Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

La falta de viviendas o el deterioro de las existentes constituyen una de las insatisfacciones del pueblo,  pero la Revolución tiene un programa que demanda del esfuerzo de la población, las instituciones y las comunidades

Más del 75 por ciento de las viviendas actualmente existentes han sido construidas con la Revolución. Foto: Roberto Suárez Unas 50 000 viviendas se edificarán este año en toda la Isla como parte del programa emprendido por el país hace 28 meses, se informó en el espacio de la Mesa Redonda Informativa que este viernes abordó la situación actual y las perspectivas de este sector en el país.

Aunque el plan de 2008 no supera el del año precedente, funcionarios del Instituto Nacional de la Vivienda advirtieron que requerirá de similares recursos, ya que se incrementará la complejidad constructiva, al potenciar la ejecución de edificaciones que no se encuentran en fase avanzada.

Al analizarse la ejecución del programa de 2007, Oris Silvia Fernández, vicepresidenta primera de dicha entidad, señaló entre las causas que impidieron cumplir la cantidad prevista, ascendente a más de 70 000 viviendas, insuficiencias en la capacidad técnica y organizativa, así como del apoyo de las instituciones que debían contribuir a dicho proyecto.

Uno de los problemas que impiden terminar una mayor cantidad de viviendas es la falta de transportación para llevar los materiales de los almacenes hacia los lugares donde se construye. Foto: Roberto Morejón Mencionó la falta de transporte en los municipios para trasladar los materiales desde los almacenes provinciales a los puntos de venta a la población, y de estos al lugar de las obras; así como la falta de capacidad constructiva de las empresas estatales, y las escasas producciones en las industrias locales.

Otro de los problemas debatidos en el espacio informativo, y que a decir de los panelistas agobian a la población y frena el desenvolvimiento de los programas de construcción y rehabilitación de viviendas son las demoras y trabas en los trámites legales.

Aunque se han eliminado cinco gestiones y 16 corren a cargo de las oficinas de la entidad en los territorios, todavía la falta de sensibilidad y destreza de quienes tratan con el público en ocasiones coadyuva a que se mantengan las insatisfacciones, reconoció Víctor Ramírez, presidente del Instituto Nacional de la Vivienda.

El funcionario reiteró la necesidad de sensibilizar a todos los implicados con el asunto, sobre todo donde hay mayor densidad poblacional y demandas acumuladas, y destacó que actualmente cuentan con más de 40 000 trabajadores que se dedican dignamente a la prestación de servicios.

Sin embargo, denunció la existencia de individuos que han traicionado la ética al cometer indisciplinas laborales, violar normativas, desviar recursos materiales y participar en actos de corrupción y fraudes en determinados momentos, razones por las cuales fueron sancionados el año pasado 1 596.

«La Revolución no tiene por qué sentirse responsable de la situación que hoy tiene el país con la vivienda. La voluntad política desde su triunfo estuvo encaminada a llevar la justicia social también a este sector, para lo cual enfrentó planes constructivos que permitieron edificar más de dos millones de inmuebles, y hacer propietarios a 2,8 millones de personas», apuntó.

El presidente del Instituto de la Vivienda significó que en 28 meses de reanimado el programa de construcción se han concluido 194 000 inmuebles, y que no se ha avanzado más por tres causas fundamentales: el derrumbe del campo socialista, el bloqueo norteamericano y el asedio de los huracanes a la Isla.

Reconoció entre las urgencias del programa la existencia de familias albergadas, la convivencia de varias generaciones bajo un mismo techo y los problemas acumulados durante años, situaciones que, aseguró, tendrán solución paulatinamente, pues dependen de recursos encarecidos cada vez más por los precios actuales del petróleo.

Antes del Triunfo de la Revolución, en Cuba existía un déficit de viviendas de más de 640 000, y una parte considerable de la clase obrera estaba obligada a subsistir en barrios insalubres y precarias condiciones.

Sin embargo, destacó Salvador Gomila, asesor del Instituto de la Vivienda, a partir de 1959 comenzaron a adoptarse numerosas medidas encaminadas a revertir esta situación. Se dictaron nuevas leyes que rebajaron los alquileres en un 50 por ciento y comenzó la construcción de viviendas a gran escala en todo el país.

Más del 75 por ciento de las viviendas actualmente existentes han sido construidas con la Revolución, y más del 95 por ciento de los hogares cuentan con un sistema de electrificación, agua y saneamiento.

