Acuse de recibo
Marta de Jesús López Hernández (Edificio 641, apto. 10, Zona 17, Alamar, municipio de Habana del Este, La Habana) denuncia que hace meses en la tienda El Progreso de la cadena TRD Caribe de la Zona 15 de ese reparto no se pueden adquirir los productos que llegan controlados, porque los coleros revendedores son quienes se benefician.
Refiere incluso que ya hay grupos organizados de coleros como Los 70, muy conocidos en Alamar; y también el denominado Del Guajiro.
«El pasado 24 de septiembre, cuenta, pude corroborar por mí misma la indignación e impotencia que sufre la población asignada a dicha tienda. Marqué en una cola bien organizada para cuando dieran los turnos después que compraran los 200 que dieron el día anterior. Sobre las cuatro de la tarde iban a repartir los turnos.
«Nos organizamos bien, sin ningún tipo de discusión, cuando de pronto viene el Grupo del Guajiro diciendo que eran los primeros. Se pusieron delante de nosotros y se formó tremenda discusión. Y llegó el de Lucha contra Coleros (LCC). Se le explicó que ellos no eran los primeros y que compraban todos los días. Hizo caso omiso y empezó a repartir los turnos por ellos.
«Pero después le sigue otro eslabón de la cadena. Son las designadas cuya función es revisar y hacer las anotaciones para evitar que compre quien no le corresponde. Esto no se cumple, porque ellas les ven las caras y saben bien que compran todos los días.
«Esos coleros compran los mismos productos una y otra vez porque ellas lo permiten. Por mucho que surtan siempre habrá cola y seguiremos sin comprar lo que nos corresponde. Se aprovechan de la escasez para revender. Todo esto es bien conocido por las organizaciones de masas y políticas de la comunidad y por el Consejo Popular Alamar Este. No hacen nada. No hacen caso a las quejas de la población. ¿Hasta cuándo tanta corrupción, tanta falta de respeto?
«Es hora ya de accionar. El Poder Popular y el Partido en el municipio, los CDR y la Dirección Nacional de TRD Caribe tienen que hacer algo ya. No pueden continuar ciegos, sordos y mudos», concluye Marta de Jesús.
¿Será solo en El Progreso?
Dulce M. Rodríguez Santos (Pedro Mesa no. 5-A, entre Maceo y Moncada, Esmeralda, provincia de Camagüey), es una maestra jubilada de 75 años, que habla por los oídos lacerados de los vecinos, desde que en esa cuadra autorizaron el bar cafetería Las Ruinas, que se ha convertido en una verdadera tortura.
«Lo han convertido en discoteca sin respetar hora ni día de la semana para poner la música a un volumen muy alto. Muchos vecinos hemos conversado con los dueños, y dicen que están autorizados por el Gobierno».
Pero por quejas y firmas recogidas de los vecinos afectados, señala, les fue retirada la licencia por no tener las barreras acústicas para aislar el sonido.
El asunto es que ese local está pegado al vecindario donde hay más de 70 personas mayores de 60 años, la mayoría con padecimientos. No es un anfiteatro, parque o plaza donde las casas están más alejadas, son espacios más amplios y la música se expande.
«Ellos continúan con el ruido y los vecinos, enfermos, niños y ancianos, sufriendo las consecuencias, que para nadie es un secreto lo que puede ocasionar para la salud la contaminación acústica.
«Leí en algún lugar que los presos de la Base Naval de Guantánamo son torturados con música muy alta. Realmente esto es una tortura, y nos están matando lentamente. ¿Qué pasó? ¿Quién viola las normativas de Salud Ambiental y el Citma, que aun retirada la licencia el ruido es el mismo?», concluye.
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