Acuse de recibo
Martha Acosta Cueto (Calle 74. No. 8505, entre 85 y 87, Alquízar, Artemisa) cuenta que el pasado 26 de noviembre recibió en su casa un supuesto paquete de medicamentos que le envió su familia desde el exterior por la agencia Palco. Y al abrirlo detectó que no era el suyo: tenía una identificación con sus datos y a la vez los de otra persona. Al instante, lo devolvió a las mismas personas que se lo entregaron. Y el martes 30 de noviembre, después de gestionar con ellas, habló por celular con alguien que al parecer tenía que ver con lo sucedido, quien le dijo que su paquete estaba en el almacén y se lo entregarían.
«Desde entonces, dice, ha estado sin saber. No me contestan el teléfono. Cuando lo hacen, las muchachas de Atención al Cliente por el 72087273 han sido muy amables y me dicen que mi paquete está en almacén, que no me pueden ayudar más que dándome números de teléfonos de responsables allí. Y no contestan ni dan explicaciones.
«Devolví de forma íntegra e inmediata lo que no era mío. Ya tuve un largo intercambio de mensajes de texto con la persona que me atendió en un inicio. Y después de rogarle que me ayudara, y de llamar más de 20 veces y no contestar, lo hizo por mensaje de texto porque no le gustó que le haya dicho que era una mala persona por ni siquiera dignarse a darme una explicación después de haberle rogado tanto.
«Tengo otro número de un responsable del almacén donde está mi paquete. Y tampoco contesta el teléfono. Del fijo ni hablar. Uno se desespera, porque son medicamentos muy necesarios. ¿Por qué tengo que pagar las consecuencias de un error ajeno? ¿Cómo es posible que la persona con quien hablé al inicio haya tenido el tiempo y la molestia de buscar mi número particular para llamarme y pedirme el del chofer para una gestión personal de él, y no me pueda responder ni dar explicaciones cuando le he pedido tanto que me ayude y me diga qué debo hacer y cuándo voy a recibir mis medicamentos?», concluye.
«Por un asunto que data de principios de 2021 y que no ha tenido solución ni explicación clara y convincente», Yudith Martínez Cruz (El Tejar, Jesús Menéndez, provincia de Las Tunas) escribe en nombre de trabajadores que, como ella, prestan servicio como agentes de la Empresa de Seguridad y Protección del Consejo de la Administración Provincial a entidades de ese municipio.
A raíz de la nueva reforma salarial, dice, se les comunicó que les realizarían un pago trimestral por las utilidades de la empresa como resultado de los ingresos. Y en los últimos tres trimestres no se les han pagado utilidades, a pesar de que han cumplido su tarea de forma correcta y en condiciones muy difíciles.
«Los ingresos de la Empresa por concepto de los agentes de Seguridad se han garantizado, añade, y tenemos el conocimiento de que no se pueden coger para otras cosas. Pero la dirección afirma que las ganancias las han utilizado en otros gastos como corriente, agua, combustible, entre otros.
«Para hacer el plan anual, afirma, se conoce que deben venir y reunirse con los agentes y discutir las condiciones de pago, cuestión que no se ha hecho. Y no estamos de acuerdo. Algunos compañeros que dominan los sistemas de pago nos han afirmado que ese dinero no puede cogerse para otros gastos».
Yudith defiende que consideran injusto lo sucedido, cuando han cumplido en condiciones excepcionales de falta de transporte y de ventas de comestibles para los horarios de guardia, a más de los riesgos de contraer enfermedades, y de estar más alertas que en otras ocasiones por los momentos que se viven. Y necesitan una explicación convincente.
«Queremos agregar algunos datos que nos preocupan, añade. Prestamos servicio a las empresas y ellas le pagan a la nuestra 24 pesos por cada hora trabajada por un agente. Y nuestra empresa nos paga a nosotros a 13,96 pesos la hora. Quiere decir que por cada hora de un agente trabajando la Empresa se queda con 10,04 pesos. ¿Qué se hace con ese dinero si no se nos pagan utilidades?
«En conversación telefónica con el económico de la Empresa, él le explicó a un trabajador que este dinero se empleaba en realizar pagos de combustible, electricidad, teléfono y otros gastos de la empresa. Nosotros queremos saber si ellos están facultados para utilizar ese dinero en este tipo de gastos», concluye.
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