Entre los cambios propuestos por la nueva dirección del país estuvo la Ley de Reforma Urbana, que buscaba transformar la naturaleza mercantil de la vivienda y que fue ratificada en 1984 por la Ley General de la Vivienda. Hoy más del 80 por ciento de los ocupantes del fondo habitacional son propietarios, y aquellos que pagan alquiler no erogan por estos más del 10 por ciento de sus ingresos.

A inicios de los años 70 se crearon las microbrigadas de trabajadores y en los 80 se constituyeron las microbrigadas sociales, ambas con el propósito de erradicar las cuarterías, los suburbios y mejorar las condiciones de vida.

Luego, con la llegada del período especial y la agudización del bloqueo, se produjo una abrupta caída en la situación de la vivienda.

A ello se le han sumado otras dificultades, como los fenómenos naturales que han provocado daños cuantiosos en unas 660 000 viviendas. De ellas 76 000 han quedado destruidas completamente.

Un momento importante que se recordó en el espacio informativo de la Mesa Redonda fue cuando en el año 2005 se acordó en la Asamblea Nacional un programa para la construcción, reparación y rehabilitación del fondo habitacional del país.

Oris Silvia Fernández, vicepresidenta primera del Instituto Nacional de la Vivienda, explicó que este proyecto tendría como principio que el propietario sería su constructor principal, apoyado técnicamente por los organismos e instituciones pertinentes.

Para ello se tendrían en cuenta tres vías de selección: el Estado y los consejos de administración provincial y municipal; el movimiento sindical, y los propios vecinos en las circunscripciones.

Advirtió la funcionaria que uno de los principales problemas que impiden la terminación de mayor cantidad de viviendas es la presencia de obstáculos como la falta de transportación para llevar los materiales de los almacenes hacia los lugares donde se construyen, el déficit de fuerza calificada que apoye técnicamente dicha construcción, así como la falta de un desarrollo de la industria local.

Para que las nuevas viviendas tengan las necesarias condiciones de confort y seguridad, se ha previsto la utilización de materiales de mayor calidad según lo permita la revitalización de la economía cubana.

Según explicó Oris Silvia, en la actualidad el programa cuenta con carpintería galvanizada, muebles sanitarios de alta calidad, y advirtió que estos recursos son entregados de acuerdo al lugar donde se ubique la vivienda, pues no es igual un edificio que una casa en zona rural.

Como parte del programa de rehabilitación y conservación se plantea la realización de diferentes acciones, el 21 por ciento de ellas dedicadas a erradicar problemas emergentes que pueden deteriorar en corto plazo la obra ya terminada.

A la venta de materiales para respaldar el programa por esfuerzo propio en el 2007 se destinaron unos 124 millones de pesos. Sin embargo ese año solo se terminaron 52 607 viviendas de un plan trazado de 70 300, dado las dificultades técnicas y organizativas.

Otro de los problemas que incomoda a la población en el tema de la vivienda es el relacionado con los trámites legales que encierran los procesos de confirmación de una obra, permutas, etc.

Magalys Piñeiro, vicepresidenta jurídica del Instituto Nacional de la Vivienda, destacó el trabajo realizado con la creación de las oficinas de trámite, que han permitido una simplificación de los procesos, así como una mejor atención a las quejas e inconformidades de las personas.

Con la implementación de unos 156 locales de este tipo en todo el país se ha logrado reducir el número de trámites, de 39 a 16.

La funcionaria reconoció que aún la población se siente insatisfecha: «Nos llegan las quejas por la sobrecarga que persiste en la tramitación, pero ese es un problema que se irá solucionando en la medida en que se puedan agilizar los procesos en cada local», advirtió.

«Hoy se siguen solicitando documentos a la población que no son imperiosamente necesarios. Ello se debe a los problemas de capacitación y está relacionado además con la sensibilidad y voluntad de las personas responsabilizadas con el trato a la población», apuntó.

Estas oficinas de trámite, de acuerdo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tienen horario extendido, y aunque existen insuficiencias, reconoció la Vicepresidenta, hay lugares donde se ha organizado el proceso y se logran mejores resultados, como por ejemplo en las provincias de Matanzas, La Habana y Sancti Spíritus.

Acotó la funcionaria que para este año se mantiene el propósito de lograr un mayor compromiso en el contacto diario con la población, aplicar el sistema de informatización, control de los cuadros, y el mantenimiento de los locales a fin de crear mejores condiciones, tanto para los trabajadores como para atender al público.