse en razones o motivos de utilidad pública, de interés o seguridad nacional, los cuales se reconocen como superiores al mero interés particular o privado tanto nacional como extranjero.
«Esta es una normativa vigente, es obligante para todos los Estados miembros de Naciones Unidas, incluyendo a los distintos sectores de los respectivos países», advirtió el embajador venezolano en Cuba.
«Y cuando se tomó la decisión de asumir el control mayoritario de las asociaciones que se habían suscrito en los tiempos de la llamada apertura petrolera, en violación de la Constitución, en violación de la Ley de Hidrocarburos, en violación de la Ley de Nacionalización vigentes, se estaba planteando la necesidad de corregir los gravísimos desafueros en que se incurrió en aquel entonces.
«En los años 90, las administraciones de Carlos Andrés Pérez y de Rafael Caldera, en absoluta contravención a las disposiciones de la Constitución, introdujeron en el Congreso un acuerdo que establecía, entre otros mecanismos, el arbitraje. Esto violentaba una disposición constitucional que señalaba que las dudas y controversias en los contratos de interés nacional debían ser sometidas a los tribunales venezolanos con aplicación de las leyes venezolanas.
«De manera que Venezuela ahora fue forzada a acudir a mecanismos de arbitraje cuando era un hecho que no estaba en absoluto previsto en la Constitución ni en las leyes venezolanas vigentes en los días en que se firmaron los contratos de asociaciones, en este caso para la Faja Petrolífica del Orinoco y otros, como fueron los convenios llamados de ganancias compartidas».
El también ex secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), advirtió que argumentos jurídicos, económicos, políticos, de todo orden, abundan del lado del Estado venezolano, que está más que preparado para dar adecuada respuesta. «Porque hasta ahora esta es una acción introducida secretamente en los tribunales de Londres, sin ninguna notificación a la parte venezolana, en violación total y grosera de lo que es el reconocimiento al legítimo derecho a la defensa de cualquier persona jurídica o natural».
El embajador de Venezuela en Cuba indicó que «lo que ha hecho el gobierno del presidente Chávez es enderezar todos esos entuertos a que nos condenaban las viejas administraciones de la Cuarta República, que afectaban severamente los intereses de la nación.
«Es tan razonable la posición de Venezuela, que todas las demás compañías internacionales que participaron en esos contratos de asociación han aceptado los términos, han negociado y han encontrado acuerdos satisfactorios para una y otra parte, y están cooperando con Petróleos de Venezuela.»
