Acuse de recibo
El pasado 22 de junio, y desde Los Arabos, Matanzas, Raúl Ramírez Pérez contaba que es propietario legal de su casa hace 32 años. Y desde 2013 no podía disfrutar de una parte del espacio que le pertenece, porque su vecina, sin su consentimiento, había ido a la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) a que le autorizaran ocupar una parte del terreno de Raúl, para erigir una cerca de canto y malla.
Según Raúl, tras concluir el proceso de tramitación, el Tribunal Municipal falló a favor de la vecina. Él reclamó al Tribunal Provincial, que falló a su favor. Inconforme, ella reclamó en 2016 al Tribunal Supremo Popular, que dio la razón a Raúl, con notificación el 22 de junio de 2016.
«Estoy a la espera de una respuesta por parte de la DMV y la DMPF para solucionar esta problemática que me afecta desde hace más de un año. ¿Hasta cuándo esperar para que las entidades del terruño hagan cumplir con total transparencia e imparcialidad lo que dictaminó la instancia superior?», decía Raúl.
El pasado 2 de octubre llegó respuesta de Amaro Cabrera Calero, presidente del Tribunal Provincial de Matanzas, quien afirma que, de acuerdo con la investigación hecha, «se constató que en cumplimiento de lo dispuesto por la sentencia mencionada, la Dirección Municipal de Planificación Física de Los Arabos dictó la Resolución No. 122 de 13 de octubre de 2016, por la cual fueron rectificadas las medidas y linderos de las viviendas de las partes, respetando la medida de cinco metros de frente, que tiene reconocido el reclamante en su título de propiedad, así como el pasillo que colinda con la vivienda de su vecina, ubicado por el lateral izquierdo saliendo, que forma parte integrante de la propiedad de su inmueble, sin que en momento alguno Ramírez Pérez refiriera al Tribunal la existencia de dificultad para hacer efectivo lo dispuesto en la sentencia».
Sobre la cerca de canto y malla, hecha por la vecina sin consentimiento de Raúl, y en espacio que le pertenece a este, señala que el 5 de julio pasado fueron dos inspectoras de la Dirección Municipal de Planificación Física, y le comunicaron que debía retirarla en 72 horas.
Ante la negativa de la vecina, anota, se convocó a la Comisión de Legalidad del territorio, y en presencia de miembros de la misma, el 9 de julio se retiró la cerca en cuestión, con lo cual se dio cumplimiento a lo dispuesto.
Agradezco respuesta y solución del caso. Pero, ¿tenía que revelarse aquí para que se cumpliera la sentencia, ignorada tanto tiempo? ¿Que Raúl no reclamara al Tribunal exonera a quienes deben hacer cumplir la misma?
Desde Carretera a Camajuaní, Km. 6 y 1/2, s/n, Callejón de los Patos, Santa Clara, llega el reclamo de Moisés Izquierdo Navarro para demandar se solucione un asunto que, literalmente, huele feo. Resulta que por el patio de la casa de Moisés pasa un canal construido por el Estado (no precisa para qué fin) y existen ciertos vecinos que vierten inescrupulosamente excremento de cerdo hacia el referido conducto.
Como se trata de un problema reiterado, Moisés ha acudido al policlínico de su localidad y «me dijeron que tenía que hacer un escrito, y así lo hice. Me dijeron una fecha para venir (a inspeccionar) y nada. Llevo meses esperando», evoca el remitente.
Aunque el remitente podría ahondar en otros detalles, el solo planteo del asunto ya deja fetidez por donde cortar. ¿Qué dicen las entidades locales vinculadas a estos menesteres? ¿Hasta cuándo se extenderá el problema, que puede provocar, incluso, expansión de enfermedades?
23
