Acuse de recibo
Hoy condensamos dos respuestas en la columna. Ambas son relativas a casos de Pinar del Río. El pasado 11 de octubre, el vueltabajero Alberto Hernández Prieto (Ave. Borrego, Microdistrito 20-5, escalera A, apartamento 4, Rpto. Hermanos Cruz) se quejaba de las complejidades y dilaciones para eliminar ilegalidades de una vecina de su edificio que lo afectan directamente.
Según narraba el remitente, en 2013 había dado la primera alarma en la Dirección Municipal de Vivienda, sobre una terraza ajena enclavada en las paredes de su apartamento, una meseta que cubre el registro sanitario del hogar de él y una cerca perimetral que impide el paso a lo que debería ser una zona de uso común para los residentes en la edificación.
A partir de aquel momento comenzó un camino de trámites, otras denuncias, visitas a instancias de Planificación Física Municipal (DMPF) y Provincial, multa y orden de demolición para la infractora nunca cumplida… y un largo etcétera, hasta la más reciente respuesta: había que esperar por el Grupo de Enfrentamiento Municipal.
A propósito, responde Mayelín Medina Moreno, máxima autoridad de la DMPF en Pinar del Río. Explica la Directora que en su municipio se han registrado un total de «2 052 ilegalidades contempladas en el Plan Integral de Enfrentamiento (PIEI), de ellas, el mayor porciento en edificios multifamiliares». Detalla que en 2016 se previó erradicar un total de 400 y, al escribirnos (30 de noviembre), faltaban aún 57.
Las ilegalidades que refiere Alberto —apunta la funcionaria— serán eliminadas en el lapso comprendido entre finales de 2016 y principios de 2017, por la magnitud y la logística que demandan. Y enfatiza que acciones de tal envergadura deben llevarse a cabo «sin violar las normas, procedimientos y legislaciones que requiere el asunto».
Además, en el caso en cuestión ha demorado más el proceso por el hecho de que «la persona a quien Alberto denuncia no se encuentra en el país, no pudiendo notificársele (...). La DMPF del municipio de Pinar del Río agotará las vías administrativas y procederá con la Fiscalía para acceder a la terraza que hoy está cerrada y sin acceso, si no retorna (la vecina) al país».
Al comunicársele esta respuesta al demandante, refiere la directiva, este no estuvo de acuerdo, pues solo desea que se efectúe de una vez lo que lleva tiempo esperando.
Agradezco la respuesta de Mayelín Medina Moreno. Es comprensible la extrema cautela para proceder en estos asuntos, pero también la necesidad de poner orden y legalidad, máxime cuando hay afectaciones, durante años, a terceros. Esperemos que este plazo que la DMPF informa «de manera conclusiva», se cumpla sin contratiempos.
La segunda misiva, enviada por Eduardo Porras Ramos, director general de la Empresa de Correos en la provincia pinareña, responde a la queja de Isabel Hernández Iglesias (km. 2 y medio, s/n, Carretera a San Luis, San Luis), quien afrontaba irregularidades para recibir la revista Bohemia, publicación a la que está suscrita desde 2014.
Comienza Porras reconociendo la razón en lo planteado por Isabel, a quien no se le entregaron los números tres y cuatro (febrero) y ocho (abril), de la centenaria publicación «por causa de las negligencias cometidas en el desempeño de sus funciones por el cartero integral encargado de dicha entrega». A este empleado, precisa, «se le aplicó la medida disciplinaria correspondiente, que incluyó la afectación salarial».
Igualmente —señala el Director— se realizó el análisis de las causas y condiciones que provocaron este hecho con vistas a que no se repita.
«Se aprovechó la ocasión para ofrecerle a Isabel nuestras disculpas y resarcir las revistas no entregadas en su momento, así como darle la posibilidad de suscribirse al resto de los servicios de publicaciones que brinda nuestra empresa, lo cual fue aceptado con agrado por la clienta», expresa el funcionario, cuya carta agradezco.
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