Acuse de recibo
Como productor agrícola, Osmani Gómez (carretera de Maleza, km 4,5; Santa Clara) no se anda con rodeos y formula la pretensión de su queja: «Que se me liquide el adeudo de más de 21 000 pesos por concepto de ventas de hortalizas, a través de la empresa hortícola Villa Clara, para seguir garantizando comida en beneficio de estudiantes, enfermos y pueblo en general».
Refiere que durante más de 13 años se mantuvo vinculado, como trabajador del huerto El Cañero, a la granja urbana Santa Clara, garantizando toneladas de hortalizas, fundamentalmente con destino al consumo social (hospitales y escuelas).
Pero por decisión de la Delegación Provincial de la Agricultura se reunificó la granja urbana Santa Clara, que operaba con resultados económicos positivos, con la empresa El Diamante, endeudada hasta el tuétano. De ahí se creó la empresa hortícola Villa Clara, cargada de deudas, sobre todo con el Banco. Por tal motivo, los productores, entre ellos Osmani, no cobran ni una factura desde el pasado mes de abril.
«Es indignante —dice—, y no es posible entender las razones por las cuales nosotros, los que producimos, debemos sufrir las consecuencias de la cadena de impagos entre entidades estatales. ¿Cómo se entiende que el Banco retenga los ingresos de la empresa para liquidar los adeudos por concepto de intereses bancarios, sin tener en cuenta que, de lo que esta comercializa, solo le pertenece el 40 por ciento del margen comercial que le adicionan al precio de facturación a nosotros, los productores?
«Nosotros, los productores de los huertos pertenecientes a la empresa, en realidad no somos más que trabajadores del campo con un estatus laboral definido en un expediente. Pagamos una renta mensual de 134 pesos por tierras de sabana rápida, las cuales primero desmontamos de marabú. Pagamos nuestra seguridad social y vacaciones acumuladas, las semillas e insumos, la fuerza de trabajo eventual en los momentos pico de cosecha y corremos con todo el riesgo de esta. La granja solo recoge la cosecha, la comercializa y nos paga el 60 por ciento de la comercialización.
«Entonces, ¿cómo es posible que el Banco retenga también parte del 60 por ciento que le corresponde al que está vinculado directamente al surco? ¿Con qué dinero continúo produciendo, comprando semillas, posturas e insumos? ¿Con qué dinero les pago a los trabajadores en el huerto? ¿De qué viven mis hijos?
«Algunos sugieren que defendamos las producciones “por fuera”. Y esa no es la solución, porque no tenemos puntos de venta; porque nuestras producciones superan los niveles de venta en un punto. También porque legalmente no se nos autoriza a tener vendedores, y con ello violaríamos lo que está indicado.
«La empresa pide producción, pero de qué forma vamos a hacerlo si no cobramos por el resultado de nuestro trabajo. La empresa exige el pago de la renta mensual, y a quien falla lo llevan a comisión disciplinaria por retrasos. Sin embargo, ¿quién se ha preocupado por los impagos hacia los productores de los huertos?
«La administración no está tan preocupada por ventilar el asunto con el Banco, porque no está en nuestra situación. El aparato administrativo de la empresa y los trabajadores indirectos cobran mes tras mes sus salarios, y pagan sus otras obligaciones con los ingresos que devengan por las ventas de lo que producimos con tanto sacrificio personal. Pero… ¿cuál es mi salario? Se supone que es el de ingresos menos gastos. ¿Y de qué hablamos si luego de incurrir en los gastos, producir y comercializar, no se nos paga por ello?».
Asegura Osmani que se han dirigido a la administración, pero esta no tiene una solución para ellos. Agrega, como ejemplo de otros huerteros perjudicados, a sus vecinos Adalberto Machado, Juan Miguel Velázquez y Heriberto Ramón Muñoz, a quienes les deben, respectivamente, más de 16 000, más de 17 000 y 3 000 pesos.
Afirma el remitente que si solo se retuviera por el Banco ese 40 por ciento de los ingresos correspondientes a la empresa, «los verdaderos perjudicados serían quienes no producen, y se debaten en estructuras y cambios…».
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