Acuse de recibo
Bárbara Prieto Rodríguez (Oscar Primelles, No. 12, entre José Antonio Saco y Narciso López, Nuevitas, Camagüey) es una señora ya jubilada, a quien en 2018 se le aprobó un subsidio de 90 000 pesos, debido a que su vivienda fue derrumbe total en dos ocasiones por eventos meteorológicos.
Cuenta ella que la ejecución de su nueva casa, consistente en una habitación, cocina y baño, apenas duró 15 días y estuvo a cargo de una cooperativa no agropecuaria de esa localidad.
«El techo de la casa, afirma, lo montaron de planchas prefabricadas sin la malla electrosoldada. Y se moja completamente, incluyendo las paredes, y afectando, además de todo el repello, equipos electrodomésticos como el teléfono alternativo, el televisor al cual ya se le rompió el tubo de pantalla y la cocina eléctrica. Además, no está terminada la instalación hidrosanitaria ni la eléctrica».
Refiere que el técnico de la Dirección Municipal de la Vivienda le envió al jefe de brigada de la cooperativa para que le efectuara el pago correspondiente, alegando que después me darían los materiales que le faltan para la terminación del trabajo. Y luego que realizó el pago le dijeron que no había materiales, pero que cuando llegaran se los iban a asignar.
«Ahora ¡me están declarando la vivienda como terminada! Y me quieren quitar la tarjeta, a la cual le queda un tercio del dinero asignado. Otro problema es que cuando llegan los recursos se los están dando a otros casos que comenzaron mucho después, y que aún no han efectuado el pago. Y a mí, que ya pagué toda la mano de obra, no se me cumple lo prometido», concluye Bárbara.
Vale la pena la alerta del lector Félix Agüero Valdés, residente en Luz 460, entre Egido y Villegas, Habana Vieja, La Habana, ahora que se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto-ley No. 9 de 2020 del Consejo de Ministros acerca de Inocuidad Alimentaria, el cual entrará en vigor el 21 de abril de 2021 y aplicará un régimen de infracciones que, en dependencia de la magnitud del daño, puede ir desde una multa hasta la responsabilidad penal.
Precisa Félix que en la prensa se le ha dado bastante información de ese cuerpo legal, pero aún no se profundiza en los mecanismos para hacer cumplir el mismo cuando entre en vigor, y quienes serán los responsables del seguimiento al cumplimiento de la misma.
Actualmente, añade, coexisten con las empresas conserveras otras formas productivas como minindustrias y cooperativas, que venden productos a la población en mercados estatales. Y esos productos con diferentes formas de envasado, en oportunidades no cuentan con la identificación del mismo e ingredientes.
«En el mercado de Egido de la Habana Vieja, precisa, se expenden unas bolsitas, según ellos de puré de tomate, sin identificar productor, contenido ni fecha de elaboración. Y basta con ver el color para saber que no es real. ¿Y eso nadie lo controla? ¿Quién responde por exigir la veracidad de lo que se oferta? ¿A quién reclamar ante tales hechos? ¿Cómo resarcir al consumidor una vez estafado al comprar algo que no es por lo que pagó?».
Denuncias como esta vienen difundiéndose hace ya tiempo en los medios de prensa. Es un asunto permanente en el colimador de esta sección. Por eso, comprendo la inquietud de Félix en cuanto a que hay que ir preparando a toda la sociedad para cuando entre en vigor el Decreto-ley, cada quien sepa cuáles son las reglas del juego.
«El Estado cubano hace grandes esfuerzos por transformar los problemas existentes de abastecimiento. Pero no bastan las leyes por sí mismas. Hace falta más control y rudeza a la hora de aplicarlas, pues se juega con la salud de las personas», termina el lector. Y mucha razón tiene en su alerta.
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