Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Parece que algunos interpretan a su libre albedrío la protección a la maternidad de la madre trabajadora, a pesar de que es ley inviolable en este país hace muchos años y fue renovada mediante el Decreto-Ley 339 de 2017 del Consejo de Estado, vigente desde el pasado 10 de febrero.

Sí, porque Yolanda González Martínez, residente en Carretera al cementerio, kilómetro 1 y medio, Viñales, Pinar del Río, cuenta muy apesadumbrada lo que está sufriendo su hija Odrie Padrón González por el mero hecho de ejercer su sublime derecho humano a la maternidad.

Refiere Yolanda que Odrie se graduó como técnico medio en Gestión del capital humano y, al concluir sus estudios, cumplió tres años como adiestrada en la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en Viñales.

Al concluir ese período, el pasado 6 de enero, Odrie decidió cambiar de centro de trabajo. Y en esta gestión estuvo hasta el 6 de marzo, cuando comenzó a trabajar en la Oficina de Multas del municipio. Todo marchaba de maravillas... hasta que, 20 días después, le fue confirmado un embarazo.

Lo que fue una alegría rotunda para la joven y su familia, se trocó en un gran conflicto en su centro laboral, sobre todo de los directivos, quienes abogaron por que «se le debía cerrar el contrato porque no se le podía pagar la licencia de maternidad llegado el momento de dar a luz, pues constituía una pérdida para la entidad; y se debía  buscar otra persona para dicho trabajo», afirma Yolanda.

Manifiesta la madre que en reuniones con Odrie, le plantearon que ella no era idónea para desempeñar ese trabajo por la simple razón de estar embarazada. «Y hasta cuestionaron la veracidad de su carné de salud, el cual presentó como es debido para empezar a trabajar allí, pues debía de haberse realizado más minuciosamente los exámenes, incluyendo la prueba citológica, para verificar a tiempo si se encontraba embarazada y no tener ahora que llegar a contratarla», refiere.

Yolanda sabe que desde hace muchos años en Cuba se protege a la trabajadora en su maternidad. Y se pregunta si eso ha cambiado, o en la Oficina de Multas están quebrantando las leyes de este país.

«¿Cómo, si se están llamando a las mujeres a procrear por el envejecimiento de la población, después esto se convierte en un impedimento? Si los centros de trabajo estatales carecen de trabajadores, y personas como ella desean laborar, ¿cómo van a ser rechazadas por su condición, como si fuera algo contagioso, solo por el simple hecho de estar embarazada?», enfatiza.

Lo que constituye una bendición para cualquier mujer, señala, a mi hija le ha traído sufrimiento, y para mí, como madre, ha sido destructivo.

A Yolanda: quienes debían sufrir son los directivos que violan las leyes de este país, especialmente las que protegen la maternidad de la trabajadora, como el Decreto-Ley 339, que en su artículo 10 establece:

«La trabajadora gestante, cualquiera que sea la actividad que realice, está en la obligación de recesar en sus labores al cumplir las 34 semanas de embarazo o las 32 semanas, en caso de ser múltiple, y tiene derecho a disfrutar de una licencia de maternidad por un término de 18 semanas, que comprende las seis anteriores al parto y las 12 posteriores a este. Si el embarazo es múltiple, se extiende a ocho semanas el término de la licencia prenatal».

Dicho Decreto-Ley dispone en su artículo 11: «Para tener derecho al cobro de la prestación económica y, en consecuencia, a la prestación social, es requisito indispensable que la trabajadora esté vinculada laboralmente, con independencia del tipo de contrato que tenga suscrito, en la fecha de inicio de la licencia prenatal y haya laborado no menos de setenta y cinco (75) días en los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de su inicio, con independencia de las entidades en que trabajó en dicho período».

Más claro ni el agua. Lo que sí está turbio es el clima de intolerancia e insensibilidad que ha prevalecido en la Oficina de Multas de Viñales, en torno a una joven trabajadora que se estrena en la maternidad. Si es ignorancia sobre la legislación, es lamentable en una administración socialista. Si es capricho, hay que preocuparse seriamente.