La participación real solo es posible con conocimiento(+ VIDEO)

Por varias razones la joven profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de La Habana, Lisandra Esquivel Cabezas, conforma el equipo de especialistas que, reunidos en la sede del Consejo Electoral Nacional (CEN) en La Habana, procesa cada una de las opiniones de la ciudadanía acerca del proyecto del Código de las Familias.

La jurista de 29 años, graduada en 2015, ha dedicado sus estudios de posgrado a investigar los mecanismos de participación. De hecho, este proceso de consulta y el posterior referendo del texto, tras su aprobación por la Asamblea Nacional del Poder Popular, son objetos de investigación de su tesis de doctorado.

«Esta fue la primera motivación por la que expresé mi disposición en la Facultad de Derecho para apoyar al CEN», explica la joven jurista, quien ya mantenía vínculos con la autoridad electoral cubana, debido a su indagación y su desempeño como jefa de un grupo de colaboradores durante la elaboración del texto constitucional de 2019.

Sin embargo, no solo las relaciones de trabajo incentivaron a Lisandra a integrarse como especialista a la consulta popular. «Apoyar un proceso progresista, de reconocimiento y ampliación de derechos» es otra de las razones por la cual la profesora dedica cerca de ocho horas a organizar las opiniones de la población sobre el nuevo Código.

Incluso ha vuelto a usar sus espejuelos para ordenar con precisión, junto con sus colegas, los cerca de 3 000 planteamientos que llegan desde todas las provincias, luego de la realización de las reuniones en los barrios. Programas informáticos desarrollados en Cuba contribuyen a que la jornada sea más llevadera.

Durante este tiempo en que la joven jurista ha clasificado las propuestas, modificaciones, supresiones y adiciones que llegan a sus manos, también se ha percatado de cuánto daño provocan las campañas desde el exterior contra el proyecto del Código. Las abundantes noticias falsas acerca del texto han generado interpretaciones erróneas y dudas.

«Cuando analizamos varios planteamientos, nos percatamos de que existe un grupo importante de ciudadanos víctimas de la desinformación que circula en las redes sociales. Muchos quieren eliminar contenidos por ese motivo, pero cuando exponen su criterio, este coincide con lo establecido en el nuevo Código.

«Así sucede con los términos responsabilidad parental, autonomía progresiva y la aprobación del matrimonio igualitario, e incluso con la edad para formalizar ese acto», explica la joven, quien asegura que estudiar el proyecto es la mejor forma de contrarrestar las mentiras ideadas para empañar el carácter humanista de la nueva norma.

Cuba lo necesita

Lisandra conoce bien la necesidad de los cambios propuestos en el Código. Tras su graduación, el contacto inicial con el ejercicio del Derecho fue en la Fiscalía Provincial de La Habana. Específicamente en el departamento que ofrece atención a la ciudadanía.

«Muchos de los casos que atendí entonces necesitaban de mejores herramientas desde el punto de vista jurídico para su solución. Eran muchas las preguntas sin respuestas para los ciudadanos, sobre todo en el ámbito familiar», asegura.

Recuerda como momentos difíciles las ocasiones en que mujeres víctimas de violencia en su núcleo familiar se acercaban a la Fiscalía en busca de ayuda y era evidente la necesidad de hacer más eficientes y ágiles las vías para prevenir y enfrentar la violencia en el seno familiar.

«También presencié casos en que los adultos mayores donaban su casa en vida, y luego esas personas beneficiadas eran ingratas, al punto de llegar a expulsarlos de sus hogares, y quedaban desprotegidos», relata.

No obstante, la profesora explica que el proyecto del Código de las Familias contempla en su articulado varias soluciones para que las víctimas no queden indefensas ante los abusos ni los juristas vuelvan a estar en su situación.

«El nuevo texto en consulta no solo prohíbe la violencia en su acepción más amplia en el ámbito familiar, sino que establece consecuencias jurídicas para ese acto. Uno de los derechos que se defiende es el de una vida familiar libre de violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

«Además, para resolver esas lamentables situaciones en las que se veían los adultos mayores, el proyecto del Código los protege, al permitirles revocar las donaciones a quienes manifiesten un comportamiento inadecuado», explica Esquivel Cabezas, quien se sintió mucho más comprometida con el proceso de consulta al ver estas soluciones en el texto legal.

Aprender a participar

Lisandra ha dedicado buena parte de su tiempo a estudiar cómo pueden garantizarse en el país una mayor cantidad de derechos para la participación, lo cual, a su juicio, es completamente compatible con el método de consulta popular.

Si bien afirma que nuestros procesos participativos tienen que perfeccionarse, la práctica también brinda enseñanzas. Así lo evidencia, por ejemplo, la inclusión de consultas especializadas antes de las masivas, lo cual permitió un importante intercambio multidisciplinario en favor del proyecto.

«Se aprende a participar en una sociedad con el ejercicio práctico y hemos tenido varias consultas populares de referencia. No obstante, nunca ese aprendizaje finaliza. Es un proceso que no solo es responsabilidad de las instituciones, sino que es una articulación entre ciudadanía e institucionalidad», explica la profesora de Derecho Constitucional.

Opina que en este proceso de consulta popular los cubanos están llamados a responsabilizarse con una participación informada y razonada. «Eso demanda preparación antes de enunciar un planteamiento en las reuniones», afirma.

No obstante, considera necesario seguir trabajando en disposiciones jurídicas con redacción cada vez más «amigable» y cercanas en el lenguaje a los diferentes sectores de la población, manteniendo los tecnicismos requeridos.

También explica que este no es solo un tema pendiente en Cuba, sino en todo el mundo. Sin embargo, es preciso evitar las distancias entre lo que dice el texto jurídico y lo que la gente entiende. «Todos deberíamos comprender las normas que regulan la sociedad donde vivimos», dijo.

Para alcanzar esa aspiración también es imprescindible lograr una mayor cultura jurídica. Según la profesora, esta consulta popular y las próximas pueden ser un catalizador para los cambios que necesitamos como sociedad. Califica a este mecanismo de participación como un momento de deliberación y aprendizaje, donde el estudio del texto y su debate en el entorno de las personas más allegadas provoca una familiarización con el ordenamiento jurídico del país que, en definitiva, tiene al ciudadano como principal protagonista.

Cartel de Martha Patricia Lizano Arruebo, estudiante de 2do. año del ISDi.

Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana