Acuse de recibo
La historia que Gleidis González Díaz narra desde calle El Pozo No.65, reparto Julio Antonio Mella, en Bartolomé Masó, provincia de Granma, es muestra de cómo una medida justa para beneficiar a trabajadores destacados, en medio de carencias y serias dificultades económicas, puede deformarse por la rara manera en que se plasma.
Gleidis es enfermera de un consultorio médico del policlínico Bartolomé Masó Márquez, y como tal asumió misiones en la zona roja de atención a pacientes con COVID-19, en cumplimiento de su deber y con no pocos sacrificios.
En el municipio se asignaron 25 ciclos para niños, y por acuerdo del Consejo de la Administración Municipal el pasado 25 de febrero, se decidió vendérselos a trabajadores destacados de la Salud y otros sectores, con plazo hasta el 3 de marzo para su compra.
Por su parte, el Sindicato Municipal de Salud informó a los trabajadores que estuvieron en zona roja en el enfrentamiento a la COVID-19 que podían solicitar los ciclos. El 2 de marzo se realizó una reunión extraordinaria para decidir a quién se los asignaban. Y se confeccionó un listado oficial con nombre y apellidos y número de carné de identidad de los seleccionados. En ese listado aparecía Gleidis como segunda. Sin embargo, no le avisaron ni por parte de la dirección del policlínico ni por el sindicato.
Se enteró el 4 de marzo de manera informal, por una amistad. Se comunicó con la secretaria del Sindicato de la Salud, quien le manifestó que no fuera a comprar el ciclo, pues ya los habían vendido el 3 de marzo.
El esposo de Gleidis se comunicó con el Director municipal de Salud, cuya respuesta fue que la decisión que se tomó en la reunión era que si en la fecha acordada, 3 de marzo, no habían ido a comprarlos, se vendieran a cualquier persona. Decisión con la que ella no comulga, pues no es un artículo perecedero, que pueda deteriorarse con los días.
«Si por mi desempeño decidieron asignármelo, dice, lo primero era comunicármelo a tiempo. Lo segundo es que si no me presentaba a comprarlo antes del 3 de marzo, había que revisar cuáles eran las causas por las que no había ido, y no vender la bicicleta a cualquier persona. Mi área de trabajo tiene teléfono, que se conoce en el policlínico. Y laboro a menos de 100 metros de la tienda donde se vendieron».
El 5 de marzo Gleidis se comunicó con el Gobierno Municipal. Y la Intendente le respondió que ella había emitido una carta. La indicación estaba clara: había que comprar la bicicleta en la fecha establecida. Fue entonces a la tienda, y su administradora le indicó que un grupo de inspectores le iban a imponer una multa si tenía los ciclos después del 3 de marzo.
Gleidis elevó la queja a la oficina del Gobernador de la provincia, y allí registraron su inconformidad, y le plantearon que iban a tramitar la queja con la Intendente del municipio. El esposo de Gleidis se comunicó con la jefa de despacho de la Directora provincial de Salud: La respuesta fue que como esos artículos no habían entrado por Salud Pública, ellos no tenían nada que ver con el asunto.
«No se respetó mi condición de madre trabajadora, dice. Y por mis méritos y buen desempeño en este duro período que enfrenté, se debió valorar más mis sacrificios. Es incomprensible que alguien que no se merezca ese reconocimiento se haya apropiado del artículo. Y lo más asombroso es que la administradora de la tienda plantea que no aparece el listado ni conoce la persona a la que se le vendió la bicicleta que me correspondía. Es evidente que algo se esconde. No concibo que cosas como esta ocurran, cuando nuestro Gobierno aboga por la protección a los trabajadores y por la transparencia.
«Hasta ahora todo ha quedado en silencio. Quisiera que se evalúe el caso para que no le suceda lo mismo a otro trabajador que arriesga su vida por salvar a los que lo necesitan; que por esa causa me gradué como enfermera licenciada y estoy integrada a los principios de esta Revolución», concluye.
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