Acuse de recibo
Alina Diago (Lagunas No. 312, apto.3, entre Gervasio y Escobar, Centro Habana) cuenta que ella y su madre actualizaron a favor de esta última la propiedad de la casa, que aún estaba a nombre de su papá, fallecido hace años.
Cumplieron los requisitos, dieron todos los pasos y recogieron la propiedad. Cuando llevaron la documentación actualizada al Registro de la Propiedad ubicado en Neptuno esquina a Manrique, ahí comenzó la verdadera tragedia.
Llegaron allí a las 9:00 a.m., por primera vez. Un cartel decía que la atención a la población es de 8:00 a.m. a 12 del día, pero la recepcionista y un abogado presente les dijeron que volvieran al otro día, porque tenían bastante trabajo y muchas personas que atender.
Se fueron y la madre de Alina retornó al día siguiente. Entregó la propiedad y le dieron un papel que indicaba que debía recogerla el 5 de noviembre de 2012. Volvió ese día la madre, y le dijeron que aún los papeles no estaban, porque tenía que visitarlas un inspector. Y debía hacerlo en un plazo de 15 días. Expiró el plazo, y cuando la madre volvió, todavía no estaba listo el documento. Tampoco inspector alguno las había visitado.
Regresó la madre de Alina al Registro en diciembre, dos meses después, y le comunicaron que no estaba el documento. El misterioso inspector no figuraba. Y el 7 de enero, cuando Alina me escribió, aún dicho funcionario no había hecho acto de presencia.
«Nuestra propiedad —acota Alina— sigue durmiendo el sueño eterno en el Registro de la Propiedad. Esas son las cosas que duelen; porque se dictan leyes para facilitar la vida al ciudadano, y hay personas que crean malestar en la sociedad con su mal trabajo y su burocratismo sin justificaciones».
Con 69 años, José Arturo Pérez Quesada (calle B sin número, Reparto Placer, Banes, Holguín) es un impedido físico y casi ciego, hipertenso y diabético que, jubilado, vive con una pensión de 180 pesos.
Por ello, y porque fue afectado por el huracán Ike y vive sobre piso de tierra, en marzo del año pasado solicitó a la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV) un subsidio para adquirir materiales de construcción.
«En aquel momento —cuenta— me dijeron que la solicitud procedía, y se me consideraba un caso crítico. Me visitó una trabajadora social, quien avaló su visita con el Presidente del CDR».
Según se le informó, solo faltaba la visita de la técnica de la UMIV, para el cálculo de los materiales. Pero pasaron nueve meses y la técnica no aparecía. José Arturo fue a ver a la funcionaria que atiende subsidios en la oficina de trámites, y esta le dijo que la técnica que lo visitó, había considerado no otorgar el subsidio.
«Es aquí cuando dejo de comprenderlo todo por dos razones. La primera, mi casa no se visitó. La segunda: yo conozco que solo aprueba o deniega un subsidio el Consejo de la Administración Municipal (CAM)», señala José Arturo.
A pesar de que lo hemos especificado muchas veces, continúan arribando cartas a nombres de colectividades, ya sean grupos de vecinos o centros de trabajo, que no especifican nombres ni dirección de los remitentes.
Esta redacción no precisa esos datos particularizados por mero capricho, sino porque una denuncia o una queja requieren los datos del testimoniante, para dar fe posteriormente ante las autoridades que investiguen el caso.
La dirección de Juventud Rebelde decidió que este era un requisito indispensable —a más de la honestidad de dar el rostro por lo que se señala— precisamente porque se presentaron varios casos de cartas colectivas que, cuando las entidades implicadas se presentaban en ese edificio o en ese centro laboral, nadie asumía la autoría. Y nadie sabía nada del asunto.
Por eso, a los que en los últimos días nos escriben escudados en el nosotros, les rogamos que revelen, al menos, el nombre y la dirección de un solo valiente que opte por representar al resto de los remitentes. Muchas gracias.
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