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Como parte de la Tarea Ordenamiento, se descentralizan los precios del plátano, el boniato y la malanga, cuando no son destinados a consumos sociales priorizados, y quedan a decisión de los gobiernos locales y los comités de contratación, espacios en los que los productores deben tener voz y voto. Autor: Oscar Álvarez Delgado Publicado: 25/02/2021 | 12:19 am
CIEGO DE ÁVILA.— Quizá entre los platos fuertes de la Tarea Ordenamiento, por sus niveles de polémica, estén esos otros «platos» (bien reales) que son los productos agropecuarios y los precios con los cuales llegan a la mesa de la población.
Explicar, dialogar, hacer públicas las preocupaciones, proponer, y sobre todo unir voluntades, es el conjunto de palabras que venían a la mente de este redactor mientras escuchaba los planteamientos en el encuentro celebrado entre campesinos y miembros de organismos centrales del Estado en el Teatro Principal de Ciego de Ávila, y que ayudan a ajustar esa transformación.
La inmensa mayoría de las intervenciones estuvieron marcadas por el apasionamiento. El debate, además, dejó claro algo: la Tarea Ordenamiento (con todas sus polémicas) sacude la mata y el polvo del camino al sacar a la luz distorsiones e irregularidades, que antes andaban ocultadas o toleradas por la antigua tasa de cambio.
«El proceso las sacó a la luz y obliga a pensar en su solución. Ya eso es un éxito», señaló la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss.
También —por lo que se vio durante el intercambio— ha servido para «halarle la jáquima» (como dicen los guajiros) a algunas maniobras disfrazadas de actualización.
Gato por liebre
Una de esas paradas surgió cuando un productor explicó que la siembra y cosecha de papa no le daría ganancias. «No acabo de entender por qué no es factible —señaló el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero—. ¿Ustedes revisaron bien los gastos y se pegaron a analizar bien la cadena productiva?», preguntó.
Al conocerse que el paquete tecnológico, adquirido el año pasado a un costo distinto, se le había vendido a la base agrícola con los precios previstos para el 2021 y, por lo tanto más alto en correspondencia con la tasa de cambio actual, Rollero pronunció un no rotundo.
«Eso es un error —dijo— y va en contra de las decisiones del país para proteger las bases agrícolas. Eso insumos se adquirieron el año pasado, a precios que debían respetarse. Quien haga eso comete un serio error y no se va a permitir».
La polémica electricidad
La polémica con la electricidad no cesa. A pesar de los ajustes, la factura sigue alta. Pero en esa altura salen viejos problemas, urgidos de atender con detenimiento. Una de las dificultades es la obsolescencia tecnológica de los equipos de bombeo y sistemas de riego. El atraso técnico deriva en mayores costos y limita rendimientos.
Sin embargo, otros conflictos apuntan a mecanismos financieros como el llamado pago sin aceptación de la electricidad, que consiste en un derecho dado por el Banco a las Organizaciones Básicas Eléctricas (OBE) de entrar a las cuentas de las bases productivas y tomar la cantidad de dinero por lo que se generó.
Esa operación remueve las bases agrícolas, como ocurre en la CCS José Martí, de Ceballos, al no diferenciar gastos entre productores. Luego la directiva de la cooperativa debe dedicarse a la gestión de cobro con un puñal
sobre la cabeza. Porque el Banco autoriza a las OBE a sacar el dinero rápido, pero quienes les deben a los guajiros (no solo Acopio) no pagan con la misma prontitud. Resultado final: el dinero no llega a la tierra como debe y la agricultura se descapitaliza.
Economía a punta de lápiz
Primo hermano (por la parte eléctrica) de ese conflicto financiero, es el de los puntos de acopio de leche. Creado para preservar el producto y acercar la recogida, no pocos termos refrigerados devinieron almacenes lácteos al mantener el producto en ocasiones por 24 horas. Entre los camiones del Lácteo que no venían en tiempo y otras fricciones —como señalaron representantes de la CCS El Vaquerito—, la concreta es que la cuenta de almacenaje de la leche no da, porque al eliminarse el subsidio de la tarifa eléctrica, con su burbuja de protección, la economía se puso a punta de lápiz.
¿Qué hacer entonces? Basado en los marcos jurídicos de la Tarea Ordenamiento, el intercambio señaló algunas pautas: lograr adecuadas contrataciones, en las que se deje claro qué hacer cuando la leche no es recogida en el tiempo estipulado, entre otras acciones. La tarifa está ahí. La economía también. Y pidiendo eficiencia.
El pueblo no paga la culpa de otro
«Estos son mecanismos que la Tarea Ordenamiento señaló y es necesario revisarlos», apuntó la ministra Meisi Bolaños Weiss. Al igual que la política crediticia hacia la agricultura, según lo demandado por los campesinos.
«No puede ser que yo no tenga dinero para una cosecha y me pidan por adelantado un monto en garantía. O prestan el dinero o no: una de dos», expresó Lester Guerra, de la CCS Antero Regalado, del municipio Primero de Enero.
Añádale a lo anterior los intereses. En el encuentro se conoció que el país aprobó 1 800 millones de pesos a Bandec por concepto de fomento agrícola para estimular las bases productivas. Buena noticia; pero ojo: hay que seguir bien ese circuito financiero para que juegue su papel y no caiga en las redes del burocratismo.
También se supo que la Empresa Agroindustrial Ceballos bajaba en un 35 por ciento el precio de una parte importante de sus artículos a la población, a partir de la rebaja del costo de la guayaba, el mango y la frutabomba, materias primas esenciales en sus producciones.
Otra noticia: se descentralizan los precios del plátano, el boniato y la malanga, cuando no son destinados a consumos sociales priorizados. Ahora, bajo las potestades emanadas de la Tarea Ordenamiento, queda a decisión de los gobiernos locales y los comités de contratación, instancias en los que los productores deben tener voz y voto.
El ministro Gustavo Rodríguez Rollero apuntó: «Donde ha funcionado correctamente, no ha habido problemas. Por eso hay que escuchar a los productores. Hay que seguir paso a paso cada eslabón de la cadena productiva, que es donde se genera la eficiencia. Lo que no puede suceder es que los problemas de una producción (dígase ineficiencias) se traspasen en forma de precios a la población para que sea el pueblo el que los pague. Eso no se puede permitir».
