Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Ahora que los trabajadores discuten los planes económicos del 2009 en asambleas de afiliados, es el momento propicio para canalizar los estados de opinión al respecto y esclarecer cualquier «espina» que tenga clavada un colectivo. El plan de una empresa no puede aprobarse mecánicamente y de manera formal, en medio de suspicacias, incomprensiones y dudas del colectivo, que es en definitiva quien lo asumirá. El plan de una entidad debe estar conformado con democracia obrera y no a puertas cerradas en los despachos.

Lo digo porque de vez en cuando llegan cartas elocuentes, como la de José Luis García Peña, en nombre del colectivo de la Brigada 4 de Obras Varias de Guáimaro, en Camagüey, que transparentan criterios no esclarecidos.

José Luis (calle Nuevitas número A-4, entre Iris y Unión, Guáimaro), escribe en nombre de los trabajadores indirectos a la producción de dicha brigada, perteneciente a la ECOA 17 de Camagüey. Y lo hace para cuestionar el sistema de pago del 2008, el cual, según asegura, «se nos aplicó, más bien impuso, por resolución de la Empresa».

Explica que dicho sistema de pago les afecta directamente el salario cuando los indicadores económicos se deterioran. Manifiesta que ese deterioro, «se debe a que la Empresa no garantiza los abastecimientos necesarios a pie de obra en materiales e insumos». Refiere que a partir de julio del presente año, cuando esa brigada constructora entregó la Clínica Estomatológica de Guáimaro y cuatro viviendas para médicos internacionalistas, no ha tenido suministro de materiales ni obras para laborar en el cumplimiento de sus planes de producción. Y todo ello se revierte en afectaciones para el salario.

A raíz de los recientes huracanes, fueron muy afectados. Se paralizaron las obras en Guáimaro y Sibanicú; no obstante, ellos laboraron en la higienización del municipio y en Camagüey, además de reparar su centro. Él pregunta por qué si se les está pagando el 60 por ciento les exigen laborar las ocho horas legisladas, por qué si la empresa no garantiza las obras, los materiales y la transportación para trabajar, se les exige el mismo plan de producción, como si estuvieran recibiendo el ciento por ciento de los abastecimientos.

José Luis también cuestiona: «¿Por qué se les aplica un sistema de pago sin garantía, de tal forma que cuando anormalidades como las descritas ocurran se declare en interrupción a los trabajadores afectados? ¿Quién, cómo y cuándo declara una interrupción en una Unidad Empresarial de Base? Si de una parte firmamos los trabajadores afectados, y de la otra firma la Empresa, ¿por qué a los responsables de los abastecimientos no se les afectan sus salarios cuando no cumplen su parte en el convenio? ¿Por qué si ellos no pueden garantizar obras y los materiales para ejecutarlas, no declaran una interrupción en nuestra brigada por un período de tiempo, hasta que puedan garantizarlos?».

Afirma José Luis que «a la hora de implementar un sistema de pago a nuestra brigada, la dirección de la Empresa nunca ha estado presente en la discusión de los mismos».

Al margen de dónde pueda estar el punto de equilibrio de la verdad en este caso, lo cierto es que los planes aplicados así, sin el consenso del colectivo, son derrotas políticas para nuestra democracia socialista. Y... por cierto, ¿qué ha hecho en este caso el Sindicato?

La segunda carta trae también la insatisfacción de un colectivo, y la firma Medardo Pelegrín (calle Van Troi 75, entre Céspedes y Víctor Ramos, Guisa, provincia de Granma). Refiere que en septiembre de 2005 comenzó a funcionar la Base de Ambulancias de dicho municipio. Y lo hizo sin muebles ni utensilios de cocina para la alimentación de sus trabajadores.

Al cabo de tres años están en las mismas, asegura. Los alimentos se siguen elaborando en fogones improvisados, empleando para ello los módulos de cocina de las propias trabajadoras, los cuales se están deteriorando por el sobreuso.

Asegura Medardo que lo plantean en las asambleas sindicales y nada se resuelve. Y quieren saber quién será el indicado, con la potestad para solucionar un asunto que no es menos importante: la alimentación de un colectivo y las condiciones de trabajo de quienes la garantizan.

Para tales asuntos son las asambleas de discusión del Plan 2009; no para aburrirse y atiborrarse de cifras y retórica.