Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Lo supimos en estas líneas el 15 de noviembre de 2016. Solo 28 metros cuadrados tiene el apartamento en el que el matancero José Luis Batista Rosales vive con su esposa y, a la par de la felicidad de habitarlo, le ha dado más de 28 motivos de zozobra en los últimos años.

Les fue entregado en 2006, como medio básico, y en 2009 comenzaron los trámites para pasarlo a régimen de propiedad. Lo mismo sucedía con los de muchas otras familias de trabajadores asociados al Ministerio de la Construcción (Micons) en el territorio, evocaba el remitente (calle 12, edificio 3, escalera E, No. 88, entre Vía Rápida y Final, Santa Marta, Cárdenas).

En julio de 2015 recibieron la Resolución No. 444, dictada por el Micons, que declaraba el cese de medio básico del apartamento y la transferencia de este a nombre de José Luis. Fueron 71 los trabajadores del sector de la Construcción, habitantes de este lugar, favorecidos igualmente.

Cuando ya los beneficiados iban a entregar en las oficinas de la Vivienda de Cárdenas los documentos, les informaron «que todo estaba paralizado», pues a última hora se percataron en el referido Ministerio que estos apartamentos estaban situados en una zona de alta significación para el turismo, relataba el lector.

Luego, y aún esperanzados en que todo se aclararía, los afectados recibieron la noticia de la resolución No. 1411/2016, del Micons, que anulaba lo aprobado en 2015.

Sin embargo, y puesto a revisar minuciosamente dicha resolución, desde el punto de vista jurídico, el remitente encontraba algunas fisuras a partir de la interpretación de las cuales podría darse otro rumbo a la historia.

Entre estos elementos José Luis indicaba que la resolución basaba uno de sus por cuantos en un acuerdo del Consejo de Ministros referido al municipio de Varadero. Sin embargo, este municipio fue extinguido según la Ley 110 de 2 de septiembre de 2010.

Asimismo, argumentaba que a la luz de otras normativas legales, con la aprobación del Ministerio del Turismo podrían declararse medios básicos en la zona o cambiar la condición de estos. De ahí que, quizá, previo acuerdo de los dos ministerios, se podría llegar a alguna solución.

Pasados más de seis meses de la publicación del caso, el 18 de mayo último nos volvió a escribir José Luis. Cuenta el lector que el 27 de diciembre de 2016 contactó vía correo electrónico con la Directora de Asesoría Jurídica del Micons. Esta le aseguró que «en los próximos días se dará respuesta a su escrito. Por la naturaleza del mismo hemos considerado que no requiere trasladarnos hasta Cárdenas, pues contamos con todos los elementos sobre el caso»...

«El pasado 29 de abril —añade el lugareño—, tras una citación de la Dirección Provincial de la Vivienda (DPV) de Matanzas, un grupo de compañeros sostuvimos un encuentro con funcionarios de esa institución, quienes nos escucharon y, con fecha 3 de mayo, emitieron una respuesta, firmada por el director (de la DPV), Armando Sanabria Ferrer».

Según se lee en la respuesta —que el lector anexa, pero no ha llegado a JR de manos institucionales—, «entre 8 y 9 de febrero del año en curso, en la reunión nacional para los directores y subdirectores jurídicos de las direcciones provinciales de la Vivienda y el municipio especial Isla de la Juventud, desarrollada en La Habana, se abordó la problemática de Matanzas (…) con la Dirección de Asuntos Legales de la Dirección de Vivienda del Micons (…), orientándose el cumplimiento estricto de los preceptos del mencionado Acuerdo 3003/96». Este acuerdo se refería a la consideración de Varadero como «zona de alta significación para el turismo internacional».

Asimismo, la respuesta también menciona una solicitud institucional «a la Presidenta del Consejo de la Administración Provincial, en fecha 17 de agosto de 2015, solicitando se valore la posibilidad de mantener el alcance de aplicación del artículo 109 de la Ley General de la Vivienda, sobre la Península». Este artículo es el mismo sobre el cual basan algunas de sus esperanzas de posibles alternativas al problema los constructores matanceros.

¿Cuánto falta por esclarecer legalmente sobre el asunto? ¿Se ha pensado ya alguna solución plausible para estas 72 familias? Son algunas de las interrogantes que continúan sobre la mesa.