Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Años atrás hubiera pensado que estaba dejando camino por vereda. Pero hoy los aires de cambio que se respiran en el municipio de Primero de Enero, en Ciego de Ávila, lo hacen pensar que el campo es la mejor fuente de riqueza, y que dedicarse al trabajo de la tierra puede ser un modo sano de sostenibilidad familiar.

Osniel Tabares Castellanos abandonó la instalación del Campismo Popular El Charcazo para convertirse en agricultor.

Foto: Heriberto González Brito «En noviembre del año pasado me dieron una caballería de tierra ociosa en un lugar llamado La Lolita, en el Consejo Popular Grúa Nueva, donde vivo. Allí el marabú está duro y no tenía mucho tiempo para hacerlo carbón. Ya tengo 70 cordeles listos para sembrarlos con boniato, calabaza y maíz».

Osniel afirma que no le han asignado herramientas, pues en el contrato se especifica que el solicitante debe tenerlas, aunque asegura que con las que consiguió ha «guapeado».

«Uno de mis grandes problemas es que no sé cómo calcular la cosecha que voy a obtener. Todavía no hemos hecho el plan, en verdad no estoy muy relacionado con los cálculos. Es algo que debo aprender. Antes yo he trabajado la tierra con mi hermano, pero nunca así, como agricultor “entero”».

A este avileño los bejucos de boniato se los cedió un campesino, quien incluso le indicó todos los asuntos de la luna y la fecha que debe tener en cuenta para cortarlos y preparar la siembra. Acopió semillas de calabaza y espera comprar las de maíz en la CCS a la cual se asoció.

Muy lejos de Osniel, en el municipio especial de la Isla de la Juventud, Fermina Rodríguez Pantoja (Mina) muestra sus manos maltratadas por el rudo trabajo de desbrozar. Con un machete y un hacha ha derribado casi el 75 por ciento del marabú que infestaba sus cinco hectáreas recién adquiridas.

Ella pertenece a la cooperativa de parceleros Abel Santamaría, y alega que no recibió instrumentos de trabajo para el desmonte.

«Lo que usted ve limpio lo he desmontado a pulmón con la ayuda de mi hija y mi esposo. La colaboración de toda la familia es fundamental si se quiere hacer producir la tierra de verdad.

«Es imposible que en cinco meses alguien pueda tumbar el marabú, limpiar y preparar la tierra y además tener producciones; eso es un chiste. Hace tres años yo estaba reclamando estas mismas tierras que estaban abandonadas y no tuve respuesta. Gracias a esta nueva ley ya puedo trabajarlas, y el proceso fue bastante ágil».

Desde que el pasado año se aprobó el Decreto-Ley 259 sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo, en todo el país, a menudo sin otros medios que el esfuerzo propio y la iniciativa, grandes extensiones de maleza y marabú se transforman en terrenos listos para la siembra.

El espíritu de trabajo y la convicción de que la nueva medida implicará un salto productivo se extienden, únicamente mediados por el mayor o menor acceso a los recursos, la edad, la fuerza, las facilidades y posibilidades de sus nuevos custodios.

Personas antes desvinculadas del trabajo han encontrado abrigo junto a la tierra y hoy están ahí, faja’os, creando sus condiciones y dibujando cómo aprovechar al máximo hasta el último palmo de sus campos.

Con un machete y un hacha, junto a su esposo y su hija, Fermina Rodríguez (Mina) ha derribado casi el 75 por ciento del marabú que infestaba sus cinco hectáreas recién adquiridas. Foto: Roberto Díaz La sonrisa incrédula y la duda hecha pregunta en los labios de los especialistas del Catastro, dispuestos a hacer las mediciones de rigor, quedaron en la mente de la palmera Olga Cabrales, para avivar sus fuerzas.

—¿Tú estás segura de que esta es el área que quieres?, le reiteraban los expertos, renuentes a creer que una mujer pudiera con aquel robusto monte de marabú, aroma, ipil-ipil y cuanta maleza pudiera imaginarse.

Diciembre de 2008 estrenaba sus primeros fríos. Un mes y días después, y sin que enero de 2009 cerrara su primera quincena, ante el asombro de todos, incluidos los vecinos trabajadores de la UBPC de Hatillo, en el municipio de Palma Soriano, todas las malas hierbas habían desaparecido de las 2,2 hectáreas entregadas en usufructo a la corajuda muchacha para la producción de cultivos varios.

