Acuse de recibo
Cuando el ciudadano confía en las instituciones, y apegado al permiso o la anuencia y responsabilidad de estas emprende cualquier paso, es sumamente desconcertante y vergonzoso que las primeras falten a su palabra y a sus decisiones, y lo dejen en el limbo.
Eso le sucedió a un grupo de vecinos del reparto Pastorita, en la ciudad de Santiago de Cuba, según lo narrado por uno de ellos, Vidal Martínez Labrada, residente en el apartamento 1 del edificio 8 de ese barrio.
Cuenta él que a principios de 2015 iniciaron las gestiones establecidas para la construcción, por medios propios, de un garaje colectivo, por la no existencia de ninguno legal en ese reparto por más de 50 años.
Tras recibir la asignación del terreno y todas las autorizaciones necesarias por la Dirección Municipal de Planificación Física, el Consejo de la Administración y con la Licencia Constructiva correspondiente, comenzaron las labores constructivas a principios de junio, con una inversión de varios miles de pesos, resultado de su trabajo y aportes financieros.
Y a inicios del mes de julio, recalca, la Dirección Provincial de Planificación Física indicó detener las labores constructivas, por lo cual hicieron su reclamación en los plazos correspondientes. Transcurridos casi dos meses, agrega, se les envió una resolución oficial dictada por dicho organismo en la provincia, que informaba que la obra no podía continuar y debían demolerla.
En el plazo establecido, enviaron reclamación a la dirección nacional del Instituto de Planificación Física. Y hasta la fecha, ya fuera de término, no han recibido contestación alguna.
«¿Cómo es posible que los afectados, que actuamos con estricto apego a lo establecido por la ley, con toda la documentación en regla y con el apoyo de la mayoría de la comunidad, debamos sufrir las cuantiosas pérdidas materiales por una arbitrariedad de este organismo?, pregunta. ¿Acaso pueden las instituciones violar los plazos establecidos por la ley para dar respuesta a la población? ¿Se tienen en cuenta los gastos que implica hacer una obra como esta y custodiar por largo tiempo los materiales adquiridos cuando el financiamiento está a cargo de trabajadores y padres de familia que habitan en edificios?
«¿No se tiene conciencia de la necesidad de dichos parqueos en los repartos de edificios, cuando se dan el lujo de dilatar o entorpecer las soluciones financiadas por los pobladores? ¿Debemos encima de ello asumir los gastos de la demolición? ¡Insólito!», concluye Vidal.
Rafael Herrera de la O (Calle 21 Nro. 4412, entre 44 y 46, Playa, La Habana) refiere que a principios del presente curso escolar su hijo accedió a los estudios de técnico medio de Traducción e Interpretación en el Instituto Politécnico Pablo de la Torriente Brau, de 1ra. y 32, en el municipio capitalino de Playa.
Entonces, se planteó por la Dirección de la escuela que esa carrera se había creado de manera inesperada, y a partir de la limitación de profesionales en la materia que existía en el país. Y que era interés del Gobierno y el Ministerio de Educación suplir a corto plazo ese vacío profesional.
«De entonces a acá, manifiesta, los alumnos del Grupo de Lenguas Extranjeras de ese Instituto se han mantenido de manera intermitente recibiendo clases de Francés e Inglés. Y digo intermitente, porque los profesores en estas materias en sus inicios eran nulos, y en la actualidad solo se mantiene el de Francés. Y asignaturas vinculadas con estos idiomas tampoco cuentan con profesores ni medios audiovisuales complementarios».
Recientemente, apunta, la Dirección de la escuela les expresó a estos alumnos que, de sus padres no buscar los profesores que se necesitan, ellos podrían correr el riesgo de repetir el curso escolar, por cuanto no estaban en condiciones de pasar al segundo año.
Rafael concluye afirmando que estas arbitrariedades no se corresponden «con los principios éticos y morales a que nos tiene acostumbrados nuestro sistema social, que tantos recursos invierte en la formación de todos nuestros hijos».
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