Acuse de recibo
EL pasado 9 de febrero, desde Santa Fe, La Habana, Celia Guerra Rivero contó que es jubilada del Instituto de Investigaciones Agroforestales (INAF), y sigue contratada. Y hace más de diez años el INAF le asignó una vivienda, concluida el 25 de enero de 2013, pues en 2005 el huracán Charlie destruyó el local donde vivía junto a su hija.
Desde entonces, hizo muchos trámites con la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) de Playa para legalizar la casa, por el extravío allí de su expediente en dos ocasiones, y de documentos originales, como el Dictamen Técnico de Descripción, Tasación y Medidas y Linderos, emitido el 28 de agosto de 2019 por Planificación Física. Y se emitió la Providencia de Archivo Definitivo 126/2020 el 13 de agosto de 2020, firmada por el entonces director de la DMV, Alfredo R. Cisneros Tamayo, la cual declaró que los documentos aportados al proceso no eran suficientes para obtener un pronunciamiento por esa administración.
Indicaba Celia que en la Subdirección Jurídica de la Vivienda de Playa continuó los trámites. Presumiblemente ya su expediente estaba completo, y de nuevo desapareció. En julio de 2022 tuvo que entregar otra vez su expediente, una vez emitido por Planificación Física el Dictamen Técnico de Descripción, Tasación y Medidas y Linderos.
Los documentos fueron aprobados por el Director de la Vivienda y transferidos al Fondo Habitacional de Playa. Fue citada en septiembre de 2022 para precisar aspectos de la documentación y le informaron que esta pasaba a la provincia, que emite el acuerdo de aprobación y luego lo entrega a Playa para que emita resolución correspondiente a la legalización.
«En noviembre y diciembre, decía, cada vez que llamé al Fondo Habitacional me informaron que había que esperar, porque en la provincia no tenían tóner
para imprimir… Me brindé a apoyar pagando la impresión, pero no fue posible. Concluyó 2022 y el primer mes de 2023, y de nuevo en el Fondo Habitacional me dicen que aún tengo que seguir esperando, que no depende de ellos, sino de la provincia.
«Han pasado diez años, dice, y mi situación sigue ilegal y no es de mi responsabilidad. Desde 2013 residimos en esta dirección y estamos en la libreta de abastecimiento de la anterior dirección donde vivíamos, en la cual hay numerosas personas, con todos los inconvenientes que esto conlleva. Y se agrava, porque hay artículos que son por núcleo.
«El 20 de noviembre de 2022 envié una comunicación con mi caso a la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Ministros, y le asignaron el número 142692 para darle seguimiento. Y al no recibir ninguna respuesta volví a comunicarme. Me informaron que había sido transferido al Poder Popular de La Habana. De la Oficina de Atención a la Población del Poder Popular de La Habana, el 22 de diciembre me informaron que lo habían recibido y me dieron el número de caso 12558, para que le
diera seguimiento, pero de todas formas mi familia y yo, con 77 años, que tengo problemas de salud… seguimos en la misma situación».
Y de nuevo escribe Celia para informar que no ha recibido respuesta, por «la indolencia y la falta de seriedad que ha existido en este caso».
Señala que el 28 de marzo pasado se presentó en la Dirección provincial de la Vivienda, y en el Fondo Habitacional le atendió la compañera Tania, que, amablemente, con ayuda de otra trabajadora, localizaron en archivo sus documentos. Se los mostró y le dijo que estaban aprobados en el Acta 4/2022, pero no se los podía entregar, sino a Betty, del Fondo de Playa. Y que en esa semana la llamaría.
Celia salió de allí esperanzada. Se comunicó con Betty, y le informó de su visita a la Vivienda provincial. Aquella le dijo que la llamara el 5 de abril, posterior a la visita que haría a Provincia. Lo hizo, y Betty le expresó que Tania le comunicó que en ningún momento le había dicho eso a Clara, y que tenía que seguir esperando.
«¿Seguir esperando cuantos años más?, indica, si mi familia y yo llevamos más de diez años esperando para legalizar la casa que me asignaron por el Estado? Más de diez años recibiendo evasivas, respuestas falsas, cargadas de indolencia por parte de directivos que dañan seriamente a la Revolución, porque desconocen que en el concepto de Revolución se expresa que es “no mentir jamás, ni violar principios éticos”».