«Empecé yo solita y sin ningún instrumento de trabajo. Solo contaba con la última mocha con la que había hecho zafra y que luego se me partió, y un machete que me regalaron. Estuve aproximadamente ocho días dando mocha, tumbando palos sin guantes, sin nada, halando a mano o haciendo garabatos para arrastrar los troncos; creo que hasta debajo de las uñas tenía espinas.

«Estuve así hasta que mi esposo, que no estaba de acuerdo con que yo diera este paso, pues estoy operada de varices en las dos piernas, se me unió. Fue muy difícil, sobre todo por la falta de los instrumentos, pero antes del 15 de enero teníamos ya toda el área limpia».

Olga y su esposo, Nelson Guerra, compraron con los campesinos las semillas del maíz que piensan sembrar y tienen listas para transplantar hermosas posturas de coco, mango y otros frutales.

Sin embargo, a pesar de su esfuerzo y ánimo, la llegada de la primavera, este 21 de marzo, los sorprendió sin las tierras listas para plantar tras las primeras lluvias y con la sensación de quien enfrenta solo una empresa dura, que desde la arrancada le depara grandes preocupaciones.

«Es muy difícil, sobre todo para nosotros que empezamos ahora y no contamos nada más que con la fuerza de voluntad», expone Olga.

«Las semillas —añade el esposo— se consiguen; los insumos se pueden comprar por ahí y hasta se mandan a hacer, pero ¿cómo garantizarle a un tractor el combustible necesario para arar una cantidad de tierra como la nuestra? ¿Dónde hallar el alambre para dar seguridad a nuestros campos, en una zona donde están acostumbrados a pastar durante años numerosos animales?

«La UBPC de Hatillo, que ha sido muy solidaria con nosotros, ha prometido ayudarnos con el tractor, pero no hemos podido conseguir el combustible. La CCS fortalecida que nos atiende, la Rogelio Castellanos, no dispone del petróleo, y comprarlo en divisas es una empresa que no estamos en condiciones de asumir».

Deseosos de producir rápido, Olga y su esposo buscan alternativas, pero también con-fían en que en algún momento les llegue aunque sea un mínimo apoyo en estas cuestiones elementales, conscientes de que, como explica Nelson, «por ahí debe haber muchos casos como el nuestro».

Manuel Márquez recibió 3,22 hectáreas en el paraje palmero de El Sitio, y es de los más adelantados en el acondicionamiento de su área. «Aunque sea con un pico nosotros vamos a sembrar; pero hace falta un poco más de apoyo de la CCS y de la Empresa de Cultivos Varios, que las visitas sean para algo más que para preguntarle a uno cuándo va a entregar.

«La CCS a la que nos vinculamos tiene el tractor roto, no dispone de combustible. Al principio se nos habló de la posibilidad de vendernos una yunta de bueyes, algunos compañeros han ido y no han podido obtener el cheque para la compra. En fin, no todo el mundo tiene la misma fuerza. Si se nos hubiera brindado un poco más de apoyo en esta fase inicial, que requiere de un inversión, las tierras estuvieran más adelantadas».

Los entrevistados coinciden en que tener que gestionarlo todo resta tiempo a la faena directa en el surco, lo que pudiera evitarse si al menos el Estado les vendiera un módulo de utensilios que les permitiera disponer de una reserva.

La opción de extender los créditos y otros mecanismos económicos hasta ahora habilitados al otorgamiento de una especie de préstamo o anticipo, que permita cubrir los gastos del combustible y la mano de obra de particulares para la roturación de las tierras, y que sería devuelto una vez conseguida la cosecha, es otra de las sugerencias que aportan muchos de los encuestados.

Otra cuestión que preocupa es la de no tener aún claridad sobre la posibilidad de que se les autorice la construcción en las áreas de las tierras, «aunque sea de una pequeña casita para guardar los utensilios, las semillas; guarecerse cuando llueve y sobre todo, quedarse a cuidar los sembrados en tiempos de cosecha».

Una dificultad recurrente que enfrentan ganaderos y sembradores por igual es el cercado de las tierras. El santiaguero Ramón Rodríguez expuso que la falta de alambre es lo que más lo golpea.

«Por ahora buscamos alternativas como el uso de la malla, la cardona o el bambú, pero todo eso requiere aunque sea de un pelo de alambre para poder sostenerse. Si tuviésemos la posibilidad de que se nos asegurara al menos en una parte, eso ayudaría mucho».

En el municipio de Ciro Redondo, en Ciego de Ávila, quienes se dedican a la ganadería enfrentan el mismo problema.

