Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Lo que ha vivido Braulia Sebasco Tornés en su residencia de calle Hermanos Lotty, No. 124, Apto. 4, entre Parada y Capote, El Cristo, Bayamo, durante dos años y medio, no se lo desea a nadie.

Narra la remitente que compró ese hogar por los medios que la ley regula, y con ello se acercó al centro de la ciudad, pues antes vivía en un barrio periférico. Pero cuando llegó con sus muebles «nos dimos cuenta de que en la puerta de salida al patio caía un chorro de agua jabonosa, sucia como la mugre, del apartamento que queda sobre el mío, el No. 8. El resto de los vecinos me advirtieron que los habitantes de los altos no pueden verter agua (…) sin consideración ni previo aviso, en caso de ser necesario. Al día siguiente me dirigí al Instituto de la Vivienda en su sede municipal (DMV) para asesorarme sobre el Reglamento de Edificios Multifamiliares; aquí me explicaron los funcionarios que el vecino de mis altos es reincidente en indisciplinas sociales»…

En la DMV le comunicaron a Braulia que «ellos no pueden hacer nada con este individuo, pues no cuentan con un cuerpo de inspectores, ni ley alguna que los apoye a poner fin a las violaciones». Llamó la afectada al infractor, para reclamarle civilizadamente y este le soltó, como primera ráfaga, que «si yo no quería que me cayera agua arriba que permutara con él», refiere la granmense.

Y añade: «Agua sucia por la parte trasera, por el frente, y lo peor: filtraciones en la cocina, el comedor y, sobre todo, en el baño, que nos caen encima actualmente; barrer basura diariamente para no vivir en un vertedero. Escribí a varias instituciones: PCC, Comité Provincial y Municipal, Gobierno Provincial y Municipal, Órgano de Atención a la ciudadanía, Dirección Provincial de Salud, mi área de salud, Instituto Nacional de la Vivienda (provincia y municipio)»… Pero hasta el momento, nada.

El 20 de octubre de 2015 comenzó la doliente una demanda legal por relaciones de vecindad que tuvo su primera vista en febrero de 2016. Los abogados de ambas partes arribaron a un acuerdo: el infractor no la perturbaría más. Pero al llegar a la casa, salida del tribunal, ya el pacto se estaba rompiendo, evoca.

Sobrevino una segunda vista a fines de abril de aquel año, relata la lectora. «La jueza me dijo que como no llegábamos a un acuerdo, debía pagar 10.00 pesos de sellos y 115.00 pesos más para ir a una vista oral con la decena de testigos que me apoyan», recuerda.

En enero último volvió a llamar respetuosamente la afectada al violador, en presencia de varios vecinos. Como respuesta: «Demándeme, para que nos saquen de este edificio que no sirve y nos den casas buenas a todos, si no, váyase, váyase de aquí pa’l c… que a usted nadie la mandó a comprar aquí…», rememora la atribulada mujer.

Al parecer, deduce ella, el inicio del problema radica en el lavadero del señor, que está roto, y ha sido sustituido en esa casa por el piso del baño. «Lavan en el piso del baño, al empozarse el agua se enchumba (…) la tierra de relleno y termina de escurrir cuando se seca esta».

Los conflictos del ciudadano se extienden y alcanzan a otros residentes del edificio. Y Braulia sigue sin entender cómo no existen otros mecanismos institucionales, además de los dilatados procesos legales, para hacerlo entrar en razón.

Tampoco comprende ella que las instancias de Vivienda, por ejemplo, no pasen sistemáticamente inspecciones a inmuebles multifamiliares, revisen si hay infracciones de este cariz e indiquen de inmediato solucionarlas.

Por lo que cuenta la granmense, el clima de convivencia general de la edificación se resiente con el irrespeto: «La vecina del Apto. 1 está con una fractura de peroné, por una caída con agua vertida de los altos; su baño parece una caverna por la lluvia de filtraciones, también por un lavadero eliminado para lavar en el baño (…). Las tuberías se tupen cada dos o tres meses, porque algún apartamento tiene su sifa rota o sus tuberías no tienen protección… Mi esposo y el vecino del No. 1, que son los únicos que destupen, han extraído de las tuberías cucharas, tenedores, pozuelos plásticos (…), prendas de vestir, pomos de cristal; todo por falta de disciplina».

¿Cuántos mecanismos de control, tanto internos del edificio como externos, de las entidades que deben regular la vida social y la localidad y el municipio, están vulnerados aquí? ¿Por qué cuesta tanto ponernos en los zapatos de los semejantes?