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El Ministerio de Relaciones Exteriores ha conocido que el pasado 27 de noviembre se ejecutó en los Estados Unidos, por cuarta ocasión, el robo de fondos cubanos que fueron ilegalmente congelados en bancos norteamericanos con posterioridad al triunfo de la Revolución, al amparo de las llamadas «Regulaciones para el Control de los Activos Cubanos» aprobadas el 8 de julio de 1963, mediante las cuales se estableció, entre otras medidas, el congelamiento de los activos cubanos en Estados Unidos, como parte de la ilegal y cruel política de bloqueo contra Cuba.
Este robo impúdico se produce para satisfacer los fallos judiciales derivados de las espurias demandas presentadas contra nuestro país ante tribunales de los Estados Unidos por las ciudadanas norteamericanas Janet Ray Weininger y Dorothy Anderson McCarthy. Estas demandantes recibieron un total de 72 126 884 dólares, provenientes de los fondos cubanos congelados en cuentas bancarias del Banco Nacional de Cuba y de la Empresa Cubana de Telecomunicaciones (EMTELCUBA). En ambos casos, los tribunales federales norteamericanos validaron los fallos emitidos por una Corte estadual de Florida.
Una de las demandas contra Cuba fue interpuesta ante la Corte estadual del Onceno Circuito Judicial de Florida para el Condado de Miami-Dade, por Janet Ray Weininger, hija del piloto norteamericano Thomas Willard Ray, de quien se alegó falsamente que fue ejecutado de manera sumaria el 19 de abril de 1961 durante la invasión mercenaria de Playa Girón.
En realidad, se trata de un piloto agresor norteamericano, oficial de la CIA, quien fue abatido durante la invasión y cuyo cadáver permaneció conservado en el Instituto de Medicina Legal de Cuba durante 18 años debido a que el gobierno de los Estados Unidos ocultaba su identidad y se negaba a aceptar su ciudadanía norteamericana, para no reconocer su responsabilidad directa en la fracasada invasión. Finalmente, ante las gestiones de la familia Ray y tras el reconocimiento por el gobierno de los Estados Unidos de la identidad y ciudadanía norteamericana del piloto, fue posible la entrega del cadáver a sus familiares en 1979.
En la otra demanda, presentada por Dorothy Anderson McCarthy, la referida Corte estadual aceptó los cargos de supuesta tortura y asesinato extrajudicial del ciudadano norteamericano Howard F. Anderson sin prueba alguna y cuando en realidad se trata de un ciudadano norteamericano que fue juzgado el 18 de abril de 1961 por el Tribunal Revolucionario de Pinar del Río en la Causa No. 97 de ese año, por sus actividades subversivas al servicio del gobierno de los Estados Unidos y contra el pueblo cubano y sancionado a la pena de muerte.
Anderson había sido detenido por los Órganos de la Seguridad del Estado el 26 de marzo de 1961, pocas semanas antes de la invasión de Girón, como integrante de una agrupación de ex militares al servicio de la tiranía, miembros de los grupos terroristas «Asociación Cívica Anticomunista» (ACA) y «Frente Revolucionario Democrático» (FRD), que preparaban alzamientos armados dando cumplimiento a instrucciones de la CIA. Al grupo de Anderson le fueron ocupadas 8 toneladas de armas, que habían enterrado en la costa sur de Pinar del Río, y que habían sido trasladadas a Cuba el 22 de febrero de 1961 por un barco con matrícula norteamericana, en una operación dirigida por la CIA. Las investigaciones confirmaron que Anderson, quien actuaba en Cuba con el seudónimo de «Lee», era el enlace de la CIA con las referidas organizaciones contrarrevolucionarias en Cuba.
Durante el desarrollo de las demandas judiciales contra Cuba que ahora dan lugar a una nueva acción de robo de nuestros fondos congelados, el gobierno de los Estados Unidos actuó con total complicidad con los demandantes, al argumentar que la ley norteamericana permitía el uso de dichos fondos para satisfacer los fallos favorables a los demandantes, así como que el Departamento del Tesoro no pondría el más mínimo impedimento e inclusive los eximía de la necesidad de obtener una licencia para poder apropiarse del dinero.
Estas acciones contra Cuba se sustentan en la manipulación arbitraria y politizada de la designación de nuestro país como un supuesto Estado «patrocinador del terrorismo internacional» por parte del gobierno de los Estados Unidos, así como en una interpretación tergiversada de las propias leyes norteamericanas.
Resulta totalmente inaceptable que se acuse al Estado cubano de la comisión de supuestos actos de terrorismo contra ciudadanos norteamericanos. Por el contrario, han sido precisamente actos de terrorismo y ataques armados contra Cuba, perpetrados desde ese país, los que han ocasionado miles de muertes, graves lesiones físicas y psíquicas a nacionales cubanos, así como cuantiosos daños y perjuicios económicos a nuestro país.
Estas y otras demandas similares, presentadas en tribunales norteamericanos, carecen de validez y legitimidad para Cuba, pues se basan en argumentos totalmente falsos y manipulados, constituyendo aberraciones legales que solo pueden tener cabida y sustento en la política irracional y hostil del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.
El Estado cubano ha denunciado reiteradamente la actuación ilegal de las sucesivas administraciones de los Estados Unidos contra los fondos cubanos congelados ilegítimamente en dicho país. En el pasado estos fondos han sido robados por decisión o con la anuencia de varios presidentes y del propio Congreso norteamericano, en fechas 2 de octubre de 1996, 12 de febrero de 2001 y 29 de abril de 2005, para «compensar» a representantes de la mafia terrorista de Miami, en particular a los familiares de los pilotos de la organización contrarrevolucionaria «Hermanos al Rescate», quienes fueron derribados el 24 de febrero de 1996 por violar reiteradamente nuestro espacio aéreo.
Con el reciente ataque a los activos financieros cubanos congelados en bancos de los Estados Unidos, suman ya 170 233 536 dólares los fondos que han sido robados a nuestro país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores denuncia que, al tomar una vez más la decisión unilateral de robar los activos financieros cubanos, el gobierno de los Estados Unidos incumple flagrantemente sus obligaciones de proteger y custodiar la integridad absoluta de esos fondos pertenecientes a instituciones cubanas.
El gobierno cubano no reconoce la jurisdicción de los tribunales norteamericanos para juzgar a la República de Cuba. Ni el gobierno de los Estados Unidos ni los órganos judiciales de este país están legitimados para entregar parte de los fondos cubanos congelados a grupos terroristas o a familiares de ciudadanos estadounidenses que se han involucrado en agresiones contra nuestro país, alentando así de manera directa este tipo de acciones.
El gobierno de Cuba condena estos nuevos ataques contra los fondos cubanos congelados en los Estados Unidos, por constituir un acto violatorio del Derecho Internacional y una manifestación más de la criminal política de bloqueo y hostilidad del gobierno norteamericano contra nuestro país.
Cuba jamás renunciará a su derecho a exigir la plena responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos por el robo de hasta el último centavo de los fondos que legítimamente nos pertenecen.
La Habana, 10 de enero de 2007