«Es un dolor de cabeza —aseguró Glendis Pernas, de El Mijial— porque el alambre para cercar no aparece por ningún lado. Estoy esperando que lleguen las lluvias para hacer una cerca con piña de ratón. Cuesta menos.

«También voy a hacer una trocha alrededor de la cerca por si acaso aparece la candela. Por aquí cada poste hecho te lo cobran a peso y la cerca de piña de ratón la haces con cualquier cosa».

En esa misma zona, Yosbel González, también ganadero, no se decide a cercar con piña de ratón, pues «le temo a la candela y con ello perder el dinero de la inversión. Por eso tengo que andar con mucho cuidado con las vacas y los terneros que nacieron hace poco».

La ausencia de material para cercar comienza a afectar a antiguos campesinos e instituciones agrícolas estatales. Julio Xenón, de la granja genética El Abra, de Cumanayagua, en Cienfuegos, reveló a JR que en los últimos meses han ocurrido varios robos de alambre.

«En muchos lugares se tira una cerca y cuando vas a ver al otro día, se llevaron un pelo o dos de alambre; y eso nunca se sabe quién fue, porque alambre por alambre es alambre. Eso nos hace pensar que son las mismas personas a quienes se les han dado tierras, pero no otros recursos, y entonces van y lo cogen o se lo compran al que se lo llevó».

Durante el congreso de la Asociación de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), celebrado recientemente en la capital, los participantes mostraron su preocupación por el desconocimiento de técnicas adecuadas de explotación agrícola por parte de los nuevos usufructuarios de tierras.

Luis Lima Candelario, de la CCS fortalecida Juan Tomás Roig, en Ciego de Ávila, recalcó la necesidad de que la ACTAF capacite a esos nuevos agricultores y los acompañe en su difícil y delicada labor. «No podemos permitir que se cree un problema para después resolverlo. Hace falta que desde el momento en que reciben el certifico de la tierra, esos campesinos comiencen a aplicar prácticas agroecológicas.

«Al lado del área de uso colectivo de mi CCS se dieron tierras, y ya hay un bulldozer arrasando con una ladera de la montaña. Yo lo veo y me pregunto: “¿Qué va a cultivar allí?”. Y también se está haciendo tumba y quema para acabar con el marabú, pero esa tumba y quema mata el marabú y todo lo demás. Y al final: ¿Qué te queda para producir?».

Interrogada por este diario, Idalmis Nazco, secretaria ejecutiva nacional de la ACTAF, explicó que la asociación ha detectado el desconocimiento de determinadas técnicas de producción por los nuevos tenientes de tierra.

«Tenemos la misión y el deber de integrar a los técnicos agropecuarios en función de preparar a esos nuevos usufructuarios, para poner a producir esas áreas en el mínimo de tiempo posible y con el ahorro de todos los recursos naturales.

«Técnicas como la preparación del suelo, el reciclaje de materias orgánicas, la rotación de cultivos, qué tipo de cultivo lleva cada suelo, son algunos de los temas que debemos enseñar, porque nosotros defendemos una agricultura sostenible sobre bases agroecológicas, sin atentar contra el medio ambiente».

Más allá de la alegría que supone para todos la entrega de tierras ociosas en usufructo, por constituir un estímulo a la producción de alimentos, estudiosos alertan acerca de que este proceso debe tener un carácter metodológico y no descuidar la preparación del individuo para desenvolverse en una labor agrícola.

Según explicó a JR el Doctor Félix Palau Carmenate, profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad Máximo Gómez, de Ciego de Ávila, si no se capacita a ese nuevo productor pueden crearse obstáculos importantes para alcanzar una disponibilidad de alimentos.

«Se les están entregando tierras a muchas personas que no tienen conocimiento alguno sobre ella. Por lo tanto, están necesitados no solo de una capacitación sino de una alfabetización agrícola, que es dotarlos de un conocimiento básico. Eso tiene que estar ordenado y certificado por un organismo o entidad.

«De lo contrario, puede volverse a episodios vividos en la década de los 90. En ese tiempo se habló de sembrar en cuanto lugar fuera posible y vimos cultivos hasta en los parques y las orillas de la carretera.

«También se observó la quema de terrenos para prepararlos, con la consiguiente degradación de los suelos, y un mal manejo de los fertilizantes con un impacto en el medio ambiente, en el deterioro de los cultivos y su rendimiento y en la propia salud de las personas, por no saber cómo manipular las dosis de productos químicos.

