Acuse de recibo
Si no fuera porque uno lleva como precepto periodístico aquello de que la realidad siempre supera a la ficción, cartas como la que envía Wiliam Sosa Tamayo parecerían una triste fantasía. Pero no; el relato pertenece a «la verdad verdadera», como diría una ingeniosa mujer.
Resulta que William, su mujer y su hijo, llevan dos años residiendo junto con dos ocupantes ilegales en su propia vivienda, en calle 14 No. 147, entre 11 y 9, reparto Siboney, Bayamo, Granma.
El remitente y su familia viven en esa dirección desde 1987, cuando se mudaron aún sin terminar las acciones constructivas. La edificación siguió casi detenida tras la llegada de la crisis económica de los 90, y todavía no se ha podido terminar del todo, motivo por el cual William no posee el título de propietario.
En mayo de 2010, un sujeto y su esposa penetraron clandestinamente en dos habitaciones del hogar que permanecían cerradas, y desde entonces los verdaderos dueños han recorrido la escala humana y divina de trámites para sacarlos y no lo han conseguido.
El 27 de diciembre de 2010, según narra William, el Instituto Nacional de la Vivienda (INV) dictó la Resolución 409/10 que dejaba «sin lugar» los recursos interpuestos por el sujeto violador. La Dirección Provincial de la Vivienda (DPV), acatando la sentencia del INV, emite la Resolución 883/2011, en la cual resuelve: «Declarar ocupantes ilegales» a la pareja de ciudadanos en el inmueble de marras, «el que deberán abandonar de inmediato, de lo contrario serán extraídos con el auxilio de la PNR». Además se les ratifica que contra esa resolución definitiva «no cabe recurso alguno».
Pero los ilegales campearon por su irrespeto, y no se marcharon.
Pasado algún tiempo y viendo que el asunto permanecía en la inercia, William se encaminó a la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) y se entrevistó en varias ocasiones con su anterior director; con la compañera que lo sustituyó en ese cargo, y con el Jefe del Departamento de Enfrentamiento.
«Me suministraron toda la información sobre el nuevo rumbo que tomaría el proceso y me explicaron que ese proceso dependía ahora de una comisión radicada en el Gobierno municipal, presidida por el funcionario que atiende Construcción y Comunicaciones».
Pero la bola seguía picando en terreno de nadie. El doliente coordinó varios encuentros con la citada comisión, en los que, a la par de decirle que sí, que los violadores serían extraídos, le explicaron que tenía que esperar, «porque tenemos casos pendientes desde el 2003» (¡!).
Ante la injustificada inacción, William se dirigió a otras autoridades del municipio y presentó incluso documentos médicos que diagnostican afectaciones de salud mental de su esposa e hijo, así como el certificado de peritaje médico de él mismo, por afecciones como cardiopatía isquémica, estrés sostenido y arritmia, entre otras.
Posteriormente le comunicaron al ultrajado que a su caso se le daría prioridad, pero los expedientes deberían ser aprobados por la PNR de Bayamo.
«Me impuse como próxima meta conversar con el Jefe de la Policía en el municipio; lo hice en tres ocasiones, nos reunimos en las instalaciones del Gobierno municipal, donde asistiría a una reunión en la cual estaría el directivo a cargo de Construcción y Comunicaciones en esa instancia. Al parecer ambos valoraron el caso, pues al salir, el oficial me dijo que viera al funcionario, quien tenía para mí una respuesta. Pasamos a su oficina y me explicó que había ocho expedientes aprobados; buscamos y el de mi caso no estaba entre ellos…», evoca el atribulado lector.
La lista de amargas gestiones continúa. El asunto, mondo y lirondo, es que aún William, su esposa y su hijo conviven en su propia casa con una pareja declarada terminantemente ilegal. Y no pasa nada.
¿A qué esperan las autoridades de Bayamo? ¿Quién le paga a esta familia los sufrimientos, las heridas que no se ven, pero quedan ahí para toda la vida?
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