Acuse de recibo
Todavía en la memoria de Ramón Fernández Medina (Callejas No. 27, entre Narciso López y Avellaneda) y en la de muchos otros moronenses están los tiempos fundacionales del campismo popular en Cayo Coco. Ellos disfrutaron de aquellas aventuras desde que se abrió una base en el litoral norte de Ciego de Ávila, específicamente en Cayo Guillermo.
«Se realizaba un viaje en ómnibus hasta Punta Alegre; al llegar allí se abordaba un barco y se emprendía una travesía hermosa hasta llegar a la base de campismo. Esta instalación estaba constituida por casas de campaña de lona, de cuatro, seis y ocho personas. En esa etapa la base se llenaba casi en su totalidad de campistas de Morón», evocan en su misiva Ramón y otros 34 lugareños.
Al abrirse una nueva instalación de este tipo en Cayo Coco —rememoran— esta «comenzó con cabañas rústicas de cartón y fibrocemento, y a lo largo de la orilla (en las dunas), casas de campaña; también aquí concurrían mayoritariamente personas de Morón. (…) En la medida que fueron mejorando las condiciones se incrementó la participación de personas de toda la provincia, sobre todo del municipio de Ciego de Ávila, y de otras provincias, pero siempre se mantuvo la venta de reservaciones en el municipio de Morón».
Desde el punto de vista de los remitentes, a lo largo de los años se sostuvo la carpeta de reservaciones en su municipio no solo por lo ya narrado, sino también porque «acudían personas de toda la parte norte de la provincia como Bolivia, Ciro Redondo, Chambas»…
Pero resulta que de un tiempo a esta parte se ha retirado la venta de reservaciones en predios moronenses y solo se efectúa en la cabecera provincial. Cuando los afectados indagaron en las oficinas de campismo en la provincia, «la respuesta fue que no existía local ni gestor de venta», apuntan; lo cual consideran una explicación poco sólida, teniendo en cuenta la variedad de locales que se pudieran emplear para brindar este servicio y la demanda de empleo existentes.
Durante estos años —refieren los campistas—, la venta en Morón se efectuó en lugares provisionales, y en dependencias de la UJC municipal. ¿Será que no se pueden encontrar ahora alternativas similares?
Luego de una nueva inundación en su zona, que tantas veces se ha anegado, Venancio Soroza Royo (calle Santa Marta No. 318, entre Oquendo y Franco, Pueblo Nuevo, Centro Habana) y otros vecinos sufrieron el deterioro o la pérdida de muchos de sus muebles y equipos electrodomésticos.
Tras esta «marejada», en mayo de 2015, cuenta Venancio que les vendieron colchones a descuento a los damnificados, pero los demás artículos debieron irlos gestionando por su cuenta.
En el caso de él, el refrigerador salió dañado. Pagando de su bolsillo un transporte, acudió al taller de Lucena y San Rafael y se arregló una tupición que presentaba; y pareció que ahí acababa el problema. Pero pasó un tiempo y volvieron las angustias con el aparato.
Regresó Venancio al taller y le dijeron esta vez que se trataba del mueble del equipo. Pero aparte de que hay más de 200 personas esperando en la misma situación, el costo de esa reposición —le informaron— es de 1 140 pesos.
«Soy una persona que vivo solo de mi pensión, y damnificado. Cada vez que se repiten, año tras año, las inundaciones, tengo que desembolsar de mi chequera los arreglos de equipos electrodomésticos», se duele el habanero.
Hasta la fecha (la carta es del 9 de mayo), Venancio tiene su refrigerador inutilizado, todavía lo está pagando al banco y no sabe cuándo podrá volver a enfriar los alimentos.
¿Cuáles normativas o disposiciones existen para que las personas damnificadas como él, que no dispongan de altos ingresos económicos, accedan a la reparación de sus daños sin costo o con una considerable rebaja?
¿Qué pueden aclarar al respecto las autoridades de Centro Habana y de la capital?
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