«Todo eso puede pasar perfectamente por la falta de conocimiento y de control a nivel de la base. Es decir, sin desearlo, podemos vernos envueltos en un esquema productivo que no sea sostenible.

«Por otra parte, el proceso debe estar muy bien estructurado. Los usufructuarios de he-cho empiezan a formar parte de un gran sistema, el de la agricultura cubana, y ella es una cadena con muchos de sus eslabones oxidados y que no siempre se articulan bien.

«Por ejemplo, el tema de la comercialización. Es vital conocer el potencial productivo de los usufructuarios y la capacidad de Acopio para asimilar sus producciones. De lo contrario puede ocurrir que no tengas la disponibilidad para recogerlas y estas se pierdan, con el consiguiente perjuicio para el productor y la población en general.

«Sucedió ahora con el tomate en Ciego de Ávila. Hubo una superproducción y en algunos lugares no se ha podido disponer de la cosecha porque la industria está saturada o porque Acopio no posee vehículos para recogerla».

—Muchos tienen la esperanza de que este proceso de entrega de tierras traiga un incremento de la producción y por tanto los precios bajen.

—Se supone que si existe una oferta interesante, los precios deben bajar, pero en la realidad ese proceso no es tan libre ni tan automático, porque pueden darse casos de usura, crisis artificial o emigración de productos a otras partes de la provincia o del país, y los precios al pueblo mantenerse altos pese a que en el campo hubo buenas producciones.

«De ahí la importancia del control de la Agricultura y el Estado y al mismo tiempo la política de ser coherentes y flexibles en la comercialización, de forma que el productor se sienta estimulado y sus cosechas se dirijan hacia la población del territorio donde está enclavado.

«También existe otro tema al que se le debe prestar mucha atención: el del capital. Si se entrega una hectárea para cultivarla, debe existir un crédito que respalde a ese productor, y más si es nuevo. Se requiere de productos financieros para impulsar un proyecto si queremos que avance hacia su objetivo final».

El Doctor Javier Domínguez, profesor de la Facultad de Ingeniería de la misma universidad avileña, reafirmó la necesidad del ordenamiento y la seriedad del proceso.

«Pongo un ejemplo: mis tíos son campesinos asentados, de mucha experiencia en el trabajo agrícola. A ellos les pidieron que sembraran tomate y cuando fueron a recogerlos no había cajas. Tuvieron que hacerlas ellos.

«Esa falta de planificación tiene su impacto en el costo del producto, pues el campesino debe llevarlo todo a punta de lápiz. En definitiva él se inserta también en toda la telaraña económica en la que se mueve el ciudadano común: el jabón, el champú e incluso los zapatos deben comprarlos en divisa y eso tiene un efecto para su economía.

«Por eso es muy importante lo que decía el profesor Palau en cuanto al respaldo financiero. Hoy usted ve a campesinos que no tienen el calzado adecuado para trabajar. ¿Dónde los puede adquirir? Lo mismo sucede con otros insumos. Y si todo eso tensiona la dinámica de campesinos asentados y con experiencia, imagínese cuál será el efecto en los nuevos usufructuarios. Debe pensarse muy bien cómo asegurar las producciones, no solo en su obtención en el campo, sino en su comercialización. En ese nudo se definen muchas cosas».

Según Pedro Olivares Gutiérrez, director del Centro Nacional de Control de la Tierra, el proceso de entrega de tierra en usufructo ha marchado conforme con las expectativas. «Se han solicitado hasta la fecha 560 751 hectáreas, y cerca de 56 000 personas ya poseen la tierra que han pedido».

El funcionario aseguró que de las áreas que se han entregado, más del 60 por ciento se encontraban infestadas de marabú o maleza. El trabajo ha sido arduo, teniendo en cuenta que han sido entregadas en su mayoría a personas que poseen la tierra por primera vez.

Más del 80 por ciento de los beneficiados no poseían ningún terreno, solo el 16,7 por ciento pertenece a personas que amplían sus tierras.

—¿Cuáles han sido las principales dificultades afrontadas para este proceso?

—Lo que más ha incidido es el fondo de tierras ociosas. El decreto establece la declaración de un fondo a partir del cual se comienza un proceso de solicitud de entrega. Este tuvo dificultades en sus inicios, porque no todas las entidades obraron de la misma manera, y no todas informaron y publicaron realmente las áreas baldías.

Pedro apunta que el decreto plantea que hay un grupo de áreas que no se pueden entregar, porque constituyen intereses priorizados por el Estado. «Ahí tuvimos que profundizar en el área de las CPA. Hay algunas que tienen en su patrimonio tierras desocupadas y la dirección de la ANAP indicó un proceso de depuración.

«Estas tierras de las cooperativas ya se han declarado ociosas y nos encontramos en estos momentos en el proceso de compra-venta para incorporarlas al Estado y a partir de ahí comenzar la entrega».

Asevera que por esa vía se va a liberar un grupo de tierras muy importantes, sobre las cuales hay solicitudes que están paralizadas hasta tanto pasen a ser patrimonio estatal.

«Hay unas 26 000 solicitudes que hemos llamado a reorientar, porque fueron entregadas en áreas que el decreto prohíbe. Nos queda otro grupo, que son las que reevaluamos, de manera tal que esas personas sean reorientadas hacia otras tierras cuya entrega sí se permite.

Las solicitudes denegadas no son muchas, y las principales causas han sido que las tierras que se demandan no están ociosas porque no han sido declaradas o que el propio decreto-ley no las contempla entre las que deben entregarse.

«También se les ha denegado a personas que piden la tierra, pero viven muy distantes de donde la solicitan, incluso en otros municipios y provincias. Uno de los requisitos para ser tenedor de estas tierras en usufructo es demostrar que se pueden atender.

«El incumplimiento de requisitos es otra de las causas de denegación. Hay personas que no tienen una conducta adecuada y se las hemos negado. Por otro lado, hemos recibido solicitudes múltiples. Cuando más de una persona pide la tierra, en el momento de evaluar a quién se le entregará, la comisión agraria municipal da su aprobación por el que

tenga mejores condiciones. Los agricultores pequeños, que ya tienen experiencia, se favorecen».

—¿Violaciones del proceso?

—Hemos identificado como causa más común la calidad de la documentación. La premura con que se elaboraron y el volumen de solicitudes al inicio trajeron eso consigo.

Otra violación presentada, según el Director del Centro Nacional de Control de la Tierra, es la dilación de los términos. El propio decreto da al solicitante la posibilidad de 15 días para presentar los avales.

La medición catastral constituye otra limitación en algunos lugares, como en la Isla de la Juventud y Las Tunas. El proceso marcha al 92 por ciento y aunque se ha logrado una integración entre las oficinas de Hidrografía, Geodesia y las delegaciones de la Agricultura, por lo intrincadas que se encuentran muchas tierras en ocasiones la medición de estas se ha visto limitada.

«Por lo tanto, al revisar los términos de cada uno de los expedientes, uno se percata de que en algunos casos las mediciones sobrepasan los 60 días, tiempo máximo que establece el decreto. Eso provoca inconformidad en las personas y falta de seguridad».

También ha afectado la aprobación de las comisiones agrarias. Estas funcionan en los municipios el segundo martes de cada mes, de acuerdo con la resolución que las creó.

«Nos dimos a la tarea de orientar que se reúnan de manera operativa en la medida en que haya expedientes. Ellas debieron funcionar de esta manera desde el principio, para evitar dilaciones en el proceso».

El problema que más daño ha provocado, precisó, es la notificación de la conclusión del proceso. Se concluye este, se autoriza la tierra, y ese acto de notificarle al solicitante y confeccionarle el convenio se ha retrasado también. Eso en definitiva es lo que le da la posibilidad de tenedor inscripto, y es a partir de ahí que puede hacer las demás operaciones.

«Hemos indicado no hacer el acto de notificación en el registro de la tierra, sino trasladarlo hacia los lugares próximos a los solicitantes. Ese proceso se ha organizado mediante las CCS y en determinados sitios se divulga el día en que se notificarán», apuntó.

A pesar de la voluntad compartida por los protagonistas del nuevo proyecto que pone en práctica el país para incrementar la producción de alimentos, un gran por ciento de las tierras entregadas, en preparación, han llegado al mes de marzo sin estar listas para el cultivo.

No obstante, hay coincidencia entre los noveles usufructuarios: la nueva entrega de tierras va a resultar.

Francisco Santana, quien incrementó sus tierras en la zona de Santa Rita, en Santiago de Cuba, retrata el ambiente reinante.

«La gente está luchando de acuerdo con los recursos. Todo el mundo no tiene para pagar un tractor, el petróleo está difícil; las CCS no pueden darnos respuestas a todos al mismo tiempo, de manera que a veces hay que hacer la colita y esperar su turno... pero la gente está trabajando, con muchos deseos de producir».